Por Sandra Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Son inminentes las acciones del gobierno estatal y federal en La Parguera en Lajas, contra los precaristas, que son las personas que ocupan allí los bienes del dominio público marítimo-terrestre sin poseer un título válido en derecho.
La cantidad de querellas que se radican, los arrestos y las fianzas excesivas contra los manifestantes, las polémicas declaraciones de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y la respuesta de la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, así como las explicaciones técnicas ofrecidas constantemente por el ambientalista Eliezer Molina y por el planificador y urbanista, Pedro Cardona Roig, evidencian que todos los ojos están puestos en La Parguera.
Publicamos el “Inventario de Estructuras Fijas en la Reserva Natural de La Parguera”, preparado por la vigilante Ana García en el 2013. Los nombres Yovin Vargas, esposo y los de los suegros de la Comisionada Residente, José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona no aparecen en esa lista, aunque es de conocimiento general que tienen al menos una caseta, la #48, en la zona.
El 23 de mayo pasado publicamos en En Blanco y Negro la alegación de que Vargas Cortés enfrentaba problemas en La Parguera desde hace tiempo porque se alegaba que construyó un edificio turístico sin permisos; a días de que la Comisionada Residente negara ser dueña de otra propiedad en La Parguera.
Ayer la secretaria del DRNA, Rodríguez, confirmó la pesquisa. Fuentes en esa agencia confirman que ya han identificados a los dueños de las casetas ilegales.
Pero la atención sobre La Parguera llevaba varios meses en desarrollo hasta que el pasado 9 de julio decenas de residentes de Lajas y otros ciudadanos protestaron en la zona. Se produjeron arrestos de al menos ocho manifestantes.
El 20 de julio en este medio En Blanco y Negro reportamos que familiares de la Comisionada Residente González y residentes de La Parguera tienen postes y contadores nuevos instalados por LUMA Energy en terrenos de dominio público dentro de una reserva natural, mientras miles reclaman servicio eléctrico y más de 125,000 personas han tenido apagones diarios esta semana.
El 20 de julio En Blanco y Negro también reportamos que la jueza María del Pilar Vázquez, encontró causa para arresto y les impuso una fianza global de más de $490,000 a los ocho manifestantes que protestaron en el sector Playita Rosada del barrio La Parguera en Lajas el pasado 9 de julio.
El 24 de julio Bonita Radio publicó algunos nombres de los ocupantes de las casetas en La Parguera. Entre éstos se destacaban empresarios de instituciones educativas; comerciantes de zapatos y carteras; corredores de bienes raíces con hincapié en el alquiler de propiedades a entidades de Gobierno; prominentes abogados de la región y ‘socialité’ ponceña. Nombres como Humberto Vidal Nadal, Fidel Alonso Valls, Arturo Díaz, ingeniero Luis Rivera Siaca, eran algunos de los ‘ocupantes’ de casetas en el bien de dominio público de La Parguera cuando en el 2013, la vigilante Ana García de Cabo Rojo, hizo un inventario de las facilidades físicas en el área. Cuatro de ellas se encontraban en el agua. Díaz murió un año antes. Rivera Siaca y Alonso Valls siguen allí.
El 25 de julio día de la Constitución del Estado Libre Asociado, el monitor federal John Romero, reconoció el uso excesivo de fuerza y patrones de abuso de la Policía de Puerto Rico, lo que representó un retroceso en el cumplimiento con la reforma policial. Esto surgió después de los abusivos golpes y arrestos a manifestantes en La Parguera.
El pasado 26 de julio el periodista José Luis Lebrón radicó una querella contra la Junta de Planificación para que explique por qué en 28 años incumplió su propio Plan de Manejo y política pública en La Parguera.
Ese mismo día 26 de julio la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) le confirmó a Bonita Radio que investigaba el movimiento de tierra significativo en área alta de La Parguera. pero el caso no está vinculado a la caseta de los suegros de la comisionada residente Jenniffer González.
Al día siguiente, 27 de julio, el esposo de la comisionada residente, Vargas Llavona, fue a las oficinas del FBI en San Juan para querellarse por la seguridad de su familia, luego de las protestas. Ese mismo día, Lebrón fue a orientarse también en el FBI.
El 28 de julio el urbanista Cardona Roig dio a conocer que los caseteros precaristas de La Parguera le deben más de $27 millones al pueblo de Puerto Rico por concepto de concesiones no pagadas, además de multas por la invasión de bienes dominio público, ser edificantes de mala fe, ocasionando un daño ambiental, angustias y gastos incurridos en la reivindicación del derecho a proteger el ambiente. Esa cantidad surge del cómputo basado en las 112 casetas que están en el documento de DRNA, y eso no considera otras estructuras existentes e igualmente ilegales.
El 31 de julio la Comisionada Residente arremetió contra la secretaria de DRNA por investigación en La Parguera. Tildó de “ataque político” la manifestación en la que se destruyó parte de la propiedad de sus suegros en Lajas. Mientras, la jefa de la agencia defendió su gestión.
