Por Esther Alaejos
Agencia EFE
San Juan, Puerto Rico (EFE) – El puertorriqueño Jerome Zayas se ha mudado dos veces en el último lustro, con su hijo Ayan de 12 años, a causa de la gentrificación y el auge de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, que obligan a sus habitantes a desplazarse de barrio e, incluso, a abandonar la isla.
Su calvario no ha terminado. Zayas relata a EFE que ahora nuevamente se han visto obligados a mudarse de un edificio de 1930 ubicado en Puerta de Tierra, en San Juan, que les «encanta» pero que ya está «prácticamente vacío» y enfrenta «mucha especulación».
A sus 33 años, atraviesa su tercera mudanza de comunidades de San Juan en las que tradicionalmente vivían familias humildes: La Perla y Puerta de Tierra, ambas aledañas al turístico Viejo San Juan.
El joven denuncia que esta lacra también está eliminando servicios esenciales de las comunidades como escuelas, centros de cuidado, supermercados y espacios comunes.
Al igual que Zayas, Elliot Tray, de 32 años, se ha visto forzado a buscar una nueva casa dos veces en los últimos tiempos.
La primera vez le cortaron los suministros de agua y luz y le dieron 24 horas para abandonar su domicilio en el barrio de Santurce y, ahora, está atravesando por su segundo desplazamiento, esta vez de la zona metropolitana de Río Piedras.
Una legislación controvertida
«No hay leyes que protejan a los inquilinos, la ley es pro propiedad», se queja el neoyorquino, que desde hace tres años vive en Puerto Rico, la isla natal de su familia.
En Río Piedras, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció hace unos meses que beneficiarios, en su mayoría estadounidenses, de la Ley 22 están acaparando propiedades en el casco urbano de este barrio, donde viven numerosos estudiantes, trabajadores e inmigrantes.
La Ley 22, conocida como la Ley de Incentivos Contributivos Individuales, ofrece la exención fiscal total para dividendos, intereses y ganancias de capital a los inversores que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año.
Residentes de uno de los edificios de Río Piedras adquiridos por un beneficiario de esta ley levantaron la voz después de que el nuevo dueño del inmueble impusiera un aumento de renta ascendente a $1,000 dólares.
Entre 2014 y 2020, los precios de la vivienda en Puerto Rico aumentaron un 23% y la media del alquiler subió un 7%, mientras que el porcentaje de alquileres a corto plazo se incrementó un 10%, según el último informe del Centro para la Nueva Economía (CNE).
Movilización ciudadana
Ante la inacción de las autoridades para regular el acceso a la vivienda, organizaciones como Colectivo Feminista, Ayuda Legal y líderes comunitarios intentan hacer frente a esta problemática creando consciencia.
«El desplazamiento es la realidad de la gente que vive en Puerto Rico, donde entre un 12 y un 17% de la población se ha ido en los últimos 10 años y, muchas veces, esa decisión de irse no tiene nada que ver con voluntad ni con ánimo, tiene más que ver con la imposibilidad de vivir en la isla», lamenta a EFE la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Adriana Godó.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) informó en marzo pasado que, en un periodo de dos años -2020 a 2022-, la isla sufrió una reducción del 2% en su población, estimándose en 64,000 habitantes.
«Hay que tratar de crear consciencia, iniciativas locales y resistir», recalcan Manny Vázquez y Lourdes Díaz, ambos creadores de proyectos comunales para unir a los residentes que no se quieren marchar de la isla caribeña que los vio nacer.
«Aquí vive gente»
Jesús Cruz Negrón es el vicepresidente del Grupo Brigada Puerta de Tierra, una agrupación de arte de base comunitaria que en 2015 comenzó a movilizarse en Puerta de Tierra bajo el lema «Aquí vive gente».
«El proceso de transformación ha sido bien rápido, nadie se esperaba que en menos de dos años el barrio haya cambiado de un barrio de residentes que nacieron aquí, a un barrio de turismo», clama a EFE el líder comunitario desde uno de los residenciales tradicionalmente de renta baja que están sufriendo el alza desmesurada de los alquileres.
La consigna «Aquí vive gente» fue utilizada por el artista puertorriqueño Bad Bunny, que se hizo eco de esta problemática en su documental sobre su tema «El Apagón», publicado en 2022.
Negrón agradece estos respaldos pero solicita más compromiso a largo plazo con la comunidad: «Lamentablemente ellos llegaron, hicieron su vídeo y no han vuelto».
Con el fin de no caer en el olvido, el activista está organizando el proyecto «Intramurales», que mediante la fusión de arte urbano y deporte pretende reivindicar el acceso a una vivienda digna.
