La Habana, 17 de mayo de 2022 (EFE) – Georgina, una cubana de 30 años residente en EE.UU., confía en poder dejar en breve de improvisar cada vez que quiera mandar dinero a su abuela en Cuba tras dos años difíciles.
El anuncio del Gobierno de Estados Unidos de que eliminará el límite de $1,000 por persona y trimestre a las remesas facilitará las ayudas económicas que manda mensualmente a su abuela materna, de 74 años, a Cienfuegos (centro de Cuba).
Hasta 2020, ella y su familia utilizaban el sistema más habitual para mandar el dinero que lograban reunir entre todos: las oficinas de Western Union, una compañía norteamericana dedicada al envío de divisas.
Pero eso acabó en noviembre de 2020. En esa fecha, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, prohibió cualquier transacción entre Estados Unidos y Fincimex, el brazo financiero del conglomerado estatal cubano Cimex que trabajaba con Western Union.
El anuncio provocó el cierre inmediato de las más de 400 oficinas de la compañía estadounidense en la isla. Y el comienzo de un montón de quebraderos de cabeza para la mayoría de los más de dos millones de cubanoamericanos que se estima que viven en Estados Unidos.
Al principio, Georgina, como muchos cubanos afincados en EE.UU., empezó a enviar dólares a través de una mula (persona que carga con el dinero en avión y lo entrega físicamente al llegar a Cuba).
Cuba permite a actualmente ingresar en el país divisas por valor de hasta $5,000 sin tener que declararlos.
“Buscamos personas por Facebook que vayan allá, hay quienes hasta se anuncian”, relata a Efe en una llamada telefónica.
En las redes sociales era relativamente sencillo encontrar personas que ofreciesen para trasladar el dinero a la isla, aunque con una comisión que podía llegar superar el 30% del montante enviado (en Western Union la cuota era del 5 %).
En muchas otras ocasiones, su familia debía hacer malabares para dar con gente que hiciera escala en terceros países -como México- para llevar dólares.
Pero la pandemia acabó con los vuelos internacionales e hizo esta opción casi imposible. “Esto es lo de toda la vida, las cosas más simples se vuelven imposibles”, se queja.
SEIS POR CIENTO DEL PIB
Las remesas conforman un buen pedazo de los ingresos de miles de familias en Cuba. Entre 2005 y 2020 representaron el 6% del producto interno bruto (PIB) de la isla, de acuerdo con estimaciones independientes de expertos.
Solo en 2019, el dinero recibido –en un 90 % procedente de EE.UU.– constituyó la segunda fuente de divisas de la isla, solo después de la exportación de servicios médicos y por encima del turismo.
Las decisiones de Trump alteraron esta tendencia. De acuerdo con datos de la firma de asesoría con sede en Miami Havana Consulting Group, en 2021 las remesas cayeron un 70% con respecto a 2019, tras apenas superar los $1,000 millones.
Emilio Morales, consejero delegado de Havana Consulting Group, duda de que la medida anunciada por Biden acabe con los problemas que entraña el envío de remesas y el recurso a las mulas.
De un lado está Fincimex. De otro, la brecha cada vez mayor entre el cambio oficial (a 24 cup el dólar) y el del la calle (en torno a los 115 cup actualmente).
“Hay que recordar que la mitad de las remesas llegan a través de las mulas. Nadie en su sano juicio lo quiere hacer por las vías legales. El tipo de cambio oficial está en 25 cuando en la calle está sobre los 100. ¿Quién va a mandar dólares legalmente?”, señala.
Además, Morales insiste en que la pelota está en el tejado del Gobierno cubano y apunta que La Habana es la que debe desvincular a las Fuerzas Armadas de la gestión del recibimiento de divisas a través de Fincimex.
No está claro qué firma gestionará los dólares dentro del país. Lo que los analistas tienen claro, pese al anuncio de Washington, es que la entidad a cargo no deberá tener relación con los militares.
A este respecto el Banco Central del país aprobó el pasado febrero una licencia para que una firma llamada Orbit S.A. gestione las remesas, algo que medios independientes recogieron con suspicacia.
Se trata de una empresa de la que no existe información oficial más allá de que se constituyó en febrero de 2020 en La Habana, pero se desconoce quién la administra.
