Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (23 de febrero de 2021) – En los próximos meses y antes de que comience la temporada de huracanes, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) se propone monitorear el estado financiero de las aseguradoras y sus contratos de reaseguro para determinar si están capacitadas para enfrentar una catástrofe similar o mayor a la ocurrida en el 2017 con el huracán María, reveló el Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu.
El Comisionado designado indicó que estableció como prioridad los objetivos de supervisar y fiscalizar a las aseguradoras para cumplir el objetivo de que los seguros catastróficos estén debidamente reasegurados, previo al comienzo de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio y se extiende hasta al 30 de noviembre.
“Vamos a supervisar la situación de las aseguradoras, el reaseguro, la reserva catastrófica y el capital. Todos estos aspectos hay que mirarlos antes de que comience la temporada de huracanes”, dijo Mier Romeu, al reconocer que tras el paso del huracán María, salió a flote la insuficiencia de reaseguro fue padecieron varias aseguradoras, algunas de las cuales necesitaron sustanciales inyecciones de capital para afrontar las reclamaciones.
Como resultado de esa insuficiencia de reaseguro, entre otras razones, colapsaron las aseguradoras Integrand y Real Legacy, cuyas reclamaciones serán pagadas en los próximos años con una determinada desvalorización, por la Asociación de Garantía.
“Por eso es importante monitorear el reaseguro ahora, antes del comienzo de la temporada de huracanes. Yo entiendo que las aseguradoras están en una mejor condición financiera que en los pasados años. Han aprendido su lección por María y deben estar en una mejor condición para enfrentar cualquier catástrofe que venga”, dijo el funcionario.
Mier Romeu indicó que la supervisión de las aseguradoras se realizará por medio de los informes financieros que esas empresas deben presentar el 31 de marzo y por el llamado “informe de reaseguro”, que ordena la regla 72 de la OCS, que incluye los contratos de reaseguro y una estimación de la pérdida máxima probable que podría enfrentar el asegurador y que se logra utilizando dos modelos de simulación de riegos.
EyBoricua.com cuestionó qué medida tomará la OCS, si tras el examen de los informes de reaseguro, se detectan aseguradoras con insuficiencias de reaseguro, a lo que Mier Romeu respondió: “se hablará con ellos. Pero no vislumbro que haya un asegurador en una situación inadecuada en este momento”.
Además, la OCS tendrá como prioridad orientar a los consumidores para que verifiquen si sus pólizas de seguro garantizan la cubierta adecuada y qué elementos deben conocer de sus seguros catastróficos. Otro objetivo será orientar a la ciudadanía sobre la conveniencia de comprar seguros para proteger sus propiedades. Mier Romeu dijo que en los próximos meses la OCS enviará funcionarios a distintas zonas de la isla para ofrecer orientación gratuita a los consumidores sobre la utilidad de los seguros catastróficos.
“Hay que hacer un esfuerzo coherente y comprensivo para que las viviendas estén mejor preparadas para enfrentar una catástrofe. Aquí hay un issue de titularidad de propiedades. Las personas que no tiene un título de propiedad no pueden asegurar su propiedad”, sostuvo Mier Romeu, en relación a las dificultades que miles de familias que no poseen títulos de propiedad de sus residencias enfrentaron para obtener una compensación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia por las pérdidas sufridas en María y durante los terremotos acontecidos el pasado año.
Indicó que si durante el presente año la isla sufre el golpe de un huracán o de otro evento catastrófico, como un terremoto, la OCS realizará una férrea fiscalización sobre el manejo de las reclamaciones que efectúen las aseguradoras después del evento.
Desde septiembre del 2017, fecha del paso de María por la Isla, hasta el presente, se han presentado más de 300,000 reclamaciones a las aseguradoras locales. Según el Comisionado designado, el 98 % de esas reclamaciones se han “cerrado”, un término que implica el fin del reclamo en algunos casos con pago de parte de la aseguradora, y en otros sin pago. “El 70 % de las reclamaciones cerradas incluyó un pago. Hasta ahora se han pagado aproximadamente $7,000 millones”, explicó el funcionario.
De hecho, actualmente unas 3,500 reclamaciones relacionadas con daños causados por el huracán María, continúan en controversia en los Tribunales, lo que, según señaló Mier Romeu, “está fuera de la jurisdicción de la OCS”.
El funcionario no pudo ofrecer un estimado sobre el valor económico de esas reclamaciones y advirtió que los litigios relacionados con reclamaciones es “algo normal” en el campo de los seguros.
