San Juan, 29 abr (EFE) – Varias organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBT y la equidad en Puerto Rico denunciaron este miércoles la que consideran una nueva ola de violencia contra ese colectivo en la isla tras el asesinato de cinco personas transgénero en los últimos dos meses.
Pedro Julio Serrano, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), dijo en una conferencia de prensa virtual que la preocupación va más allá, pues indicó que durante los pasados 15 meses han sido asesinados diez miembros de la comunidad LGBT.
«Hace 10 años no veíamos una epidemia de violencia. Con cinco asesinatos, ya es una epidemia. El silencio del Gobierno dice mucho del trato a la comunidad. Nos están cazando y no están haciendo nada», dijo Serrano.
EXIGEN A LA POLICÍA QUE ATIENDA EL PROBLEMA
«Exigimos que la Policía y el Gobierno atiendan, de inmediato y con carácter de urgencia, esta crisis de violencia en contra de la gente LGBT», urgió Serrano.
Enfatizó que el deber de las autoridades es «informar del estatus de las investigaciones y conducirlas de acuerdo con los protocolos establecidos de crímenes de odio, de trato a la gente ‘trans’ y LGBTTIQ+ y conforme a la reforma de la Policía».
«Nos están matando y el Gobierno mira hacia el otro lado. Esta emergencia de violencia es tan importante como la emergencia que estamos viviendo todos», destacó.
De los diez asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGBT en la isla destacan los de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano y Penélope Díaz.
Fret fue asesinado el 10 de enero de 2019, cuando fue presuntamente emboscado por unos sicarios mientras conducía su motocicleta por Santurce, en el distrito de San Juan.
Alexa Negrón, por su parte, fue asesinado en un paraje solitario en Toa Baja, mientras que Díaz murió a manos de un compañero de cárcel quien la ahorcó en su celda en una prisión de Bayamón.
CRITICAN AL SISTEMA CARCELARIO
Sobre el asesinato de Díaz, Serrano criticó al sistema carcelario por haberlo ingresado en una prisión de hombres «violentando sus derechos de ser tratado por su identidad de género».
«Al no llevarla a una prisión correcta, condujo a que perdiera su vida. Además, se le negaron los tratamientos hormonales y fue asesinada por otro prisionero que la ahorcó», detalló Serrano sobre el asesinato de Díaz el pasado 13 de abril.
No obstante, de los diez asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGBT en los pasados quince meses, solamente el de Díaz ha sido resuelto por la Policía.
Serrano lamentó además que las autoridades tampoco hayan solucionado los asesinatos de Javier Morales y Carlos Robin Morales en el Monumento al Jíbaro en Cayey.
De acuerdo con Serrano, tras estos dos asesinatos, «la única estrategia» de las autoridades «fue cerrar el área de descanso a un área baldía en Salinas», donde las fuerzas de seguridad encontraron el cuerpo de Carlos Morales «desnudo y con aparentes signos de violencia».
En esa zona solitaria, según relató Serrano, las autoridades han informado que han tratado a cinco miembros de la comunidad homosexual que han sido atacados, pero sobrevivieron a los ataques.
«Pudo haber más muertos y la Policía no hizo nada para atrapar a estos criminales y asesinos. No queremos que el Gobierno se haga de la vista larga contra esta violencia», enfatizó.
INSEGURIDAD EN LAS CALLES
La activista transexual Ivana Fred también levantó su voz de protesta contra las autoridades, pues aseguró que no se siente «segura» al salir a la calle y enfrentarse a cualquier amenaza por su identidad de género.
«No me siento segura como mujer ‘trans’. Le exijo a la gobernadora que se exprese, que nos valide como personas trans y que la Policía haga su trabajo con el Departamento de Justicia», afirmó.
La activista enfatizó que está preocupada ante la inacción de las autoridades para esclarecer los asesinatos, específicamente el de Alexa, «que lleva meses, en el que simplemente se hacen unas reseñas públicas, sin conclusión, aparte de lo que ha dicho un policía».
Osvaldo Burgos, otro portavoz de CABE, informó que el pasado lunes le escribieron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, y al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, solicitando una reunión para discutir la situación.
«Esto no puede quedarse en la impunidad. Al no investigarse, se queda impune. Las autoridades nos tienen que convencer que estos delitos no son crímenes de odio, pues eso le corresponde al Estado. Estamos en un estado de alerta máxima mientras no se investiguen estos asesinatos. El Estado es cómplice de lo que está pasando», apuntó.
