Residentes de Guayama, organizaciones ambientales y la senadora María de Lourdes Santiago protestaron frente a La Fortaleza para rechazar la extensión del contrato de AES y denunciar el discurso oficial que pretende justificar el sufrimiento de comunidades con el argumento de garantizar energía al resto del país
SAN JUAN, Puerto Rico – Comunidades afectadas por la quema de carbón, organizaciones ambientales y líderes políticos se manifestaron esta mañana frente a La Fortaleza para rechazar la firma de la Ley 1 por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón. La ley, que extiende por cinco años el contrato de la carbonera AES en Guayama, ha sido calificada como una traición al país, a la salud pública y a los principios más básicos de justicia ambiental.
Además de prolongar la operación de una planta señalada por generar serios daños a la salud y al ambiente, la medida ha avivado un debate ético profundo: ¿tiene sentido que una parte del país sea sacrificada —con enfermedades, contaminación y muerte— para garantizar la energía del resto?
“Nos quieren sacrificar por el resto del país”
Miriam Gallardo González, portavoz de Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, expresó la indignación de quienes viven día a día en la zona de impacto directo. “Dicen que nos tenemos que sacrificar por el bien común. Pero ninguno de los que dicen eso vive con la cara llena de ceniza, ni tiene que encerrar a su nieto en un cuarto para protegerlo del polvo, ni ha perdido un hijo por un cáncer estomacal sin explicación”, declaró. Gallardo narró la vida cotidiana en Guayama como una lucha constante contra la ceniza, el encierro obligado y el temor a enfermar.
“Todo lo que uno toca se llena de polvo. Las casas están cerradas, con el aire prendido todo el tiempo, y aún así el olor entra. Hay personas que no pueden salir de sus hogares porque se les complica la respiración. Tenemos vecinos que viven encerrados, otros que dependen de terapias continuas, niños que casi no salen al patio, personas con cáncer, con nódulos, con insuficiencia renal. Y lo más triste es que esto no es nuevo. Llevamos 23 años viviendo así, y ahora nos dicen que serán cinco más… o 10… o quién sabe cuántos”, afirmó.
Gallardo denunció que el discurso del sacrificio proviene, incluso, de quienes impulsaron la ley.
“El senador Ángel Toledo, que promovió esta medida, nunca ha ido a nuestra comunidad. Que venga a ver la montaña de cenizas. Que se siente a hablar con la gente. Esto no es una exageración. No estamos mintiendo. Lo que queremos es vivir”.
“Una lógica de muerte disfrazada de política pública”
Hernaliz Janet Vázquez Torres, directora del Sierra Club Capítulo de Puerto Rico y ciudadana de Guayama, fue enfática en rechazar lo que catalogó como una narrativa perversa. “Yo he escuchado a personas decir que se mueran los de Guayama para que el país tenga luz. Y eso, aunque suene cruel, es lo que se está haciendo desde el gobierno: justificar la muerte como parte de una política energética”, sostuvo. “Esa es la lógica detrás de esta ley. Una lógica de muerte”.
Vázquez Torres recordó que la comunidad ya había logrado el compromiso del cierre de AES en 2027. “Habíamos logrado que cesara la quema de carbón. Teníamos una esperanza real. Pero ahora nos imponen esta extensión disfrazada de ‘transformación energética’, cuando en realidad es una perpetuación de los combustibles fósiles”.
Sobre el impacto en su comunidad, fue clara: “Desde niña veía a mis compañeros fatigados en la cancha de la escuela. Con los años entendimos que era por la exposición al polvo de la carbonera. Hoy, muchas personas tienen asma, han perdido embarazos, padecen de cánceres raros en la piel y en los pulmones. El ecosistema que era verde, ahora, visto desde un dron, está muerto”.
Vázquez también denunció que la Ley 1 elimina la obligación de realizar vistas públicas para proyectos energéticos clasificados como “críticos”. “No solo nos condenan a vivir con la ceniza, ahora también nos quitan el derecho a opinar. Nos cierran todas las puertas”, dijo.
“Este no es un sacrificio: es una injusticia estructurada”
La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), acompañó la manifestación y rechazó tanto la sustancia de la Ley 1 como el proceso legislativo que la aprobó. “Es vergonzoso el tono del debate en el cual se aprobó esta medida. Un debate plagado de demagogia, mentira y falta de conciencia”, expresó. Denunció que senadores del Partido Nuevo Progresista negaron abiertamente la toxicidad de las cenizas, y desestimaron los efectos en la salud de las comunidades afectadas.
