Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.Com
San Juan, 13 de julio de 2021 – Las jugosas exenciones contributivas que ofrecen las leyes 20 y 22, que han atraído a miles de millonarios estadounidenses y de otros países a suelo boricua, podrían figurar en una o dos nuevas medidas que estaría presentado el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, quien favorece establecer rigurosos mecanismos de fiscalización y requisitos adicionales que garanticen que las fortunas exentas de estos inversionistas beneficien la economía local y generen empleos.
Zaragoza reveló sus intenciones durante un receso de la vista pública del Proyecto del Senado 40, que es de la autoría de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón. La medida propone derogar la Ley 20 de 2012, o Ley de Servicios de Exportación, que ofrece incentivos contributivos a las empresas puertorriqueñas exporten servicios; y la Ley 22 de 2012, que ofrece exenciones contributivas de 100% en ingresos, intereses, dividendos y determinadas ganancias a los empresarios que se conviertan en residentes de Puerto Rico.
“El objetivo (de la vista pública) es evaluar si se justifican (las leyes) como están y si no, desarrollar otra herramienta para aprovechar ese interés que hay (entre inversionistas) en moverse hacia Puerto Rico. Si hay ese apetito, pues mira, radicaría otra medida en esta sesión”, sostuvo Zaragoza a preguntas de EyBoricua.com.
Las respuestas del senador surgen en el contexto de las lagunas de información que existen para verificar la supuesta efectividad de las leyes y de que el pasado 29 de enero el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS) anunció que incluyó la Ley 22 en las auditorías regulares que realiza esa agencia federal.
La auditoría del IRS ocurre luego de que el pasado 14 de octubre de 2020 un Gran Jurado Federal en Puerto Rico acusó a Gabriel Hernández, socio administrador de la firma de contabilidad BDO, con diez cargos de fraude electrónico por, alegadamente, idear un esquema para defraudar al IRS al presentar información falsa al gobierno de Puerto Rico para que su cliente, un agente encubierto del IRS, se acogiera a la Ley 20 con el fin de eximirse de pagar contribuciones federales.
“Esto de la Ley 22 allá afuera está al garete, pero al garete al punto de que ustedes saben que hay una firma de CPAs, cuyos socios fundadores están acusados en el tribunal federal”, sostuvo Zaragoza en la vista pública y frente a los funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) quienes respaldan las leyes y aseguran que los tenedores de los decretos contributivos por Ley 22 cumplen con las condiciones de la exención contributiva.
Si finalmente son aprobados el Proyecto 40 y otra medida similar radicada en la Cámara de Representantes, la derogación de las Leyes 20 y 22 podría convertirse en la fuente de otro choque entre la Legislatura y el Ejecutivo, que respalda ambas leyes porque alega que han sido efectivas.
De hecho, mientras se celebraba la vista en el salón Miguel Ángel García Méndez, en el lado este del Capitolio, un grupo de simpatizantes del PIP realizaron una manifestación a favor de la aprobación del Proyecto 40.
El senador Zaragoza, quien no descartó presentar enmiendas a las Leyes 20 y22 (“eso siempre está sobre la mesa”), y la senadora Santiago Negrón expresaron abiertamente su escepticismo frente a los datos estadísticos que los funcionarios del DDEC presentaron para respaldar las leyes.
Las cifras fueron extraídas de dos estudios que concluyeron que el saldo de las leyes es favorable al país. Los estudios fueron realizados por la empresa Estudios Técnicos, que preside el economista Joaquín Villamil, y por Econometrika Corp, del economista José Caraballo Cueto.
Los deponentes de parte del DDEC lo fueron los licenciados Carlos Fontán, director de la oficina de exención contributiva de la agencia, Carlos Ríos Pierluisi, director de la oficina de asesoramiento legal y José Sánchez Acosta.
“Hay tres tipos de mentiras: las mentiras blancas, las mentiras negras y las estadísticas”, dijo Zaragoza, quien planteó que la presentación de los datos en cifras porcentuales y sin hacer un desglose detallado, podría presentar un panorama falso de la realidad.
Específicamente, Zaragoza cuestionó la falta de transparencia de los datos del estudio efectuado por Estudios Técnicos en las inversiones de bienes raíces ascendentes a $1, 300 millones por los inversionistas acogidos a la ley 20.
