La postura de Washington genera tensiones con los países insulares que demandan responsabilidades legales por los daños del cambio climático
La Haya (EFE) – La Administración del presidente saliente Joe Biden reconoció hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “el importante papel” que debe desempañar Estados Unidos frente al cambio climático y aseguró tomarse “en serio sus obligaciones internacionales”, pero rechazó la presión legal exigida por países insulares para la acción climática.
En un discurso durante las audiencias en curso ante la CIJ, Margaret Taylor, asesora legal estadounidense, subrayó que Washington “reconoce el importante papel que debe desempeñar en la lucha contra el cambio climático y se toma en serio” esto, pero defendió que las obligaciones internacionales para proteger el medioambiente están ya en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.
“Estados Unidos reconoce el cambio climático como uno de los mayores desafíos jamás enfrentados por la humanidad. Es un problema global tanto en sus causas como en sus efectos”, subrayó.
La lucha contra el cambio climático es “un problema de acción colectiva” y abordarlo “requiere acción global y cooperación entre los Estados, en particular de todos los principales emisores”, pero, afirmó, los países ya “diseñaron colectivamente el régimen climático basado en tratados de la ONU para enfrentar este problema global único y complejo de manera cooperativa”.
“Ese régimen proporciona un marco primario para las obligaciones internacionales de los Estados respecto al cambio climático y, en nuestra opinión, debería ser central en el asesoramiento que la Corte dé a la Asamblea General en este procedimiento”, explicó Taylor, en un discurso ofrecido aún en nombre de la Administración demócrata, y a un mes de la vuelta de Donald Trump, quien mostró fuertes posturas negacionistas sobre el calentamiento global.
Taylor manifestó que Washington coincide en la necesidad de “una acción urgente” para lograr “reducciones profundas, rápidas y sostenidas” de las emisiones, pero defendió la “primacía de las negociaciones climáticas de la ONU” para buscar un enfoque “calibrado” y “centrado” en el Acuerdo de París, pero siempre sin naturaleza, ni vinculación legal.
Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo y uno de los Estados más afectados por el cambio climático, no tardó en reaccionar, lamentando que Estados Unidos haya “usado su tiempo” ante la CIJ para rechazar cualquier “obligación legal” para adoptar medidas climáticas o remediar el daño climático, en la misma línea que países como China y Australia.
“Los tratados son esenciales, pero no pueden ser un velo para la inacción o un sustituto de la responsabilidad legal. Es necesario rendir cuentas por el fracaso en reducir emisiones, los impactos del cambio climático y las violaciones de derechos humanos generadas por este fracaso”, señaló Ralph Regenvanu, representante de Vanuatu.
En el mayor caso jamás presentado ante esta Corte, impulsado por Vanuatu, los 15 jueces del órgano judicial de Naciones Unidas escucharán hasta el 13 de diciembre los argumentos de 98 países y 12 organizaciones para emitir una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de marzo de 2023 respondiendo a una serie de preguntas.
Los magistrados deberán identificar las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, a la hora de proteger a otros países y a las generaciones futuras de los efectos catastróficos de “las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero”.
También deberán definir “las consecuencias legales” en casos de “actos y omisiones” por parte de los Estados de las obligaciones identificadas, en particular hacia los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias.
