El CPI encontró casi 900,000 fallecidos en el Registro Electoral y miles de ellos aparecen votando en las elecciones del 2020 y del 2016. El fraude es parte de un sistema donde abunda la trampa desde hace décadas
Por Wilma Maldonado Arrigoitía y Omaya Sosa Pascual
Centro de Periodismo Investigativo
Maletines apareciendo. Maletines por buscar.
Papeletas contadas. Papeletas sin contar.
Votos adjudicados. Votos sin adjudicar.
Actas cuadradas. Actas sin cuadrar.
Candidatos “ganadores” certificados. Candidatos ganadores sin certificar.
El fraude toca a las puertas. Algunos quieren permitirle entrar.
Una C.E.E. acéfala – controlada en todas sus estructuras por el partido político
en el poder, ello por disposición del nuevo Código Electoral – mira hacia un lado.
El silencio de la mayoría de un Tribunal.
Un gobierno ilegítimo, ¿el resultado final?
-Juez Ángel Colón Pérez, Opinión disidente en el caso Movimiento Victoria Ciudadana vs. Miguel Romero, Tribunal Supremo de Puerto Rico
23 de noviembre de 2020
Florencio Fernández Martínez y Ana María Demorizi Castillo “votaron” en el 2020 y en el 2016, respectivamente, según los récords de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Pero esto es imposible.
Don Florencio, de 95 años, vive en la República Dominicana desde 2010 y no vota en Puerto Rico desde el 2008, y su esposa, Doña Ana, quien hoy tendría 90 años, murió en el 2011, cinco años antes de que se emitiera un voto a su nombre. Así consta en los documentos provistos por sus familiares. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) verificó los votos que se atribuyeron a ambos en la plataforma digital Consulta del Elector de la CEE. Los dos aún aparecen activos en el Registro General de Electores (RGE), al que el CPI tuvo acceso.
Sus casos no son aislados, sino parte de un patrón que se conoce bien entre las estructuras electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y la CEE, donde se utilizan los datos personales de electores fallecidos, adultos mayores, o que viven fuera del país para cometer fraude electoral en Puerto Rico, encontró una investigación del CPI.
La pesquisa, que incluyó el análisis de datos del Registro General de Electores de Puerto Rico y entrevistas a una veintena de fuentes de la CEE de todos los partidos políticos, así como la revisión de cientos de documentos, detectó que al menos 5,872 electores que murieron entre 2015 y el 30 de septiembre de 2020, que aparecen como activos en el RGE, es decir, votaron en el 2020 o el 2016.
En el RGE, también hay sobre 2,865 electores activos que tendrían sobre 100 años y algunos tienen fechas de nacimiento de los años 1800 ‘s. El CPI revisó una muestra de 450 récords de estos electores en la plataforma de Consulta del Elector de la CEE y, al pasado viernes, detectó que solo ocho de ellos o menos de un 2% habían sido excluidos por muerte. Todos los demás seguían activos, incluyendo una decena que nacieron entre 1828 y 1850, pero que, según la CEE, votaron en las elecciones generales del 2020. Uno de ellos, un vecino de Luquillo que tendría hoy 174 años, fue “reactivado” para votar en el 2020, según la plataforma.
La base de datos del RGE tiene un total de 682,938 electores activos o inactivos mayores de 80 años, cuando, según la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2023, en Puerto Rico hay solo 221,216 personas vivas con esas edades. El CPI encontró que hay 155,611 personas en el Registro Electoral que fallecieron entre 2015 y 2022, al cruzar los datos del RGE con los datos de defunciones del Registro Demográfico.
El CPI no pudo hacer el ejercicio con los fallecidos previo al 2015, ni con los fallecidos en 2023, porque el Registro Demográfico se ha negado a entregar estos datos a pesar de un pleito legal que lleva casi un año en los tribunales.
