SAN JUAN, Puerto Rico – La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, desmintió hoy las acusaciones de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre la supuesta autorización de un pago de liquidación de vacaciones de $25,225.70 al alcalde Luis Irizarry Pabón.
Las declaraciones de Sifre Rodríguez surgen tras un comunicado del PFEI que señalaba una posible irregularidad en el manejo de fondos públicos por parte de la alcaldesa interina y otros funcionarios autorizados.
«Esta alegación es totalmente falsa. Dicho pago no se ha emitido, ni se emitirá. Los pagos de esta naturaleza solo se tramitan cuando un empleado se desvincula del Municipio. Además, el alcalde Irizarry Pabón no ha solicitado el pago», afirmó Sifre Rodríguez en una declaración escrita. La situación se complica aún más por un error de Recursos Humanos que resultó en que el alcalde no recibiera su quincena hoy, a pesar de no estar suspendido de sueldo.
Tras la suspensión del alcalde el 1 de noviembre, la PFEI solicitó detalles sobre su sueldo, beneficios marginales y balances de vacaciones y enfermedad. «Respondimos a esta solicitud con la certificación correspondiente emitida el mismo día», explicó la alcaldesa interina. Además, el 10 de noviembre, se emitió una segunda certificación a petición de los abogados de Irizarry Pabón, confirmando que no se ha efectuado ninguna liquidación debido a su suspensión de empleo.
«Con toda la confusión causada por la comunicación del PFEI, hemos emitido una certificación adicional para aclarar la situación. Quiero reiterar que no existe ninguna solicitud de liquidación de esa licencia en favor del alcalde Luis M. Irizarry Pabón, ni he autorizado ninguna acción relacionada», añadió Sifre Rodríguez.
Paralelamente, el Tribunal de Apelaciones ha confirmado la suspensión de Luis Irizarry Pabón como alcalde de Ponce. Los abogados de Irizarry Pabón, José A. Andreu Fuentes y Carlos Tones Nolasco, habían anunciado previamente que apelarían la decisión del PFEI tras encontrar causa para arresto contra su cliente por violaciones de la Ley de Ética Gubernamental y del Código Penal.
Este caso sigue desarrollándose y ha generado un intenso debate sobre la gestión y ética en la administración pública de Ponce.
