Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Bancrédito Holding Corporation, la empresa matriz de Bancrédito Internacional Bank & Trust Corp., radicó una moción ante el Tribunal federal para pedir que se destituya y sancione al mayor bufete en Puerto Rico, McConnell Valdés, por cometer graves violaciones a la ética legal federal y a la protección de la relación abogado-cliente.
Esta es la nueva saga judicial de los negocios que tenía en la isla el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini, presidente de Bancrédito y quien es uno de los coacusados en el caso por corrupción contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
La nueva moción fue radicada el pasado 29 de mayo. Se relaciona a la forma en que los abogados de McConnell Valdés manejaron la información y los casos entre Bancrédito y sus empresas subsidiarias. Ese proceso culminó con una multa de $15 millones que impuso el regulador federal Red de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), contra Bancrédito en el 2023.
En la moción, Bancrédito explica que el bufete McConnell Valdés no sólo era abogado de Bancrédito, sino del síndico Driven. Alega en la moción que el bufete violó el código de comportamiento profesional de la Asociación Americana de Abogados y el Código de Conducta para Juicios Preliminares y Juicios Publicado por el Colegio Americano de Abogados Litigantes que rigen los procedimientos en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico. Estas son unas imputaciones sumamente serias.
Alegan que McConnell Valdés no se recusó de estar representando tanto al banco como a su subsidiaria y a otras corporaciones, por lo que tenía información privilegiada y confidencial de todas las partes, afectando a su cliente que era Bancrédito. Esas acciones de McConnell Valdés constituyen, según la moción, “un conflicto irreconciliable entre el deber de McConnell Valdés hacia sus dos clientes”.
Esto comienza cuando el año pasado trascendió que Bancrédito era objeto de la pesquisa por parte de FinCen por posibles actos de lavado de dinero. La investigación culminó en la multa de $15 millones que emitó la FinCen alegando que Bancrédito violó la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) por espacio de siete años de operación en Puerto Rico. Bancrédito operaba en la isla como una entidad bancaria internacional desde el año 2008.
Bancrédito alegó que Driven cometió negligencia profesional e incumplió con su deber fiduciario durante el proceso de liquidación y en las negociaciones con la FinCEN, regulador que identificó múltiples violaciones a las leyes de blanqueo de capitales por parte de la Entidad Bancaria Internacional (EBI).
La firma Driven Administrative Service, fue nombrada en 2022 por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como administrador y posteriormente, síndico del proceso de liquidación del banco.
De acuerdo con el recurso legal, Driven rehusó comunicarse con Bancrédito International y proveerle información crítica del banco y la que suministró fue incorrecta; le excluyó del proceso de negociaciones con la FinCEN y, supuestamente, realizó admisiones adversas contra el banco y sus accionistas.
Aun sabiendo todas esas interioridades, sorprendentemente, McConnell Valdés “no se ha recusado de este asunto a pesar de los significativos e inevitables conflictos que le impiden proporcionar una representación adecuada. Este tribunal debe remover a McConnell Valdés”, dice en la moción.
“Al representar simultáneamente a Driven y al demandado nominal Bancrédito International Bank & Trust Corporation (el «Banco»), McConnell Valdés está violando la Regla Modelo 1.7. La representación de Driven limita materialmente la representación de McConnell Valdés de su otro cliente, el Banco. La reclamación pendiente de BHC también involucra acusaciones graves de conducta indebida”, añade el documento legal.
Bancrédito fue fundado por Herrera Velutini, quien, según la acusación federal en su contra, conspiró junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced para doblegar a la OCIF y así poder liberarse de una pesquisa que tenía la entidad. El tercer coacusado en este caso es el exagente federal Mark Rossini. Se ha informado que ese otro juicio podría iniciar a fines de 2024 o comienzos de 2025.
