San Juan (EFE) – El Gobierno, a través del Departamento de Justicia, presentó este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda en contra de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente a la que hace 48 años se le entregó un terreno para desarrollar facilidades deportivas para la juventud puertorriqueña.
El fin de la solicitud, en la cual figuran como codemandantes la Administración de Terrenos (AT) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), es lograr el cumplimiento de la Ley 67-2022, que le devolvió al Estado la titularidad de los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente.
«A pesar de todos los esfuerzos realizados para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 67-2022, Ciudad Deportiva ha obstaculizado el trabajo de los servidores públicos del Estado para que se inscriban los terrenos de acuerdo con lo dispuesto en el referido estatuto y para que, finalmente, el Gobierno pueda lograr su política pública de desarrollo pleno del deporte a través del Distrito Deportivo Roberto Clemente», esgrime la demanda.
Según el comunicado difundido por las autoridades, el Gobierno argumenta que la Ciudad Deportiva está entorpeciendo el proceso establecido por ley para completar la transferencia de los terrenos, así como las edificaciones, propiedades y administración de dicha entidad, a Recreación y Deportes.
Provocando, a su vez, que el Estado incumpla lo dispuesto en el estatuto y se atrase el desarrollo del Distrito Deportivo Roberto Clemente.
«Los terrenos que fueron destinados para el disfrute y desarrollo del deporte y la actividad física de la juventud y el pueblo puertorriqueño llevan medio siglo secuestrados, abandonados, sin mantenimiento, y en grave desuso, por Ciudad Deportiva, es decir, están inertes, sin cumplir su propósito y está perdiendo su vida útil y uso público para el que fue destinado», subrayó la demanda.
Según el recurso legal, las acciones de Ciudad Deportiva han impedido que el Estado pueda realizar la inspección y mensura del terreno para poder otorgar la escritura pública requerida para inscribir nuevamente en el Registro de la Propiedad los terrenos revertidos a nombre del Estado.
El escrito señala directamente que Luis R. Clemente, presidente de la corporación demandada, informó a la Administración de Terrenos que no permitiría el acceso al predio, pues no está de acuerdo con lo dispuesto en Ley Núm. 67-2022.
«Al presente no se ha podido tan siquiera comenzar los trabajos preparatorios destinados a dar cumplimiento con la Ley Núm. 67-2022, por los actos e inacciones de Ciudad Deportiva y el señor Luis R. Clemente», sostiene la demanda.
Ante esto, el Gobierno le solicita al tribunal que «emita un requerimiento judicial preliminar en el que ordene a Ciudad Deportiva a cesar y desistir de obstruir el cumplimiento con la Ley Núm. 67-2022 y conceda la posesión inmediata de los terrenos en cuestión al Estado».
Mientras se decreta mediante sentencia declaratoria que la titularidad de las parcelas de terreno y mejoras de la Ciudad Deportiva le pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, específicamente, al DRD.
«El Estado no tiene otro remedio ordinario en ley para exigir, compeler y obligar a la Ciudad Deportiva a proveer acceso a los funcionarios de la Administración de Terrenos, de modo que puedan realizarse todas las gestiones necesarias para traspasar los terrenos en controversia, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico», puntualizó.
En el 1973, se aprobó la Ley Núm. 133 de 9 de junio de 1973, mediante la cual se autorizó a la Administración de Terrenos de Puerto Rico a donar a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc., cientos de cuerdas de terreno para desarrollar facilidades deportivas y preservar el legado del pelotero puertorriqueño, Roberto Clemente.
A esos efectos, se otorgó una escritura de Cesión y Traspaso Mediante Donación, en la cual las partes establecieron que los terrenos donados se destinarían total y exclusivamente, para los propósitos de proveer facilidades para la juventud puertorriqueña sobre deportes.
«Tras 48 años de administración, la Ciudad Deportiva no ha cumplido la encomienda con la que se obligó en el año 1973. A pesar de las aportaciones millonarias recibidas, el Estado reclama que el compromiso realizado, es decir, de desarrollar facilidades deportivas para la juventud y la ciudadanía nunca se materializó», sentenció el Gobierno.