“Con o sin huracán siempre habrá controversias (con reclamaciones)”, dijo Mier Romeu, quien también reconoció que el volumen de reclamaciones tras el huracán María fue el resultado directo de la magnitud de ese evento catastrófico y de que la industria de seguros “no estaba preparada para manejar ese volumen de reclamaciones”.
El Comisionado designado señaló que las dificultades de la industria de seguros tras María fueron equivalentes a las que enfrentó la industria de alimentos y la distribución de gasolina, debido a la interrupción del sistema eléctrico, los problemas que enfrentó el personal para retomar sus labores y las dificultades de transporte por el cierre temporal de carreteras y puentes.
Un aspecto fundamental de la gestión de Mier Romeu durante este cuatrienio será aumentar la plantilla de empleados de la OCS, que actualmente asciende 68 empleados, a pesar de que la OCS cuenta con 157 plazas reconocidas y necesarias para efectuar una labor efectiva.
Señaló que se propone solicitar un aumento en el presupuesto con el fin de reclutar más actuarios, analistas financieros, agentes examinadores y personal para el área de investigaciones. Los recortes realizados en el gobierno tras el proceso de quiebra por medio de la ley federal Promesa, redujo sustancialmente el presupuesto de la OCS, que supera los $7 millones anuales.
Incluso, aunque la OCS no depende del gobierno para su presupuesto debido a que genera sus propios ingresos, tras la quiebra la Legislatura reorientó hacia el Fondo General los ingresos de la OCS. Actualmente, el presupuesto de la OCS es asignado por la Legislatura y en la última asignación se incluyó una reducción de $289,000 a la partida de nómina, lo que ha afectado el desempeño de esa oficina, según confesó Mier Romeu. “Mi gestión principal esa fortalecer la OCS para que sea una oficina ágil y responsiva. No es justo cargar a unas personas por falta de recursos”, dijo Mier Romeu.
Sobre las denuncias realizadas por un grupo de empleados de la OCS, en una denuncia recibida en la redacción de EyBoricua.com, quienes alegan que los ex comisionados Javier Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui ordenaron paralizar las investigaciones contra la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster, Mier Romeu dijo: “si hubo una orden para detener esa investigación es una cosa que a mí no me consta y no la debe haber, y si la había (la orden) ya no existe”.
“Ese caso está en proceso adjudicativo. Había una moción de desestimación pendiente por cuestiones de descubrimiento de prueba. El caso está corriendo su curso y no puedo comentar, porque el Comisionado no interviene en el caso hasta que existe un informe del oficial examinador con recomendaciones o cuando hay una oferta de transacción”, dijo el Comisionado designado.
El licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de la aseguradora Integrand, actualmente en proceso de liquidación, denunció que Scott M. Favre llegó a la isla en acuerdo con el licenciado Andrés Guillermad, cuñado del gobernador electo, Pedro Pierluisi. El licenciado Guillemard ha negado las acusaciones de Vázquez González.
Sobre las imputaciones contra la representante autorizada de seguros, Alice Meléndez y su empresa, la agencia general de seguros, Prima Group, Mier Romeu reveló que ya se presentó una impugnación en la OCS. No obstante, el Comisionado designado rechazó emitir comentarios pues “eventualmente tendré que tomar una decisión sobre este caso y no quiero prejuzgar y predisponer mi criterio. Tengo que darle el debido proceso de ley”.
La OCS le imputó graves violaciones al Código de Seguros, entre las que figura fraude y un aparente esquema de enriquecimiento ilícito en la venta de seguros para condominios, por lo que le impuso una multa de $150,000 y la suspensión por un año de su licencia.
De acuerdo con el pliego de cargos emitido por la OCS, Meléndez y Prima Group retuvieron “para sí” $328,403.45 obtenidos por medio de préstamos inflados más allá del valor real de la prima para la póliza del seguro de protección contra eventos catastróficos de 12 condominios entre 2019 y 2020.
Según surge de la decisión, el esquema incluyó la obtención de préstamos para las pólizas de seguros de los condominios que en numerosas ocasiones no contenían las firmas de la personas autorizadas por las Juntas de Directores, sino que Meléndez “firmó por el asegurado” y en el encasillado de la dirección aparece la de Prima Group y no la del asegurado.
Los condominios afectados por las acciones de Meléndez y Prima Group son: Campomar Resort, Chalet Los Sauces, Arroyo Beach Resort, Villas de la Playa II, Torres de Cervantes, Marbella del Caribe Este, Las Gaviotas, Playa Azul, Luquillo Beach, Villas de Punta de Guilarte, Paseo de la Reina y Monterey Estates.
La determinación contra Meléndez y Prima Group fue firmada Mier Romeu en los primeros días de enero y constituye su primer acto oficial como Comisionado de Seguros designado.
