Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (1 de febrero de 2022) – El costo de la energía eléctrica en Puerto Rico podría experimentar un alza de hasta 35 centavos por cada kilovatio hora como resultado del acuerdo de reestructuración (RSA) de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la privatización de las plantas generatrices y del presunto déficit que enfrenta la empresa LUMA, denunció Ángel Figuero Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier)
Figueroa Jaramillo sostuvo que tales aumentos serán un obstáculo para el acceso del país a la energía eléctrica, lo que causará un descenso en los niveles de pobreza hasta obligar a los sectores más necesitados a rozar la miseria.
El líder sindical exigió a la Legislatura que no apruebe la ley habilitadora que daría paso al RSA de la AEE, que es avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), porque aumentará el costo de la luz y, alegadamente, legalizaría deuda inválida.
Sostuvo que el RSA trataría a los inversionistas de la AEE como tenedores de deuda asegurada, cuando en realidad es deuda no asegurada y cuya validez ha sido cuestionada.
El presidente de la UTIER hizo expresiones ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que investiga alternativas para pagar la deuda de la AEE sin aumentar la tarifa del servicio de energía eléctrica.
“Ya ustedes han escuchado testimonios sobre las dudas en cuanto a la validez de los bonos documentados por la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público. Esta Legislatura no debe aprobar legislación que permita el pago a bonos cuya validez es seriamente cuestionada”, sostuvo Figueroa Jaramillo.
Indicó que compete a los tribunales determinar la validez de los bonos y en particular al Tribunal Federal. “El problema es que la Junta no ha litigado la validez de dichos créditos, y, por ende, no se ha tomado una decisión al respecto. La deuda de la AEE no debe pagarse, en todo ni en parte, sin una auditoría previa y una determinación judicial sobre la validez de dichos bonos”, insistió Figueroa Jaramillo.
Sostuvo que el documento matriz que da base a las emisiones de bonos en la AEE, (Trust Agreement), establece que los inversionistas que adquieren bonos de la corporación pública no son acreedores asegurados y que solo cobran en caso de que se paguen todas las obligaciones operacionales y las aportaciones al Sistema de Retiro.
“Solamente, luego de cubrir estos gastos operacionales y del Sistema de Retiro, es que el dinero sobrante puede dedicarse al pago de los bonistas. La situación precaria de la AEE muestra claramente que los bonistas no tienen garantía de pago, porque los ingresos no son suficientes para solventar las operaciones y las aportaciones al Sistema de Retiro”, dijo el líder de la Utier.
Destacó que la RSA propone un cargo de 4.6 centavos por kilovatio hora, con el que se pretende garantizar el pago de la deuda, mediante la aprobación de legislación que permita asignar el aumento en la tarifa como garantía para los bonos nuevos que recibirán los inversionistas, en sustitución de los bonos involucrados en la quiebra.
El RSA contempla un recorte de 30% a la deuda de la AEE, que asciende a $9,000 millones, y establece que el cargo de 4.6 centavos estaría vigente hasta 2044.
No obstante, Figueroa Jaramillo cuestionó que a pesar del recorte de 30 %, el pago de la deuda de la AEE ascendería a $828 millones anuales, el cual es más alto que el pago que realizaba la corporación publicada antes de la quiebra, y que se limitaba a $600 millones anuales.
Figueroa Jaramillo señaló que el pago de la deuda se estima según el consumo de la energía eléctrica, lo cual implica que, si aumenta el consumo, el pago a los acreedores también aumentaría.
El presidente de la UTIER dijo a los pocos legisladores presentes en la vista pública que además del alza de 4.6 centavos que impone el RSA, se debe considerar el efecto que tendrá en la tarifa el presunto déficit entre ingresos y gastos que enfrenta la empresa LUMA y la posibilidad de que la privatización de las plantas generatrices de la AEE repercuta con un aumento adicional en la tarifa.
“Hoy estamos en 28 centavos el kilovatio hora y con 4.6 centavos, va a subir a 32 centavos y ya llegaremos a un costo de la energía igual al de Hawai. Y si sumamos la privatización de las plantas generatrices y si sumamos el déficit operacional que está proyectando LUMA, la tarifa podría subir entre 34 y 35 centavos el kilovatio hora en dos años. Puerto Rico no va a tener acceso a la energía. Los niveles de pobreza van a llegar a niveles de miseria. Por eso está Legislatura tiene una responsabilidad histórica en este proceso”, señaló el líder sindical.
En la vista pública el licenciado Rolando Emmanuelli, quien ha representado a la UTIER en varios casos contra la ley federal PROMESA, dijo que la Legislatura no debe aprobar la ley habilitadora para evitar un alza en el costo de la luz. El abogado advirtió ante un rechazo de la Legislatura a respaldar la ley habilitadora, la JSF podría recurrir al Título III de la ley PROMESA, que le permitiría evadir la oposición e imponer el RSA con un el aumento de 4.6 centavos, para satisfacer los acuerdos con los inversionistas.
Emmanuelli indicó que la Legislatura podría condicionar el RSA, estableciendo como requisito para avalar el intercambio de bonos, la realización de un estudio que determine la capacidad de repago de la AEE sin aumentar la tarifa. El abogado dijo que el monto del pago para satisfacer la deuda lo determinaría el estudio. Indicó que ese tipo de condición es aceptable en la ley PROMESA.
