Con orden de paralización desde el 2017, el exrecaudador del PPD se lucra de la renta de una propiedad que viola leyes ambientales y opera sin permisos
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Anaudy Hernández sigue con un negocio ilegal. Documentos confirman que al menos desde el 2017 el convicto federal Anaudy Hernández, quien fuera el principal recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), amigo y protegido del exgobernador Alejandro García Padilla y de otros políticos a los que les recogía dinero, se mantiene violando la ley con el negocio de alquiler de su mansión ilegal en Aguadilla.
La famosa ‘Casa Herdz’, nombre con el que se bautizó al palacete ubicado en el sector Playuela en Aguadilla, es un negocio ilegal que viola todos los reglamentos y leyes ambientales. No tiene plano de deslinde, no tiene permisos aprobados, se construyó en zona marítimo terrestre y obstruye el acceso a una playa que es publica, según se confirmó y evidencian los documentos.
La semana pasada el lujoso palacete fue motivo de una controversia cuando la modelo Maripily insultó con una palabra soez en radio al periodista Carlos Weber, cuando éste le cuestionó sobre su estadía en esa propiedad. “Eres un cabr…”, le dijo Maripily al veterano periodista al aire en la emisora Magic y luego lo repitió en el diario Metro.
Ayer el activista y reportero José Luis Lebrón, de Prensa Comunitaria, radicó la querella
Q-agum-145-24 ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) para denunciar construcción ilegal de la propiedad. La querella fue contra el ingeniero José D. Centeno.
Esa lujosa residencia se mercadea como “Casa Herdz Luxury Vacation, Wedding and Honeymoon Destination” en diversas plataformas de alquiler a corto plazo en plataformas como Airbnb o en su propia página web. https://casaherdz.com/contact-us/
Pero el país recuerda cómo ese lugar fuera de la zona metropolitana fue escenario de los intríngulis políticos más controversiales. Fue allí donde Hernández se elevó como un poderoso mogul con múltiples tentáculos con los que fraguó uno de los esquemas de corrupción, fraude y sobornos más controversiales en la historia política del país.
Fue en esa casa donde se hacían fiestas para recaudar millones de dólares para García Padilla y su hermano alcalde, para el exspeaker de la Cámara Jaime Perelló, y en la que participaban políticos como la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el actual candidato a la gobernación por el PPD, el senador Jesús Manuel Ortiz.
Queda claro en la memoria colectiva como la exjefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, prometió al público que la cooperación de Anaudi Hernández Pérez generaría más acusaciones. Pero esto no ha sucedido hasta ahora y el convicto lleva cerca de 8 años en la libre comunidad, impune, violando leyes y reglamentos estatales mientras sigue haciendo negocios en lo que espera si lo sentencian.
Osvado Carlo gestionó permiso
El exfiscal federal y reconocido comentarista en los medios, el Lcdo. Osvaldo Carlo Linares confirmó a EN BLANCO Y NEGRO que Hernández sigue operando el negocio de alquiler y dijo que el convicto federal sigue en la libre comunidad desde hace años porque no ha sido sentenciado, ya que coopera con varias pesquisas federales. Carlo Linares se comprometió anoche a contactar a su cliente para responder a este reportaje, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Como parte de la investigación, posterior a esa conversación se tuvo acceso a documentos en los que se sostiene que el abogado Carlo Linares gestionó ante la OGPE un permiso ilegal para su cliente.
Los documentos señalan que en diciembre de 2016 el abogado envió comunicado a la OGPE indicando que se tenía la obligación ante el foro federal de mantener la propiedad en buen estado. En ese momento la Autoridad de Energía Eléctrica esperaba por la decisión de la OGPE para determinar si continuaban o no el servicio.
“De ser suspendidos los servicios de utilidades (agua y electricidad), el mantenimiento de la propiedad no podría ser realizado, afectando la propiedad que según ha sido difundido en los medios noticiosos, sirve de garantía ante el Gobierno Federal”, se indicó en la página 11 de la Solicitud de Reconsideración 2016-146690-SDR-001354 (2016-PUS-00987).
“Ha sido demostrado que se interesa y se están llevando a cabo los procesos para legalizar las estructuras accesorias. El Reglamento provee para poder evaluar por separado las estructuras accesorias”, se añade en el documento.
