Por Luis Joel Méndez González y Vanessa Colón Almenas | Centro de Periodismo Investigativo
A pesar de que en la isla existe una robusta legislación ambiental, el Gobierno de Puerto Rico ha fracasado en ejecutar su propia política pública sobre el litoral costero que incluye estatutos para atender los problemas de erosión, de descargas sanitarias al mar, la protección de las barreras naturales así como impedir la apropiación privada de los bienes públicos en las playas.
Casos documentados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el barrio Islote de Arecibo, el barrio Bajura en Isabela, y las áreas costeras Puerto Nuevo en Vega Baja, Buyé y Joyuda en Cabo Rojo y La Parguera en Lajas demuestran incoherencia del Gobierno de Puerto Rico en el ejercicio de su política pública. Por un lado, asigna fondos públicos y emite órdenes ejecutivas que buscan atender algunos de los problemas de la costa, pero por otro lado, no las implementa o ignora las recomendaciones de expertos en temas ambientales, encontró una investigación del CPI que se puede leer completa en www.periodismoinvestigativo.com.
“No se han tomado acciones de parte de las agencias reguladoras para hacer las comunidades más resilientes, sobre todo [cuando han estado] permitiendo y aprobando permisos para seguir desarrollando en áreas inundables y en las zonas más cercanas a la zona marítimo terrestre. Áreas que se inundaron con el impacto de María y siguen como si nada hubiese pasado, porque no aprendemos de nuestros errores”, indicó Ruperto Chaparro Serrano, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En la comunidad Quique Bravo, del barrio Bajura, en Isabela, se propone la construcción del proyecto Isabela Reefs en un área considerada inundable, con alto riesgo de erosión y en donde colindan dunas en la playa que es también lugar de anidaje de tortugas.
El proyecto propuesto consta de 33 unidades residenciales turísticas, una casa club con piscina, área de juegos y restaurante. Los propulsores del proyecto son el asesor en fondos de inversión Daniel Grunberg Walg y el inversionista Tyson Carter, ambos beneficiarios de la Ley 22 (ahora “Ley 60”), que concede exenciones contributivas a individuos millonarios que se conviertan en residentes de Puerto Rico.
Si bien es cierto que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió que la construcción del proyecto podría revertir los esfuerzos de restauración de las dunas en el área, la secretaría de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, firmó el deslinde que presentó el proponente del proyecto.
La secretaria dijo al CPI que la certificación del deslinde no significa un endoso o aprobación del DRNA a la construcción del proyecto. “Cuando se hace un deslinde lo que se le está certificando al dueño del predio es hasta dónde llegan sus lindes o sus límites”, puntualizó Rodríguez Vega.
Los residentes de la comunidad Quique Bravo impugnarán el deslinde. Los vecinos se han opuesto al proyecto porque entienden que agravará las inundaciones que sufren. Tienen fresco en su memoria cómo el agua entró a sus viviendas durante el huracán María en 2017.
“Nuestras vidas están en peligro”, advirtió Lourdes Irizarry Suau, portavoz de la comunidad Quique Bravo. “Ese terreno se inunda y recoge la mayoría del agua cuando se mete la quebrada y cuando se mete el mar”.
Cautela en la zona de arrecifes de coral
Vega Baja tiene una de las zonas más ricas en colonias del coral cuerno de arce en el noreste del mar Caribe, pero los esfuerzos del grupo ambiental VIDAS hace 15 años para preservar los arrecifes de coral se han visto amenazado por las descargas de aguas usadas y los salideros de escorrentías pluviales y sanitarias cercanos al arrecife.
VIDAS, así como otros sectores de la comunidad, también alertaron sobre la propuesta del municipio de privatizar la administración del edificio La Casona para fines turísticos. Según los opositores, la estructura está en una zona de dominio público que ha sido duramente impactada por la erosión y por eso, incluso, se ha propuesto su derrumbe.
Tras la movilización ciudadana en contra de la transacción por el posible impacto ambiental que tendría este uso, el alcalde Marcos Cruz Molina desistió de firmar el contrato. Cruz Molina dijo que el agrimensor Carlos Vega Santos, contratado por el Municipio, hará un deslinde que demorará entre tres a cinco meses. Añadió que, hasta entonces, no tomará una determinación final sobre la estructura.
Asimismo, la compra de grandes extensiones de terreno en la costa de Vega Baja también ha preocupado a VIDAS por posibles desarrollos residenciales que podrían impactar los arrecifes. Por ejemplo, en 2022, tres terrenos en el área costera conocida como Sarapá fueron comprados por Vacation Villas Puerto Rico, LLC y Caribbean Waterfront, LLC. Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick, ambos en el acta de inscripción de las corporaciones, son beneficiarios de la Ley 22 de 2012,. Las transacciones relacionadas a los terrenos totalizaron casi $2.4 millones.
Ignorada la orden para remover estructuras abandonadas en la costa
Mientras tanto, en Arecibo, decenas de estructuras que habían sido abandonadas por sus dueños originales, han sido levantadas nuevamente, y usadas para negocios de alquiler a corto plazo en un área que tiene la calificación de Ruta Escénica, que busca mantener estos espacios libres de construcciones para asegurar el disfrute visual y el acceso público al mar.
Esta práctica ha sido ejecutada frecuentemente por la familia Abreu Valentín, que ha hecho suyas estructuras — muchas en desuso — en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del barrio Islote de este municipio, a las que les ha hecho reparaciones y construcciones, como terrazas y piscinas. Todo esto a la vista del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, que tiene su cuartel a pasos de las residencias, y a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi firmó hace siete meses la Orden Ejecutiva 2023-09, que obliga a la agencia a evaluar e implementar la remoción y demolición de estructuras abandonadas en la zona costanera.
El Municipio de Arecibo tampoco ha contabilizado ni tomado posesión de las estructuras en desuso en su litoral costero como también dispone la orden ejecutiva.
Vecinos de Islote han presentado ante el Cuerpo de Vigilantes al menos seis querellas contra la familia Abreu Valentín por descargas al mar, construcciones y rellenos en la ZMT. Solo en una ocasión, el DRNA le impuso una multa de $10,000 y le ordenó demoler una terraza levantada en la ZMT. La familia ha hecho caso omiso.
La secretaria del DRNA dijo al CPI que no todas las querellas que se presentan ante el Cuerpo de Vigilantes tienen la evidencia y la información suficiente para seguir un trámite administrativo.
El CPI identificó cinco alojamientos a corto plazo de la familia Abreu Valentín en Islote. Al menos cuatro de estas estructuras están en la ZMT. El CPI no encontró titularidad para la mayoría ni en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico ni en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
Varios integrantes de la familia han sido demandados o tienen demandas en curso por personas que objetan la manera en que han adquirido algunas de estas propiedades o el uso que le dan.
A pesar de iniciativas gubernamentales para mitigar la erosión costera, esta investigación del CPI presenta ejemplos de cómo los gobiernos municipales ni el gobierno estatal han fiscalizado e implementado su propia política ambiental, lo que contradice la asignación de fondos públicos y los esfuerzos de protección y restauración costera ante la crisis climática.
La investigación completa con imágenes, videos, mapas y documentos de apoyo la puede ver completa en www.periodismoinvestigativo.com.