El CPI le preguntó a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, cuántos muertos hay en el Registro Electoral y esta dijo que no podía precisar, pero aseguró que no debían ser más de las 16,000 defunciones que han recibido del Registro Demográfico para el 2023. Sin embargo, el análisis del CPI determinó que el RGE, que contiene los datos personales de casi cinco millones de electores, incluye la información de casi 900,000 fallecidos identificados como electores activos, inactivos y excluidos.
Padilla Rivera reconoció en entrevista con el CPI que, aunque la Unidad de Exclusiones de la CEE depura con frecuencia el Registro de Electores, hay un atraso que busca remediar antes de las elecciones del 5 de noviembre. Achacó esta demora a que la plataforma del Registro Demográfico cambió y no se comunica con la de la CEE, lo que provocó un año de retraso.
Pero en tres días el CPI confirmó, a través de la plataforma Consulta del Elector de la CEE, que buena parte de las personas fallecidas que aún aparecen en el Registro Electoral y que figuran como electores que votaron en las elecciones del 2020, murieron antes del 2023. Esto confirma que el problema no corresponde al retraso del 2023, como ha dicho la presidenta alterna Padilla Rivera.
El CPI consiguió los datos del RGE que se comparten con los comisionados de cada partido por medio de una fuente que solicitó anonimato dada la negativa de la CEE a entregarlos y pudo confirmar, por medio de un muestreo, que los datos coinciden con los que están en la página Consulta del Elector de la institución.
“Es inaceptable que se juegue con la participación electoral de las personas mayores y de aquellas que ya han fallecido. Estos actos no solo corrompen el proceso electoral, sino que también erosionan la confianza pública en nuestras instituciones”, sostuvo en entrevista con el CPI Anadys Félix Fernández, nieta de los Fernández Demorizi, quien señaló que su familia se prepara para presentar las acciones correspondientes para que se investigue el caso de sus abuelos.
Estos muertos que votan son solo una de varias modalidades de potencial fraude electoral que muchos militantes, movilizadores y gestores políticos llevan ejecutando por más de dos décadas en Puerto Rico, falsificando endosos y votos, y utilizando la información personal del RGE para beneficiar a candidatos y para vaciar listas en los colegios el mismo día del evento, confirman las fuentes testimoniales y documentales que consultó el CPI. La CEE nunca ha tenido la capacidad, ni la voluntad, de fiscalizar la emisión y manejo de estos documentos, sostienen fuentes cercanas a la institución.
El “vaciado de listas” es utilizar el RGE o los registros de afiliados de los partidos para hacer transacciones falsas a nombre de electores, como por ejemplo, endosar aspirantes o solicitar alguna modalidad de voto especial para luego emitir un voto fraudulento.
Este esquema termina provocando que se cuenten miles de votos de ciudadanos “encamados” que caminan, adultos incapacitados mentalmente y muertos que tendrían hoy hasta 196 años de edad y que figuran en el sistema de la CEE como personas que votaron en los últimos tres ciclos electorales, según los documentos y datos obtenidos por el CPI.
Aunque el Código Electoral de 2020 establece, en varias partes, el carácter confidencial del RGE, el estatuto también permite que la CEE determine “aquellos datos del Registro que pueden ser divulgados” y mantiene como “confidenciales otros que pueden ser utilizados para la corroboración de la identidad de electores”. En la práctica, los candidatos y cientos de simpatizantes que conforman la llamada “estructura electoral” de los partidos políticos tienen acceso a la información personal de los ciudadanos, y algunos la han divulgado.
Incluso existen “gestores” que, con el Registro Electoral en mano, ayudan a los aspirantes a conseguir los endosos que validan su candidatura y con la tramitación de solicitudes de voto adelantado, según media docena de testimonios de personas con conocimiento directo, así como querellas y pleitos judiciales revisados por el CPI. Algunos de estos gestores falsifican firmas de los electores y cobran por recoger firmas que les entregan a los candidatos, relataron seis fuentes que hablaron al CPI sobre esta práctica.
