Agentes de juegos adquieren poderes policiales para reforzar la fiscalización en la industria del azar en la Isla
San Juan, Puerto Rico – Con la entrada en vigor de una nueva ley que amplía las facultades de los agentes de juegos, la Comisión de Juegos de Puerto Rico ha fortalecido significativamente su capacidad de supervisión y control sobre la creciente industria de apuestas y juegos de azar en la Isla.
Esta legislación equipara los poderes de los agentes de juegos con los de los oficiales de policía, permitiéndoles realizar arrestos y manejar situaciones que anteriormente solo competían a la Policía.
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Santaella Marchán, destacó la importancia de este nuevo marco legal para garantizar un entorno de mayor confianza y seguridad tanto para los jugadores como para las empresas del sector.
«La creación por ley de un cuerpo especializado con facultades de orden público promueve un ambiente de mayor confianza para los jugadores, las empresas y la industria», expresó Santaella Marchán. Además, señaló que la medida ayudará a asegurar una fiscalización justa y el recaudo legal en beneficio del presupuesto público y de las aportaciones sociales que realiza la industria, incluyendo su contribución a la Universidad de Puerto Rico y al sistema de retiro de la Policía.
La ley, que modifica los Artículos 1.3 y 2.2 de la Ley 81-2019, redefine el rol del “agente de juegos” al otorgarle nuevas competencias para realizar arrestos y enfrentar situaciones de alto riesgo. Este cambio posiciona a los agentes de juegos a la par con otros cuerpos de seguridad especializados en Puerto Rico, como los vigilantes de Recursos Naturales y los inspectores del Departamento de Hacienda.
Para asegurar que los agentes estén preparados para sus nuevas responsabilidades, recibirán entrenamiento en la Academia de la Policía de Puerto Rico en Gurabo. Este adiestramiento incluirá manejo de situaciones de alto riesgo y competencias en orden público, garantizando la seguridad tanto de los agentes como de las instalaciones y usuarios de las actividades reguladas.
«La implementación de esta ley representa un avance significativo en la protección del interés público y privado dentro de la industria de juegos en Puerto Rico», subrayó Santaella Marchán. Añadió que la colaboración con otras agencias de seguridad pública asegura una aplicación uniforme de las leyes y reglamentos, fortaleciendo el compromiso del gobierno con el desarrollo responsable de esta industria clave para la economía de la Isla.