En el 2018 se publicó extensamente en los medios de comunicación que la Fiscalía federal permitió el alquiler de la propiedad para evitarse el costo de administrarla. En ese momento Carlo Linares dijo públicamente que la Casa Herdz no figuró como adquirida por medios ilegales en el caso federal, aunque fue embargada por las autoridades. De haber sido confiscada, la propiedad hubiera comenzado a devaluar y sería el Gobierno federal el encargado de su administración.
Anteriormente, Hernández había solicitado la suma de $4 millones por la compra de la ‘Casa Herdz’. No obstante, el palacete del convicto federal pasó a ser destino turístico y salón de actividades de bodas, entre otros eventos, para quienes puedan costear su exorbitante renta de $14 mil por cinco días.
Casa viola todos los reglamentos
Los documentos evaluados por este medio confirman que la construcción de la ‘Casa Herdz’ viola todos los reglamentos. La casa tiene una escalera en plena zona marítimo terrestre hasta, usurpando el acceso a la playa pública. El plano de construcción, de cómo iba a ser la terraza, la escalera, el cuarto de gimnasio y otros, fue diseñado por José Centeno. Los documentos aparecen a nombre de Verónica Ponce, esposa de Anaudy Hernández.
En el caso 2016-SRQ-001958 se evidencia la copia cada del acuerdo adoptado por la OGPE en la región de Aguadilla firmado por la representante de servicios de la oficina regional Damaris Salcedo, data del 15 de febrero del 2017, con la resolución la copia también se la envió ingeniero José Centeno. (Caso OGPE vs la señora Verónica Ponce a Nadia Hernández en la querella 2016-SRQ-001958, 06CX9-00000-04439, 2016-PUS-00987, 2016-146690-SRN-012127)
En el 2006 se solicitó ante la antigua Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) un permiso para construir una vivienda de hormigón armado y bloques con un sótano. Sin embargo, lo construido excedió lo presentado en el documento, violando el reglamento.
Además, ARPE (ahora OGPE) reclamó que la casa fue construida en una zona que no es turística, violaba la zonificación de la costa y de los accesos a las playas de Puerto Rico. Esto además violentaba los reglamentos de la Junta de Planificación que estipulan que haya al menos una separación de 800 metros de la playa.
La obra no dedica zonas para uso público, ni la faja de terreno de 20 metros desde la zona marítimo terrestre que establece la ley. Por el contrario, erigieron estructuras permanentes en una faja de terreno de 30 metros de ancho contigua al anterior.
El documento evidencia que Casa Herdz no controla la erosión ni la contaminación de los cuerpos de agua. También plantea problemas con los desperdicios sólidos. El documento fue firmado el 15 de febrero del año 2017. Como si eso fuera poco, se determinó que la propiedad violaba el plan de ordenación territorial del municipio de Aguadilla.
En la orden se apercibía a Casa Herdz que podía recibir multas administrativas entre $50 y $100,000 por cada violación. Además, el incumplimiento con el reglamento expone a los dueños a ser declarados culpables de un delito grave y sanciones de $10,000 o ambas. Nada de eso ocurrió porque han seguido operando el negocio.
En otras palabras, Hernández ha estado operando la lujosa residencia con una solicitud de consulta para endoso de estudios de certificación y deslinde de la zona marítimo terrestre con el número 0-AG-CRR02-MA-00009-26052023.
Otras querellas recientes
La Casa Herdz ha sido objeto de querellas por ciudadanos y por el Municipio de Aguadilla.
En marzo del 2023 el Municipio de Aguadilla prevaleció en su requisito para que Casa Herdz dejara de tirar fuegos artificiales, tocar música alta y celebrar grandes fiestas con carros estacionados en calles aledañas. Esto, por una determinación judicial en el caso que incoó el municipio ante quejas de los vecinos que veían sus vidas afectadas por las actividades allí.
Los propietarios de la residencia acordaron que no iban a ser más actividades sin permiso pero que sí podrían seguir alquilando la propiedad como residencia o como alquiler a corto plazo Airbnb. Según el acuerdo no podrían tener más de 50 personas en el lugar sin música en vivo en exteriores Las últimas actividades que se llevaron a cabo fueron entre el 31 de marzo y el 21 de abril sin música en vivo
En mayo pasado una ciudadana de nombre Beverly Quiñones demandó por las actividades que realizaba y porque sufrió una aparatosa caída debido a un líquido que había en el suelo de la residencia. Reclamó compensación de $35,000.