Los “gestores” venden sus servicios “por un módico precio” a los candidatos para recoger endosos desde la primaria, dijo una de las cuatro fuentes de tres de los cinco partidos políticos inscritos. Al final, su trabajo se traduce en un proyecto híbrido de endosos en el que hay firmas reales tomadas en persona al elector, pero también recurren al vaciado de listas.
“Estos gestores son ‘criaturas de la CEE’ porque trabajaron allí y conocen al personal que le facilita la información primero que a nadie”, explicó esa misma fuente.
Igualmente, la CEE permite la entrega masiva de solicitudes de voto adelantado, pese a que el Artículo 9.38. del Código Electoral lo prohíbe. Dice: “Toda solicitud de Voto Adelantado deberá presentarse de manera individual, una por cada Elector. No se aceptarán solicitudes agrupadas”.
El problema de la manipulación y vaciado de listas en los colegios de votación es tan real que el Código Electoral lo menciona como una práctica a evitar.
Cómo opera el esquema
Una de las fuentes – vinculada al PPD – explicó que este “vaciado de listas” para completar la cantidad de endosos requeridos no lo hace una sola persona copiando del Registro Electoral nombres “a gran escala”, sino que se trata de “mucha gente” organizada a nivel municipal, de precinto y de barrio que utiliza listas que se han extraído del Registro Electoral y de sus listas de afiliados para esta práctica.
Una persona conocedora de los procesos internos del PNP y PPD explicó bajo condición de anonimato que otra forma de fraude se da cuando un vecino del barrio sabe que una familia del sector “se mudó a Orlando, por ejemplo, y entonces yo endoso [a un candidato] por ellos, solicito voto adelantado [por ellos] y pido la papeleta, y yo pendiente al buzón [para recoger el sobre que contiene las papeletas], y la uso».
También ocurre la práctica del administrador de un asilo u hogar de ancianos “que vota por todo el asilo”, agregó la fuente.
La fuente indicó que también se ejecutan esquemas fraudulentos de voto en los hospitales y cárceles por medio de la intervención de militantes políticos.
“Son andamiajes complejos y grandes”, explicó.
“Lo grave del asunto es que son instituciones de cuidado prolongado donde las personas no pueden valerse por sí mismas. La gran mayoría es porque han perdido su capacidad mental o su juicio. No se supone que las personas que no tienen capacidad mental voten”, sostuvo la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado.
“Definitivamente, se aprovechan”, acotó.
Según dijo, de las 900 instituciones de este tipo con sobre 20,000 residentes expuestos a estas situaciones en Puerto Rico, los empleados no presentan querellas por temor a perder sus empleos.
Sin embargo, el mayor vaciado de listas ocurre el mismo día de las elecciones durante el escrutinio, cuando, según una fuente interna del PNP, los funcionarios de los otros partidos se cansan y se van a sus casas.
“Agarran las famosas listas de gente fallecida o que no fue el día del evento, las vacían y llenan las papeletas”, explicó.
Señaló que en el PNP saben que hay personas fallecidas activas en las listas y que, a su juicio, las mantienen así para poder operar el esquema. Aseguró que la dinámica en el PPD es igual.
Un caso que ejemplifica el vaciado de listas durante una votación ocurrió en Villalba durante las primarias del PPD en 2012. Ese día, dos funcionarios de colegio, que además eran empleados de la Legislatura Municipal, vaciaron listas para favorecer a aspirantes a la Asamblea Legislativa. El vaciado lo hicieron durante el escrutinio en pleno salón mientras una persona vigilaba la puerta, según trascendió en un proceso legal en el que los funcionarios se declararon culpables.
De esta forma, se manipulan los procesos electorales, y por ende la democracia, desde el lanzamiento e inscripción de potenciales candidatos a puestos electivos hasta el resultado de los comicios generales. Todo ocurre a plena vista de la cúpula directiva de la CEE, pero las consecuencias penales o administrativas han sido escasas, según cuatro fuentes del PNP y del PPD que han trabajado en la institución.
