Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (22 de febrero de 2022) – A pesar de que el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) carece de un reglamento para garantizar que los desembolsos cumplan con las disposiciones del Código de Rentas Internas que rigen el fondo y para ordenar los trámites de las asignaciones que realizan los legisladores, la Autoridad de Tierras (AT) estuvo aprobando asignaciones con unas “guías en revisión”, hasta que se percataron de un “patrón” de asignaciones a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”.
La reveladora admisión surge de una carta enviada por la ex directora de la Autoridad de Tierras, licenciada Doralis Rivera Martínez, a los senadores y representantes, quienes se han quejado por los atrasos en el desembolso de sus asignaciones del FMM.
La carta a los legisladores tiene la fecha del 17 de febrero, que fue precisamente el día en que la funcionaria fue informada de su destitución, en una escueta misiva enviada por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. La destitución fue aprobada por la Junta de Directores de la AT, el 10 de febrero.
Según la carta de Rivera Martínez, hasta el 28 de enero, cuando los funcionarios del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la AT, que manejan los fondos del FMM, detectaron un “patrón preocupante” de fondos dirigidos hacia unas corporaciones sin fines de lucro, los trámites de las asignaciones de los legisladores se autorizaron “con unas guías internas que estaban en proceso de revisión”.
Ese día se le comunicó la situación a González Beiró, quien ordenó la paralización los desembolsos a las entidades sin fines de lucro, lo que causó una mayor molestia a los legisladores, hasta el extremo que varios días después, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, exigió a la AT un informe detallado sobre el FMM.
La AT maneja los fondos del FMM tras la aprobación de la ley 173 del 2020. Esta ley enmendó la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas, que establece el FMM, para ordenar que los fondos acumulados en serían depositados en el PIR de la AT. Este programa, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT.
La ley 173 también estableció que el 50 % de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50 % restante será distribuido entre los 40 distritos representativos.
Asignaciones podrían exceder el 15 %
Rivera Martínez sostuvo en la carta que las asignaciones autorizadas con esas “guías en proceso de revisión” pudieron sobrepasar el límite de recursos del FMM que se pueden destinar a servicios directos a la ciudadanía. La sección 4050.09 dispone que los fondos del FMM se deben invertir en obras y mejoras permanentes en escuelas, en instalaciones deportivas, residenciales públicos y en viviendas de familias de escasos recursos.
También indica que el 15% de los recursos del FMM se podrá utilizar en servicios directos a la ciudadanía y en los llamados “servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.
Es precisamente esa disposición la que ha sido interpretada por los legisladores como un aval para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, los cuales son distribuidos por las corporaciones sin fines de lucro, quienes figuran como intermediarios entre los legisladores y la comunidad.
En la carta Rivera Martínez explicó que González Beiró ordenó una auditoría externa del PIR y de la división de finanzas de la AT y también exigió que se entregaran todos los expedientes, “por lo cual la AT ya no tiene la custodia de dichos expedientes”.
Agregó que el 3 de febrero un noticiario “sin corroborar la información”, insinuó que ella había cometido actos de corrupción y malos manejos con el FMM, por lo que decidió referir el asunto a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor.
“Con la intervención de ambas entidades garantizamos, transparencia en el manejo de fondos públicos y la oportunidad de corregir cualquier señalamiento sobre los procesos que se siguen ante el PIR”, indicó la ex directora ejecutiva de la AT en la carta a los legisladores.
EyBoricua.com había recibido información sobre que los referidos realizados por Rivera Martínez también respondieron a la decisión de González Beiró de tomar control de los expedientes del FMM.
Este medio también recibió confidencias de fuentes confiables sobre que los legisladores de ambos partidos asignaron una cantidad “preocupante” de dineros del FMM a las corporaciones sin fines de lucro Pisadas de Amor Inc., la Fundación Deportiva del Oeste Inc., y la Fundación Azriel Corporation, que es presidida por el excantante de reggetón, Héctor Delgado, mejor conocido como “Héctor The Father”.
La misiva narra que el 31 de enero, González Beiró se presentó en las instalaciones de la AT con el fin de discutir la situación del FMM. En esa parte de la carta Rivera Martínez reconoció que no existía un reglamento para manejar los fondos del FMM y que los desembolsos a las entidades sin fines de lucro se realizan cumpliendo con las “guías internas que estaban en proceso de revisión”, las cuales surgen de los procedimientos dejados por la administración del ex secretario, Carlos Flores Ortega.