Antro político
Casa Herdz fue un antro de la política que tocó a muchos funcionarios y empresarios ligados a la administración del PPD y a García Padilla. Anaudy Hernández era dueño de una compañía de venta de celulares hasta el 2012 cuando se unió al grupo de recaudadores del PPD y dieron inicio las confabulaciones por las que resultó convicto.
Anaudi conocía al hermano del exgobernador, Luis Gerardo «Gerry» García Padilla, de cuando trabajaban juntos en Verizon Wireless en el 2004. Esa amistad fue la llave de acceso al PPD y a las puertas de La Fortaleza. Su caso sacudió a la clase política porque trascendió dos meses antes de las elecciones de 2016, aunque era de antes.
En diciembre de 2015, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizó la operación ‘Botín de guerra’ que culminó con el arresto de Anaudi y otros 9 implicados. Estos incluían a funcionarios del Gobierno como la exadministradora de Derecho Laboral, Sally López; la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón y su hermana, Mariely Falcón; la directora de compras de la AAA, Sonia Barreto y Víctor Burgos, exempleado de la Cámara de Representantes.
Se les acusó de conspirar para llevar a cabo múltiples esquemas de fraude millonario contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la AAA y la Cámara de Representantes. Unos 25 cargos fueron radicados por soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión por actos cometidos desde 2012 hasta el momento, y cuyos beneficios sumaron más de 2 millones de dólares.
En aquel momento, el entonces jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, envió un reto serio al Gobernador y al gobierno en general “a limpiar la casa de parásitos y garrapatas políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo”.
Los casos de Anaudy
Según se publicó entonces, el principal objetivo era obtener contratos y beneficios. Según detalló la entonces jefa de Fiscalía federal, Rodríguez, esas agencias eran “controladas” por Hernández, quien creó corporaciones sin peritaje ni experiencia para dar servicios requeridos por contratos en agencias e, incluso, tenían que subcontratar.
También tuvo un contrato para ferias de empleo que fue enmendado varias veces y que subió de 300 mil dólares a casi un millón de dólares así como un contrato para el servicio telefónico en la Cámara de Representantes que inicialmente fue rechazado, pero tuvo que bajar el valor por miles de dólares.
A través de influencias, logró el recaudo de millones de dólares para el entonces candidato a la gobernación, García Padilla, y el representante Jaime Perelló, quien tuvo que renunciar a su puesto de presidente de la Cámara de Representantes tras múltiples cuestionamientos sobre su falta de supervisión administrativa que trascendieron durante el juicio federal.
Fue bajo el mandato de Perelló que Anaudi consiguió contratos en la Cámara para ofrecer servicios de una línea de teléfonos que nunca funcionó.
Anaudi también recaudó fondos para las campañas de los senadores Jorge Suárez y Mari Tere González, quien tuvo que renunciar a su aspiración a la reelección por el PPD al ser puesta en el banquillo de los testigos y se amparó en su derecho a no autoincriminarse cuando le preguntaron sobre un aporte de $2,000 por parte de Hernández.
Hernández, quien se convirtió en íntimo amigo del Gobernador, viajó con él a Francia luego de las elecciones de noviembre de 2012 que ganó el mandatario. El hermano de García Padilla también viajó con ellos.
Muchos le enviaban el currículo o recomendación a Anaudi, quien conseguía que la persona obtuviera el puesto y luego les mandaba regalos que desembocaban en contratos para sus empresas. También se alegó que identificaban empleados del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ocupaban cargos de confianza para destituirlos.
Hernández además testificó que había un supuesto esquema para burlar el límite de donativos permitidos por ley en las campañas políticas. ‘La Pirámide’, según Anaudi, fue creada por Irving Faccio, director de campaña de García Padilla. Bajo esta ‘piramide’, integrada por Ismael Torres, Alex Medina, Jaime Babilonia y otras dos personas que Anaudi dijo no recordar, sus integrantes tenían que buscar personas que donaran fondos a García Padilla. En el proceso se supo que el exsenador y excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, se convirtió en socio de Anaudi y asumió la codirección de varias empresas que llegaron a obtener contratos con agencias gubernamentales.