La CEE nunca ha tenido la capacidad de validar las miles de firmas de endoso que se entregan de presuntos electores, reconocieron en entrevista con el CPI el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, Eduardo Nieves Cartagena, y el subdirector del organismo, Aníbal Zambrana.
Ambos funcionarios dijeron que ahora, con el Registro Electrónico de Electores (eRE), por primera vez podrá haber alguna fiscalización, porque el sistema envía textos y correos electrónicos al ciudadano cuando se hace una transacción a su nombre. Esta fiscalización tendría que venir de parte de los ciudadanos, quienes deben hacer querellas, reconocieron. Al cierre de esta edición, solo el 5% de los 1.9 millones de electores hábiles estaban registrados en dicha plataforma, y más de la mitad de dichos registros estaban detenidos a la espera de revisión.
El CPI solicitó entrevista con el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para que explicara las razones para la falta de investigación y procesamiento por delitos electorales. El funcionario declinó enviando declaraciones escritas en las que se limitó a decir que la División de Integridad Pública tiene cinco investigaciones activas, sin precisar más.
Aunque el uso de información del Registro Electoral para fines no autorizados por la Ley es un delito electoral de modalidad grave, estos datos se trafican – como se ha visto en los casos recientes de la licenciada Mayra López Mulero, del periodista David Cordero Mercado, del fiscal Emmanuel Estrada, así como de residentes en un asilo en Miramar, San Juan –. El Departamento de Justicia no ha presentado casos relacionados a estos hechos. El candidato a representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Pedro Cardona Roig, presentó querellas ante la CEE, Justicia y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés) por los hechos relacionados al asilo en Miramar.
En el caso de López Mulero, la presidenta de la CEE relevó de funciones a la empleada de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de San Juan Carmen Vázquez Fraguada, que compartió los datos de la comentarista en un chat de WhatsApp de nombre “Pnp” al que pertenecen funcionarios y militantes de ese partido. La conocida abogada y analista en los medios también presentó una querella en el FBI.
La querella por la solicitud de datos personales, usuarios y contraseñas, de eRE y correo electrónico a adultos mayores en un asilo en Miramar por parte de movilizadores políticos del alcalde Miguel Romero que, según Cardona Roig, llegaron haciendo la falsa representación de que eran empleados de la CEE – con camisas y tarjetas de identificación con la insignia de la CEE – fue presentada por representantes de MVC en la CEE, en el Departamento de Justicia y el FBI.
La persona que comandaba el grupo que intervino con los adultos mayores en el asilo fue identificada como Francisco Cabello Domínguez, un abogado que perdió su licencia para ejercer la profesión cuando en 2003 se declaró culpable de un total de 20 cargos que incluyen apropiación ilegal, posesión y traspaso de documentos falsificados.
Según las denuncias verificadas por el CPI, en 2001, Cabello Domínguez circuló a más de una decena de contribuyentes una carta del Departamento de Hacienda con una firma falsificada del entonces secretario auxiliar de Rentas Internas e imitó el sello de recibido de la agencia para apropiarse de 15 cheques dirigidos al Secretario de Hacienda hechos por personas e instituciones que procuraban la acreditación de planes de pensiones. Aunque fue acusado de apropiación de fondos públicos, lo que exige una sentencia de cárcel, su declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo con la Fiscalía para enmendar la acusación y tener una sentencia probatoria.
El Comité Examinador de Querellas de la CEE tiene ante su consideración dos querellas y una solicitud de investigación. Las dos querellas son por la distribución de propaganda electoral y la investigación es sobre una égida en el área este del País por posible uso de datos electorales, según la CEE. Posteriormente, también se refirió a ese comité la querella presentada por López Mulero. Además, ante la evaluación del pleno de la Comisión hay una querella relacionada a un asilo de Miramar y una queja contra la representante novoprogresista Wanda Del Valle Correa, quien presuntamente utilizó su oficina legislativa como Junta de Inscripción Temporera. Si el pleno de la Comisión acoge las investigaciones entonces serán referidas al Comité Examinador de Querellas.
