Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan, Puerto Rico – Dos importantes informes que se acaban de someter ante organismos internacionales plantean que el caso de descolonización de Puerto Rico está maduro para ser evaluado por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los dos informes fueron sometidos esta semana a los organismos internacionales por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU por sus siglas en inglés) y por el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales (IPRI).
“Este es el momento propicio ya que Estados Unidos no ha sido transparente en los informes que somete cada 10 años como parte del Pacto Internacional de Descolonización. Se trata de la contradicción de Estados Unidos respecto al colonialismo que ejerce sobre Puerto Rico”, sostuvo el abogado Fermín Arraiza, de la ACLU.
Uno de los informes es el que sometió la ACLU y otras entidades como el Centro de Derechos Constitucionales y Blue Ocean Law ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su sede central en Ginebra. Ese informe se titula: “Hacia la descolonización y las reparaciones: Estados Unidos, la libre determinación y la incompatibilidad del colonialismo y los derechos humanos”. Se enfoca en los casos de Guam y Puerto Rico.
El segundo informe fue el que sometió el IPRI ante la subcomisión de la ONU en Derechos Humanos, Cívicos y Políticos, titulado “Informe sobre la Libre determinación”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sesionará en Ginebra del 9 de octubre al 3 de noviembre de este año. Diversos organismos sugieren que es el periodo ideal para presentar el caso colonial de Puerto Rico a nivel internacional, dada la afirmación de Estados Unidos de que el asunto se resolvió en 1952.
“Estados Unidos puede ser llevado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la ONU por mentir sobre el estatus colonial de Puerto Rico”, dijo Arraiza.
En su informe, la IPRI hace un análisis legal profundo sobre la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos y la cláusula Territorial bajo la doctrina de los Casos Insulares del Supremo federal. Este informe analiza el caso de Balzac, la Constitución del ELA, las posturas de los Estados Unidos ante la ONU y el Comité de Descolonización, y los problemas actuales bajo la ley PROMESA. Además, exige reparaciones.
Este informe fue firmado por Esteli Capote Maldonado, codirectora de IPPR y Rafael Rodríguez Rivera, director de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana.
Mientras que, en el informe de la ACLU, que contiene unas 105 páginas incluyendo los múltiples anejos, se exige que la ONU revise el incumplimiento de los Estados Unidos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Estados Unidos se considera un líder mundial comprometido con la libertad, la justicia y el estado de derecho. Sin embargo, en la cuarta década en la lucha contra el colonialismo, Estados Unidos continúa manteniendo posesiones coloniales inequívocas: los cinco territorios no incorporados de los EE. UU. de Guam, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte (CNMI), la Samoa Americana, los EE. UU. Las Islas Vírgenes y Puerto Rico”, indica el informe.
También señala que esos territorios no tienen ninguna representación significativa dentro del sistema político de los Estados Unidos y enfrentan problemas de contaminación y explotación derivados de la militarización y las prácticas económicas de Estados Unidos.
“Este colonialismo explícito y continuo viola los derechos civiles y políticos de los pueblos que viven en las islas de los territorios de Estados Unidos, es decir, la falta de garantía de la autodeterminación y la falta de remedios efectivos disponibles para los sujetos coloniales, y pone en duda tanto el compromiso del gobierno de Estados Unidos con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como también la voluntad del Estado de rendir cuentas adecuadamente de los daños de la colonización, la militarización y la extracción capitalista”, sostiene el informe de la ACLU.
Este informe se centra específicamente en las vivencias de las comunidades de Guam y Puerto Rico, actualmente bajo el yugo colonial estadounidense. El Comité de Derechos Humanos (CDH) tiene la oportunidad de reforzar la importancia del derecho a la autodeterminación en el ámbito internacional.
Además, le piden que le exija a los Estados Unidos a que cumpla con su deber de presentar informes a la Asamblea General de la ONU en virtud del Artículo 73(e) de la Carta, en relación con la administración de los territorios. Aunque Estados Unidos ha evitado esta responsabilidad por décadas basándose en los “casos insulares” que la ACLU analiza, no cumplir con esta “confianza sagrada” se debe interpretar como una característica definitoria del gobierno estadounidense y una clara violación del derecho internacional, según el informe.