“Estamos hablando de cuatro de hoteles y una marina?”, replicó Zaragoza sobre la falta de un desglose de las inversiones en propiedades por parte de las empresas tenedoras de decretos contributivos por la ley 20.
Incluso, el senador sostuvo que la falta del desglose crea la impresión de que los $1,300 millones han sido invertidos por la mayoría de las empresas tenedoras de decretos y que cabe la posibilidad de que solo un puñado de los inversionistas hayan efectuado la mayor parte del desembolso, lo que implica que la ley propicia la inversión en propiedades en una porción mínima de los empresarios beneficiados.
Zaragoza también argumentó, además, que si la inversión no se efectuaba en propiedades nuevas su impacto en la economía y en la generación de empleos era mínimo. “Si compran una propiedad usada eso es una transferencia (de dinero)”, señaló.
Otra fuente de controversia lo fue los más de 40,000 empleos que presuntamente han generado las leyes – 36,222 empleos por la Ley 20 y 4,400 empleos por la Ley 22, según el informe de Estudios Técnicos.
“De esos 36,000 la mitad son empleos directos y ese es un multiplicador está bastante alto para un servicio de consultoría. Que me perdone Estudios Técnicos, pero me parece que están halando las cosas por los pelos, está duro para un servicio de consultoría que es uno a uno y low capital”, sostuvo Zaragoza al dudar del monto de empleos que el estudio atribuye a las leyes.
La senadora Santiago Negrón cuestionó insistentemente que las estadísticas utilizadas por el DDEC indicarán que el dinero de dejado de recaudar por las exenciones contributivas en la Ley 20 asciende $111.3 millones anuales, mientras que empresas con decretos por esa ley solo pagaron $52 millones anuales en contribuciones, lo que revela un balance deficitario entre lo que ingresa el estado versus lo que deja de recaudar.
La senadora también planteó que el dinero dejado de recaudar por el gobierno no incluye el impacto fiscal de las leyes en los municipios, que redujo en un 60 % el costo de las patentes y en un 90 % las contribuciones inmuebles y muebles que impone el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. Santiago Negrón también cuestionó la baja tasa de empleos generados por cada decreto concedido.
Según los datos provistos por Carlos Fontán, existen 3,311 decretos aprobados por Ley 22, lo que motivó a la senadora a señalar que cada decreto habría generado más de 10 empleos, lo que es una cantidad muy exigua en relación con el beneficio contributivo que reciben los inversionistas.
Durante la vista Fontán insistió en numerosas ocasiones que “si me derogan las leyes, me creas un limbo jurídico porque, ¿cómo yo voy a proceder a revocar un decreto cuando la disposición legal a la cual hace referencia pertenece a una ley que fue derogada? Las leyes de incentivos históricamente no se derogan”, indicó. La insistencia de Fontán en repetir su advertencia fue tal que la senadora Santiago Negrón explicó que los senadores habían entendido su argumento “pero si eso le hace feliz, repítalo otra vez”.
Fontán también reveló que actualmente se realiza una auditoría entre los tenedores de decretos de las Leyes 20 y 22 y hasta el momento se han identificado 1,086 que están en incumplimiento porque no han provisto la información solicitada.
La senadora Santiago Negrón llamó la atención sobre la alta tasa de incumplimiento y señaló la necesidad de que la auditoría se extienda a otros decretos. Pero Zaragoza intervino para advertir que el DDDEC tiene un amplio historial de ser flexible y favorecer a los tenedores de decretos. El senador acusó al DDECC de ser “cómplice de todos esos acuerdos de dudosa legalidad que durante décadas se firmaron decretos de inversión que reducían el tolltage tax. Debo confesar que yo firmé algunos de esos decretos”.
El senador también lamentó que en los decretos para las Leyes 20 y 22 no se le exigiera a los tenedores de decretos que realizaran depósitos de varios millones en el Banco de Desarrollo Económico, lo que habría permitido ofrecer financiamiento para estimular la economía local.
En la vista participaron los ex secretarios del Fomento (ahora conocido como el DDECC) Antonio Colorado y Federico Stubbe, quienes integran el Grupo de Exfuncionarios de Fomento. La organización se expresó en contra de la derogación de las leyes y recomendaron a la Legislatura actuar con prudencia para no afectar el desarrollo económico con los cambios de legislación y evitar difundir la idea de que el gobierno de la isla viola los contratos que firma