Médicos a la carta
Un caso presentado por el entonces comisionado popular Guillermo San Antonio Acha en 2016, que fue elevado en apelación hasta el Tribunal Supremo por el entonces y hoy comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges, detalla claramente el esquema para capturar el voto de los llamados encamados, que son personas con problemas de movilidad que requieren que se les tome el voto a domicilio.
El informe que levantó la jueza Aileen Navas Auger, nombrada por el Supremo como comisionada especial en este caso, muestra un esquema para conseguir el voto de cientos de encamados que, en realidad, caminan, y de personas incapacitadas mentalmente, pero que fueron certificadas para emitir su voto adelantado por médicos al servicio del PNP y de la organización Servidores Públicos Progresistas.
Navas Auger celebró dos días de vistas y, en un informe de 36 páginas, detalló con nombre y apellido a cada uno de los 788 electores afectados por este esquema. El documento también identifica a los médicos, dos de ellos empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que alegaban que en dos o tres horas habían visitado hasta 80 pacientes para evaluar su movilidad. Todos los doctores involucrados reconocieron que no conocían a los pacientes ni eran sus médicos de cabecera, como exigía la ley, y que habían sido abordados y dirigidos por militantes de la estructura del PNP, quienes les habían entregado “una lista” de los electores a visitar y les daban la ruta a seguir.
Para las elecciones de 2016, era necesario demostrar con un certificado firmado por el médico de cabecera que el elector requería el voto a domicilio porque le resultaría imposible o muy difícil trasladarse el día de la elección a ejercer el sufragio en un colegio por razón de salud. Con la aprobación del Código Electoral de 2020, se prohibió requerir documentos o certificaciones (Artículo 9.38). Ahora solo basta con marcar en la solicitud de voto adelantado que el elector quiere hacerlo a domicilio. La firma del elector en ese documento es un juramento o declaración de que el elector pertenece a las categorías que permiten ese tipo de voto.
En una decisión dividida cinco a cuatro, y con cuatro disidentes, incluyendo al juez nombrado por la administración PNP Roberto Feliberti Cintrón – quien cerró filas con los tres jueces populares –, el Supremo no decidió sobre el informe de la jueza Navas Auger o los méritos del caso. La decisión del Supremo se amparó en un asunto procesal: la falta de evidencia de aviso con tiempo a los electores cuyos votos serían invalidados en las elecciones de 2016. Los jueces Mildred Pabón Charneco, Luis Estrella Martínez, Rafael Martínez Torres, Edgardo Rivera García y Erick Kolthoff ordenaron que se contaran los votos potencialmente fraudulentos.
“Son muchos los casos. Esto se ha convertido en que el mejor es el que más trampa hace”, dijo en entrevista el licenciado San Antonio Acha, ex comisionado electoral del PPD. “Se ha creado esa mentalidad de que, como no se dan cuenta, no importa, allá ellos. El sistema electoral no puede ser que, en la medida que no me detectan, me robo más votos”, agregó.
Como abeja al panal, los políticos buscan el voto adelantado
Con una población en Puerto Rico de cerca de 950,000 o el 31% de los residentes que tienen 60 años o más, no es de extrañar que los partidos políticos y los candidatos muevan cielo y tierra para asegurar que los adultos mayores mantengan su estatus electoral activo y amarrar sus votos. En las elecciones generales de 2020 en Puerto Rico, votaron casi 1.3 millones de electores. Una resolución estableció que todos los electores activos de 60 años en adelante tienen derecho a solicitar el voto adelantado en las elecciones generales del 5 de noviembre.
El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, dijo que se ha abusado del uso del voto por correo por razón de edad. El Código Electoral permite el voto adelantado para aquellos electores que juren que enfrentan barreras o dificultades para asistir a su Centro de Votación.
