Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (17 de junio de 2021) – La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) se apresta a redoblar sus esfuerzos para informar y educar a la Legislatura sobre las ejecutorias reales de la industria de seguros y los beneficios que ofrece al país, con el fin de impedir la presentación de proyectos de ley que podrían aumentar la reglamentación y las tasas contributivas contra esta industria, lo que podría encarecer la oferta de seguros a los consumidores.
La iniciativa se dio conocer ayer en el contexto de la presentación del informe “Radiografía de la Industria de Seguros de Puerto Rico”, realizado por el economista Gustavo Vélez, que reveló la fortaleza y crecimiento de la industria de seguros durante los pasados once años, en momentos cuando el país ha enfrenado una fuerte contracción económica junto con los efectos del huracán María en el 2017 y los eventos sísmicos del 2020.
Mientras tanto, la tasa contributiva que pagan las aseguradoras, según concluyó el estudio, ha continuado en ascenso hasta el extremo que actualmente la tasa efectiva asciende a 40 %. Vélez sostuvo que la responsabilidad contributiva promedio para las aseguradoras subió de $3.3 millones en 2019 a $5 millones en el 2020.
La última imposición contributiva es un impuesto de 3 % a las primas de los seguros que ofrecen protección contra incendios, el cual se impuso para pagar un aumento salarial a los bomberos y que fue ordenado por la Ley 181 de 2019.
La presidenta de la junta de directores de Acodese, Agnes Suárez, quien también es la presidenta de American International Insurance Company, sostuvo que los hallazgos del informe serán compartidos con la Legislatura con el objetivo de educar sobre cómo opera la industria de seguros y evitar la radicación de medidas que puedan causar distorsiones al sector y afectar a los consumidores.
De hecho, Vélez exhortó a los directivos de Acodese a realizar un “caucus legislativo para educar a los legisladores”. En reacción al planteamiento de Suárez, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, sostuvo que la organización efectúa “un seguimiento continuo a las medidas legislativas (relacionadas con la industria de seguros) pero la heterogeneidad de los cuerpos hace más retante el trabajo”.
Antonio Pérez, presidente de Optima Insurance, quien participó en panel tras la presentación del estudio, advirtió sobre la urgente necesidad de “educar a las figuras políticas” tanto de la Legislatura como del Ejecutivo, para contener la oleada de proyectos de ley que pretenden imponer nuevas reglamentaciones o tasas impositivas a la industria de seguros.
El estudio, que fue presentado ayer en San Juan, contó con una encuesta que fue realizada entre los miembros de la industria de seguros y entre sus conclusiones figura que el 46.7 % de los encuestados señaló que la Oficina del Comisionado de Seguros no es efectiva en su gestión, que además de reglamentar el sector debe atender controversias técnicas, aprobar productos, tarifas y fiscalizar las querellas que presentan los diversos sectores que integran la industria.
Según el estudio, entre 2013 y 2019 el total de primas suscritas registró un aumento de 35 %, de $10,540 millones a $14,231 millones, lo que significa “un crecimiento superior al producto nacional bruto durante ese mismo periodo”, explicó Vélez.
El economista indicó que entre 2010 y 2020 la economía sufrió una contracción de más de 12 %, lo que no ha impedido que que industria de seguros genere 64,000 empleos directos e indirectos, de los cuales 16,472 son empleos directos para 2020. Además, el salario promedio asciende a $51,513 anuales, lo que coloca a la industria de seguros como uno de los que mejor paga en el sector privado.
El estudio también reveló que en 2019 se registró un aumento de $87 millones en el costo del fraude en seguros, que ascendió a $572.8 millones, en relación con los $485 millones registrados en 2015.
Tras la presentación del estudio un panel de miembros de la industria discutió los hallazgos y los retos que enfrenta la industria y que deberán causar cambios en su oferta de productos y que obligarán al sector de seguros a ser más eficiente y sensible a los cambios sociales. Entre estos retos ayer se mencionó el envejecimiento de la población y la necesidad de talento especializado, dos escenarios relacionados con la alta tasa migratoria desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos, donde residen 5 millones de puertorriqueños.
También se mencionó la urgencia de educar a los consumidores en la mitigación de riesgos y de establecer mecanismos para que la industria de seguros logre realizar una influencia efectiva en la política pública del gobierno.
Luis Torres Oliveras, presidente de Humana Health Plans de Puerto Rico, llamó la atención sobre la recurrencia cada uno o dos años del llamado “abismo de medicare”, en referencia a la necesidad que enfrenta el gobierno de Puerto Rico de convencer al Congreso federal para que reasigne los fondos que permiten la vigencia del plan de salud del gobierno Vital, que a través de las aseguradoras de salud privadas, se ofrece servicios de salud a cerca de 50 % de la población del país.
Torres Oliveras mencionó que el envejecimiento de la población “pronostica cambios en la industria de seguros de salud y de vida” y también recordó la ausencia de paridad en los fondos del Medicare, lo que representa una diferencia de hasta 40 % en los fondos de ese programa que reciben otros estados.
La principal oficial ejecutiva y gerente general de la firma Marsh Saldaña, Marie Evelyn Rodríguez, señaló la necesidad de reclutar y conservar personal especializado para que la industria puede mantener su competitividad. La ejecutiva mencionó que la industria debe atender con premura la innovación y la transparencia, las pérdidas por ataques cibernéticos y la mitigación de riesgos.
Ramón Lloveras, presidente de Popular Insurance, planteó su preocupación sobre el envejecimiento poblacional en el contexto de que la edad promedio de consumidor de seguros es 44 años, lo que puede tener repercusiones imprevistas en el futuro, según más consumidores ingresan a la llamada edad del retiro, que surge a partir de los 62 años y 65 años. Lloveras reiteró la necesidad de nuevos talentos que requiere la industria de seguros, lo que se ha visto afectado por la notable migración de personas educadas hacia Estados Unidos.
José Benítez, presidente de Universal Life, abundó sobre la utilidad del producto de anualidades, uno de las ofertas exitosas de su empresa, para garantizar “la única fuente de ingresos de por vida” para los retirados.