Opina la Contralora
La Contralora Yesmín Valdivieso indicó que si la AT tiene un procedimiento diseñado, los fondos se pueden desembolsar. “A menos que la ley prohíba el desembolso hasta que el reglamento esté aprobado, si se diseñan procedimientos para el desembolso de los mismos, se pueden desembolsar”, indicó la funcionaria.
Pero advirtió que era necesario redactar el reglamento. “Por experiencia propia, tanto en el Departamento de Hacienda y aquí, el proceso de reglamentación toma tiempo. Desde la toma de decisiones de cómo creemos debe funcionar algo, la redacción, la discusión, la publicación de reglamento propuesto para comentarios, la revisión y discusión de comentarios recibidos, si alguno, los 30 días para que el Departamento de Estado los haga efectivos, toma en la mayoría de los casos muchísimo tiempo y los procesos no pueden esperar”, sostuvo Valdivieso.
Pero Flores Ortega dijo que la ley 173 fue aprobada en diciembre del 2020, por lo que no hubo tiempo para redactar un reglamento. Agregó que las guías dejadas en la AT eran utilizadas para un desaparecido programa de infraestructura, que data desde 1970. El ex secretario agregó que esas guías no contienen disposiciones para cumplir con la limitación de gasto que establece la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas.
“La pregunta es porqué ha tardado tanto en la redacción del reglamento si ya el secretario lleva más de un año en el Departamento de Agricultura. Todavía no lo han redactado y no pueden usar el reglamento anterior”, sostuvo Flores Ortega.
El ex secretario dijo que Rivera Martínez preparó un reglamento el cual fue rechazado por el secretario de Agricultura.
Reacciona el secretario
Sobre esta última afirmación de Flores Ortega, el secretario respondió con un sonoro “!Eso es falso!”.
González Beiró explicó que el reglamento se está redactando actualmente y responsabilizó a Rivera Martínez por la ausencia de un nuevo reglamento.
El secretario sostuvo que solicitó la destitución de Rivera Martínez porque perdió la confianza en la funcionaria que él había designado en la dirección de la AT desde el inicio de su gestión en enero del 2021.
“Tenía unas fallas administrativas fuertes. Vinimos a hacer un trabajo para cambiar el rumbo de la agricultura y yo no puedo trabajar con una persona en la AT que no le tenga confianza”, dijo González Beiró.
El secretario indicó que el 2 de febrero le ordenó a la funcionaria que enviara una carta a las corporaciones sin fines de lucro para solicitarle un desglose de los gastos de los fondos que recibían del FMM “para saber en qué se están gastando el dinero porque es este momento no lo sabemos. Ella no hizo la carta. En este momento nosotros estamos haciendo esa carta para enviarla”.
De hecho, González Beiró sostuvo que en este momento se desconoce si los desembolsos autorizados por la AT de los fondos del FMM han excedido el 15 % que ordena la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas. Incluso, el secretario dijo que desconoce las cantidades de dinero consumidas por cada legislador, lo cual se conocerá al concluir una auditoría externa al PIR y la división de finanzas de la AT, sobre el manejo de los fondos del FMM.
“Tenemos que esperar a que se termine la auditoría que ordene para saber si los fondos se han usado mal”, dijo el secretario.
Agregó que Rivera Martínez fue la responsable de firmar los contratos de transferencia de fondos con las corporaciones sin fines de lucro, pero indicó que de los expedientes de las entidades participantes no se puede determinar los fondos recibidos hasta el presente, porque la documentación está incompleta. Además, de la información sobre las obras y mejoras a realizar de parte de los legisladores como de las propuestas sometidas por las corporaciones sin fines de lucro no es precisa, indicó González Beiró.
“Hay que conciliar los expedientes de los legisladores con los expedientes de la división de finanzas para saber cuál es el balance (de fondos usados y no utilizados) de cada legislador y ese trabajo no se ha hecho”, dijo González Beiró.
Sobre si el reglamento que se redacta actualmente contendrá disposiciones específicas para regular el gasto de los fondos, González Beiró dijo que el reglamento se limitará a establecer procesos sobre cómo manejar y certificar las asignaciones y las corporaciones sin fines de lucro.
“El reglamento no puede ser más restrictivo que la ley. Pero hay que ser comedido en el gasto”, concluyó González Beiró.