“El Gobernador de Puerto Rico, que hay fotos de él corriendo, caminando, dijo que iba a solicitar el voto por correo porque tiene más de 60 años, pero él no tiene problema de movilidad alguno. Eso es ilegal, él no puede solicitarlo”, dijo Aponte Berríos como ejemplo de la liberalidad con la que se solicitó el voto por correo.
El representante novoprogresista Georgie Navarro se ha autoproclamado niño símbolo del voto adelantado por los cientos de solicitudes que él o su equipo han llevado a la JIP y a la sede de la CEE en Hato Rey. La CEE recibió una querella porque, siendo candidato, Navarro llevó personalmente estas solicitudes cuando está prohibido hacer propaganda política en las JIP. Navarro dijo, en una grabación que colocó en sus redes sociales, que ese es un esfuerzo “del grupo completo del partido que está recogiendo esto en todo Puerto Rico”.
“Hacemos esto todos los cuatrienios: en 2020 y ahora otra vez”, dijo el legislador en la televisión. “Si no tiene la estructura, si no tiene la data (sic) de las personas, no los pueden conseguir”, dijo y mostró una tarjeta (tipo index card) con el logo de su campaña en la que le pide al elector el nombre, número electoral, correo electrónico, contraseña, los últimos cuatro dígitos del seguro social, las preguntas de seguridad y la contestación que usará al registrarse en eRE.
Los datos personales, como los que están recogiendo funcionarios de Romero y de Navarro, son suficiente para que cualquiera solicite el voto adelantado, reciba la papeleta por correo electrónico, y vote a nombre de otra persona, reconoció en entrevista el director de OSIPE, Nieves Cartagena.
A preguntas del CPI sobre si una persona puede crear y mal utilizar un perfil en eRE a nombre de otra con el nombre de usuario y contraseña, dijo que esto “es cierto”, pero argumentó que con el nuevo sistema hay mayor visibilidad del potencial fraude que cuando los endosos y los votos adelantados se tramitaban exclusivamente “en papel”.
“Ahora alguien se me querella y levantó [la información]”, indicó.
El licenciado Juan Manuel Frontera Suau, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, dijo al CPI que el voto adelantado le genera mucha preocupación porque entiende que la CEE no tiene la capacidad para manejar adecuadamente el alto volumen de solicitudes y votos. Indicó que fue testigo de cómo, en las elecciones del 2020, sobre 100,000 de estas solicitudes eran de voto a domicilio; pero los funcionarios de los partidos de mayoría, en vez de seguir las rutas de designadas por la lista oficial de la CEE, “tenían su propia listita por el lado”, para buscar los votos que le convenía a su partido, y que no necesariamente habían sido aprobados para el voto a domicilio.
“[El voto] por correo es el voto más preocupante porque es el único voto donde tú no ves al elector nunca: tú no lo ves cuando lo solicita, tú no lo ves cuando lo ejerce y tú no lo ves cuando lo envía… Es un voto donde es más fácil cometer fraude”, afirmó Frontera Suau.
De igual forma, el comisionado electoral del PIP dijo que el voto por correo es “imposible de fiscalizar” porque nunca se podrá tener certeza de que la persona que lo solicitó es el elector o si alguien usó su información electoral para emitir un voto en su nombre.
En total, la CEE recibió para la próxima elección más de 270,000 solicitudes de votos especiales que incluyen diversas modalidades de voto adelantado, ausente y de fácil acceso para este ciclo electoral, informó el secretario de la institución, Rolando Cuevas Colón, en una vista de la Cámara de Representantes el pasado jueves. Sobre 200,000 responden a solicitudes de voto adelantado, de las cuales solo 52,758 habían sido revisadas y validadas hasta ese día.
La Presidenta Alterna declaró en esa misma vista que las solicitudes restantes tenían que ser validadas para el 24 de septiembre por unos 61 empleados de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVAA), división de la CEE a cargo de la revisión y adjudicación de estos votos. Si trabajaran 16 horas al día sin parar, solo haciendo esta función, estos empleados tendrían alrededor de dos minutos para revisar y validar la identidad y datos de cada uno de los electores de estas solicitudes.
