Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (23 de junio de 2021) – A pesar de existe una gran insatisfacción con la Oficina del Comisionado de Seguros entre un grupo de alcaldes cuyos municipios aún no han logrado un acuerdo favorable para cobrar sus reclamaciones por daños tras el paso del huracán María en el 2017, la situación no debería causar obstáculos en la confirmación del Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu.
El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, quien pertenece al Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que existen alcaldes objetando la confirmación de Mier Romeu debido a la dilatada atención que le ha prestado la OCS a las querellas radicadas por sus municipios debido a la renuencia de las aseguradoras de entablar acuerdos que permita el pago de las reclamaciones.
Entre los municipios que podrían objetar el desempeño de la OCS figuran Juana Díaz, Barceloneta, Quebradillas y Santa Isabel.
Según el alcalde, el descontento con la OCS se extiende desde el pasado cuatrienio hasta el presente debido, alegadamente, a la poca diligencia de la agencia reguladora en investigar las querellas. El descontento se extiende desde el periodo de los ex comisonados Javier Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui hasta el periodo que comprende los casi seis meses que lleva en el cargo Mier Romeu.
“Hay compañeros alcaldes oponiéndose a esa confirmación (de Mier Romeu) debido a las querellas que se han radicado y a que hay asuntos pendientes que no se han resuelto”, dijo Gonsález Souchet.
El alcalde favoreció que los jefes de agencias que no cumplan sus responsabilidades deben ser removidos de sus posiciones. No obstante, indicó que A Mier Romeu “hay que darle la oportunidad para que se ponga al día”.
“Mi posición es que todo aquel que le haga un flaco servicio al pueblo debe ser reevaluado en múltiples ocasiones y debe ser considerado una persona “non grata” si se prueba que le hizo un flaco servicio al pueblo y que ha fallado tantas y tantas veces”, dijo el alcalde.
A la pregunta sobre si Mier Romeu sería confirmado por el Senado, Gonsález Souchet sostuvo que “yo entiendo que sí, que será confirmado porque se le dará la oportunidad para corregir unas cosas y expresarse. Debe ponerse al día y atender estos asuntos y hay algunas cosas en las que no debe inmiscuirse, porque ahora va a tener mayores facultades y por eso debe tener mayor control en esa área”.
Gonsález Souchet no explicó el significado de la parte final de sus expresiones en la que le advirtió a Mier Romeu que “hay algunas cosas en las que no debe inmiscuirse porque ahora va a tener mayores facultades”.
De acuerdo a una fuente, uno de los alcaldes que objetaron la confirmación de Mier Romeu es el alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos.
Según la fuente, el municipio de Santa Isabel es el único municipio que no tiene un corredor de seguros que tramite sus reclamaciones. El alcalde Rafael Burgos, quien también pertenece al PPD, no respondió a las llamadas de EyBoricua.com.
El ex alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, quien actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PPD, dijo que las quejas contra la OCS se originaron en el 2018, tras el paso del huracán María.
“Hay alcaldes que están en los tribunales contra la aseguradora porque no le pagan sus reclamaciones y van a la OCS a buscar auxilio, con prudencia, pero hemos visto que esa oficina no es proactiva en este tema, por eso hay descontento contra la OCS”, dijo Torres Yordán.
Agregó que las quejas de los alcaldes contra Mier Romeu han sido comunicadas al presidente del Senado, José Luis Dalmau, por medio de los senadores de distrito. Según la fuente, Mier Romeu se ha reunido con diversos senadores para escuchar las quejas originadas por los alcaldes.
Ayer, EyBoricua.com intentó sin éxito obtener una entrevista con Mier Romeu sobre este tema. Gladys Arce, portavoz de prensa de la OCS, envió las siguientes declaraciones: “El lcdo. Mier no estará disponible estas semanas para entrevista. Que con mucho gusto luego se coordina. El tratará los temas cuidadosamente y con la responsabilidad que amerita el cargo. Gracias por entender”.
Antes de la designación de Mier Romeu el pasado mes de diciembre, un grupo de empleados de la OCS denunció que los ex Comisionados Rivera Ríos y Cestero Lopategui, ordenaron retirar las multas emitidas contra aseguradores y ajustadores públicos relacionadas con violaciones en el manejo de reclamaciones producidas por el huracán María.
La denuncia, recibida en este medio, también reveló que los ex Comisionados ordenaron paralizar las investigaciones originadas por querellas presentadas por asegurados, incluyendo la investigación contra la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster.
“Algunas de las multas fueron retiradas por instrucciones de Rivera Ríos y Cestero, sin que mediara explicación alguna. En cuanto a las investigaciones, tanto Rivera Ríos como Cestero dieron órdenes de paralizar investigaciones. Un ejemplo de ello, es la investigación que se llevó a cabo contra el ajustador público Scott Favre y su firma”, relataba la denuncia enviada por un grupo de empleados de la OCS, quienes alegaron que Rivera Ríos y Cestero Lopategui tomaron decisiones que violan el Código de Seguros y las disposiciones de varias Cartas Normativas emitidas por esa oficina.
La firma Scott M. Favre Public Adjuster, que obtuvo una licencia de emergencia para operar en la isla tras el huracán María, fue contratada por cerca de 40 agencias del gobierno, algunos municipios y empresas privadas. Algunas aseguradoras presentaron más de cuatro querellas en la OCS contra el ajustador público por el aumento desproporcionado de reclamaciones, lo que provocó que la agencia le impusiera varias multas por más de $30,000.
La aseguradora Integrand, actualmente en proceso de liquidación tras una intervención de la OCS, le llegó a solicitar a Rivera Ríos que se inhibiera de contratar a Scott M. Favre Public Adjuster en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, donde el funcionario fungía como presidente de la Junta de Directores, debido al conflicto de intereses que representaba la investigación que, alegadamente, realizaba su oficina contra el ajustador público.
El licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de Integrand, indicó que Rivera Ríos no acató el pedido de Integrand. El abogado había denunciado que la empresa de ajustadores públicos llegó a la isla en acuerdo con el licenciando Andrés Guillermad, cuñado del gobernador electo, Pedro Pierluisi.
Según Vázquez González, los contratos que el ajustador público obtuvo en el gobierno fue por la intervención de Guillemard, quien, alegadamente, cobraba una comisión por tales contrataciones, las cuales fueron realizadas durante los primeros dos años de la administración de Ricardo Rosselló. Guillemard negó las acusaciones de Vázquez González.
