San Juan (11 de noviembre de 2021) – Próxima a culminar la segunda sesión ordinaria, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 457 que crea la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico con total autonomía administrativa e independencia legal, a los fines de adoptar las medidas que propendan manejar equitativamente la situación económica y fiscal de Puerto Rico, transparentar toda gestión pública, la información generada a través de los años y favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía en general.
‘’La razón de este proyecto es tratar de hacerlo sencillo, práctico y que las personas que estén ahí sepan lo que tienen que hacer. Si le quieren cambiar el título o si le quieren poner que sea un sustitutivo no representa un problema en nada. Aquí lo más importante es que se haga un buen ejercicio de auditoría de deuda, que no se audite desde la tribuna porque hay que hacerlo desde lo profesional por el bien del país’’, expuso en su turno el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa.
Del mismo modo, se dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 527, de la autoría del presidente cameral, Rafael ‘’Tatito’’ Hernández Montañez el Cuerpo Bajo, para auscultar la posibilidad de que Puerto Rico se adentre al mercado, realice transacciones y utilice monedas digitales mediante el sistema sistema en bloque (blockchain).
Los objetivos de la legislación son investigar las ventajas y desventajas del sistema de almacenamiento de cadena de bloques (blockchain) con miras a que el Gobierno de Puerto Rico adquiera uno como este. Asimismo, evaluar el impacto que esto tendría sobre la Isla y explorar la viabilidad de establecer un marco legal que permita la utilización de las criptomonedas como un método de pago legítimo.
‘’Puerto Rico no puede quedarse atrás. El futuro será de mercados, transacciones y monedas digitales. Es imperativo que estemos a la vanguardia en esta tecnología, como lo está haciendo la ciudad de Miami, Florida, en donde están desarrollando su propia criptomoneda, y en El Salvador, país que aprobó recientemente una ley que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal’’, expresó Hernández Montañez.
De acuerdo con la medida, las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. El control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente un sistema de bloques (blockchain), que sirve como una base de datos de transacciones financieras públicas. Asimismo, el estatuto explica que en Puerto Rico no hay bancos que regulen las transacciones ni instituciones que funcionen como intermediarios permitiendo que las criptomonedas puedan ser utilizadas a nivel mundial y en cualquier tipo de negocio o servicio que así lo acepte.
De otra parte, se avaló la Resolución de la Cámara 528, que ordena a la Comisión de Gobierno a realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer en Puerto Rico un centro de producción de microchips. Esto, tras el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de su intención de establecer plantas de manufactura de estos dispositivos en jurisdicción estadounidense.
‘’Por consiguiente, es menester evaluar la posibilidad de establecer una fábrica de producción de microchips, dado a los beneficios que la misma puede generar en Puerto Rico. También, realizar un esfuerzo conjunto entre el gobierno, el sector privado y las instituciones sin fines de lucro para viabilizar este proyecto’’, destacó el líder cameral.
Igualmente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 672, de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, que busca enmendar la Ley 55-2020, mejor conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el embargo del salario de todo empleado que gane el mínimo federal o menos.
‘’Vivimos en tiempos muy difíciles, especialmente para las personas que en sus trabajos devengan salarios muy bajos. Estas personas, con gran frecuencia por lo bajo de sus ingresos o por las dificultades que enfrentan en épocas de crisis, se ven en la obligación de atender sus necesidades recurriendo a préstamos y al uso de otros medios de crédito, que luego no pueden cumplir. En consecuencia, son objeto de demandas y lamentablemente, les embargan sus salarios’’, indicó Aponte Rosario.
También se apoyó el Proyecto de la Cámara 470, que enmienda la Ley 49-1987, a los fines de disponer que en el caso de empleados públicos debidamente certificados como deportistas, la licencia deportiva especial se extienda hasta 90 días laborables al año para ser utilizados durante el periodo de entrenamiento y de participación en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos o en campeonatos regionales o mundiales.