Para el ex comisionado electoral del PNP Edwin Mundo, el esfuerzo por buscar el voto adelantado es muy importante para los candidatos y partidos políticos porque así aseguran el voto de antemano. El elector tiene varios días desde que recibe la papeleta para enviar su voto, mientras que “el día de las elecciones es un sólo día y, si cuando llegaste a buscar al elector [para llevarlo a votar a un colegio] está enfermo [y no puede ir], perdiste ese voto”.
Además, explicó que el voto por correo reduce a los partidos el trabajo de la movilización de los electores a los colegios el día de las elecciones. Tradicionalmente en Puerto Rico, los partidos de mayoría tienen grupos de trabajo que se dedican a buscar y llevar hasta los colegios de votación a sus afiliados en guaguas y vehículos que procuran tener disponibles.
El excomisionado aseguró que, en esos procesos de ayudar a tramitar las solicitudes, los equipos del PNP solo ayudan a requerir el voto adelantado de quienes aseguran que votarán por ese partido o sus candidatos.
“Tú no vas a buscar los votos de los populares. Tú vas a buscar los tuyos”, dijo el también exrepresentante penepé. “Cada cual va a trabajar para ganar. Eso es como en el baloncesto, no vas a echar la bola en el canasto del equipo contrario”, dijo.
Cae en su propia trampa
En esas búsquedas, a veces desesperadas, de votos y endosos a candidatos, los que intentan cometer fraude caen en su propia trampa. Así lo alega la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López Colón. El nombre de López Colón se usó para endosar la candidatura de Elmer Román, quien aspiraba a convertirse en el candidato del PNP a Comisionado Residente, denunció la propia electora en una querella, que a más de siete meses de su presentación aún no ha sido resuelta.
El error del “funcionario” de recogido de endosos Abimael Hernández Calderón es que López Colón es abuelastra de Pablo José Hernández Rivera, quien aspira a la comisaría residente por el PPD. López Colón dijo que se “sometió una firma falsa” a su nombre y que quien lo hizo también certificó falsamente que la conocía.
En su querella, López Colón advierte que la falsificación del endoso “demuestra unas fallas inaceptables de falta de protección de la confidencialidad de los datos personales de un elector” y “una vulnerabilidad inaceptable en la plataforma digital de la Comisión”. La comisionada del PPD, Karla Angleró González, dijo, el viernes pasado, que sospecha que Hernández Calderón trabaja actualmente en la JAVAA de la CEE y pidió a la Presidenta Alterna que lo aclare.
Las personas que recogen endosos utilizan datos del RGE. El registro tiene sobre 800 campos de información de todos los votantes en Puerto Rico y, por ley, la CEE tiene que entregar un extracto del mismo a los Comisionados Electorales de cada partido. Este extracto contiene solo 25 campos de información de cada elector, incluyendo su nombre completo, número electoral, nombres de su madre y padre, dirección y número de teléfono, según dijo al CPI
Nieves Cartagena. Todos los partidos tienen información personal de todos los electores inscritos, aunque no estén afiliados a ellos. Esos datos se copian en dispositivos de memorias externas, capturas de pantallas y las copias circulan ampliamente entre militantes políticos, confirmó el CPI.
La presidenta alterna de la CEE afirmó en entrevista con el CPI que no puede evitar que surjan imputaciones de fraude electoral antes o durante el evento electoral, pero que responderá a ellas de manera oportuna. Cuando se le preguntó si podía garantizar unas elecciones libres de fraude el 5 de noviembre, dijo: “La palabra garantía es la palabra que todo el mundo busca y es la que yo verdaderamente quisiera decir. Esta presidenta está comprometida a llevar un evento electoral con transparencia, con todas las garantías que nos provee el Código Electoral”.
Adriana M. Quiles González y Valeria Santos Dávila colaboraron con esta historia.