“La compañía AES fue privilegiada desde su llegada a Puerto Rico. En aquel entonces se estableció claramente que no podían depositar cenizas aquí. Pero cuando República Dominicana dejó de aceptar los residuos, el gobierno de aquí —Alejandro García Padilla, específicamente— abrió las puertas de sectores pobres en Guayama y Peñuelas. Se acomodaron a los intereses económicos”, afirmó.
Santiago calificó la extensión del contrato como un acto de “socialismo para ricos”. “El país está pagando los beneficios de una empresa privada. Esta decisión significa repartir entre todos el costo de una operación que ya ha enfermado y matado personas”, dijo. También criticó la narrativa del miedo que se ha promovido desde el gobierno. “Nos quieren hacer creer que si AES se va, volvemos a la Edad de Piedra. Que nos alumbramos con velas. Eso es completamente falso”, sostuvo.
La senadora recordó que desde los años noventa existen propuestas de modernización de la red eléctrica y de transición a fuentes renovables. “Lo que pasa es que el gobierno ha preferido ignorarlas, para favorecer a las mismas empresas de siempre”.
“Nos quieren hacer pagar otra vez”
Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del movimiento Queremos Sol, denunció la falta de transparencia del gobierno en todo este proceso. “Durante la vista pública en la Cámara de Representantes, el presidente de AES dijo que estaban en proceso de cierre para 2027. Dijo que no tenían los chavos para continuar. Esta extensión no fue pedida por la compañía, fue el gobierno quien le pidió que se quedara”, sostuvo.
Alvarado también señaló que hay versiones contradictorias desde el mismo gobierno. “La Gobernadora dijo que la planta se iba a convertir a gas fósil. Pero en la vista pública, el director de la Autoridad de Energía dijo que lo que se iba a hacer era construir una nueva planta al lado. Y mientras tanto, AES dice que no tienen dinero. Entonces, ¿quién va a pagar por esto?”, preguntó.
La preocupación es clara: que el costo termine recayendo en la ciudadanía. “Queremos saber si, otra vez, nos van a subir la luz para pagarle a AES. ¿Cuánto va a costar esta decisión a los abonados?”, dijo.
Alvarado reiteró que existen alternativas reales, viables y sostenibles. “Desde hace años hemos propuesto utilizar los techos de las casas, con baterías. Hay estudios que demuestran que, en 15 años, podemos alcanzar el 75 % de energía renovable. El problema es que el gobierno no está dispuesto, porque tiene las manos amarradas con las grandes empresas del gas y del carbón”, concluyó.
El comunicado de las organizaciones: complicidad institucional y retroceso energético
En el comunicado emitido esta mañana, las organizaciones comunitarias, ambientales y de base de fe que participaron en la manifestación denunciaron que la Ley 1 no solo extiende la operación de AES, sino que institucionaliza la impunidad. “Extender el contrato de la carbonera por cinco años más es una sentencia de muerte para miles de puertorriqueñas y puertorriqueños”, indicaron. “Pese a que AES se comprometió inicialmente a exportar las cenizas tóxicas, el Gobierno permitió su uso en la construcción de urbanizaciones, centros comerciales y carreteras, ignorando el precedente del desastre humanitario en República Dominicana”, añadieron.
El comunicado denuncia que el gobierno de Puerto Rico ha fallado en su deber de proteger al pueblo. “La complicidad obedeció a un solo propósito: maximizar las ganancias de la empresa al evitar los costos de exportación. Mientras la empresa ha visto un incremento en sus beneficios financieros, Puerto Rico ha pagado el costo con la vida y la salud de su gente”, afirmaron.
También se advierte que la nueva ley debilita los objetivos de transición energética y perpetúa la dependencia de combustibles fósiles. “¿Cuántas veces más cambiarán las metas establecidas? ¿Realmente alguna vez tuvieron la intención de cumplirlas, o solo fueron promesas vacías con fines políticos?”, preguntan las organizaciones.
Llamado final: justicia energética y dignidad comunitaria
Las organizaciones exigieron a la gobernadora Jenniffer González Colón y a la Legislatura que escuchen a las comunidades afectadas, se reúnan con sus representantes y evalúen con seriedad las alternativas presentadas por Queremos Sol y otros expertos en energía renovable. “Puerto Rico merece un sistema energético limpio, seguro, sostenible y justo”, concluyeron.
El mensaje desde la calle fue claro: la vida, la salud y la dignidad de comunidades como Guayama, Peñuelas y Salinas no pueden seguir siendo el precio a pagar por la incapacidad del gobierno de transformar el sistema eléctrico del país. “Aquí nadie quiere ser mártir energético. Lo que queremos es justicia”, dijo una manifestante. “No somos zona de sacrificio. Somos pueblo. Y merecemos vivir”.
