San Juan (EFEUSA) – El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó este lunes el Proyecto del Senado 1147 que establece el marco regulatorio para el desarrollo de las Zonas de Oportunidad en cumplimiento con la Reforma Contributiva federal del 2017.
Las Zonas de Oportunidad creadas por legislación federal proveen beneficios contributivos a comunidades de bajos ingresos para así lograr su desarrollo económico.
Puerto Rico, así como múltiples jurisdicciones en Estados Unidos, debe cumplir con ciertos parámetros poblacionales y económicos para poder obtener los numerosos e importantes beneficios que provee la ley federal.
«Desde hoy, Puerto Rico cuenta con la Ley para el Desarrollo de Zonas de Oportunidad. Este estatuto nos hace el mejor lugar en la nación para invertir ya que promoverá inversión millonaria y la creación de miles de empleos. Pero esta medida, sobre todo, tendrá un impacto trascendental en la recuperación de la isla tras el embate del huracán María», estableció el gobernador.
Se calcula que esta ley generará unos $600 millones en inversiones de capital y catapulte las zonas más vulnerables a una situación económica más justa y favorable.
Según el nuevo estatuto, bajo la modalidad de Zonas de Oportunidad, inversionistas pueden diferir la tributación de ganancias de capital por razón de la venta de un activo, llevada a cabo antes del 1 de enero de 2027, si invierten una cantidad igual a la ganancia realizada en un Fondo de Oportunidad Cualificado.
En general, una Zona de Oportunidad debe tener un censo poblacional dentro del estado que cualifique como una comunidad de bajos ingresos.
Para poder cualificar como comunidad de bajos ingresos, el censo poblacional correspondiente no puede tener un nivel de pobreza de menos de 20%, ni tampoco un ingreso familiar promedio que exceda del 80% del ingreso promedio estatal o de área metropolitana, dependiendo de la localización del censo poblacional.
El 97% de la isla fue designado como una Zona de Oportunidad, para abarcar todas las comunidades de bajos ingresos de Puerto Rico, lo que hace más atractiva a la Isla en el campo de inversiones.
Para lograr el desarrollo económico que provee esta medida, la misma propone un marco de incentivo por un periodo de 15 años.
Algunas de las particularidades de esta ley incluyen una contribución de 18.5% sobre el ingreso neto de un negocio exento; la exención en la tributación de dividendos; un 25% de exención de patentes y contribuciones sobre la propiedad; y un 25% de exención de arbitrios de construcción.
La media también incluye un crédito transferible por inversión máximo de 25%; un sistema de prioridad de créditos para proyectos prioritarios en Zonas de Oportunidad; y el diferimiento de la tributación de ganancias de capital para ganancias invertidas en un fondo de oportunidad cualificado en la Isla bajo normas similares a las aprobadas en la legislación federal.
Asimismo, se destacan una exención contributiva para intereses devengados en préstamos a negocios exentos; y un procedimiento ágil para la evaluación y expedición de permisos para negocios exentos y proyectos acordados en un contrato de alianza de conformidad con la Ley 29-2019, según enmendada.
La firma de esta medida se llevó a cabo durante la I Cumbre de Zonas de Oportunidad en el Centro de Convenciones de San Juan, que contó con la participación de cientos de inversores locales, nacionales e internacionales.
Entre los panelistas participantes de la cumbre figuraron el primer ejecutivo; el principal oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico, Rodrick Miller; así como el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y director ejecutivo de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, en inglés), Manuel Laboy.
