Madrid, 5 oct (EFE) – Bajo la inspiración de sentencias que han sido un hito, las organizaciones ambientalistas, en cascada, se pertrechan de argumentos jurídicos en defensa del clima, también en España, donde arranca el primer litigio climático contra un Gobierno en este país.
El Tribunal Supremo español ha admitido a trámite el recurso presentado a mediados de septiembre por las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón por «acción insuficiente» ante el calentamiento global contra el Gobierno español, que dispone de un plazo de veinte días desde la notificación para aportar toda la documentación relativa al proceso por el que se le demanda.
Tras ello, el Tribunal Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en «una grave inactividad» frente al cambio climático.
“No se está cumpliendo con lo comprometido en París. Se necesitan planes más ambiciosos”, aseveró en una entrevista a Efe la abogada Lorena Ruiz-Huerta, representante de las organizaciones medioambientales demandantes.
No se trata de un “juego de artificio” el proceso abierto, ni de una estrategia para llamar la atención las organizaciones comprometidas con el medio ambiente, sino que el litigio que se abre realmente tiene “posibilidades de éxito” a la hora de hacer cumplir al Estado sus compromisos climáticos.
Según la abogada, este tipo de litigios son complicados, dada “la dificultad” de la sociedad civil para hacer cumplir al poder sus obligaciones con los mecanismos legales que tiene a su alcance.
A su juicio, el ciudadano está “en desigualdad de armas” en este tipo de procesos “muy difíciles y costosos”, frente a un Estado poderoso que se ampara en las instituciones para defenderse.
La admisión a trámite del recurso presentado por las organizaciones ambientalistas es “un gran paso adelante” de la sociedad civil, aunque todavía en fase incipiente, muy al principio del proceso.
“Si consiguiéramos ganar sería un hito histórico”, aunque la sentencia final podría tardar años en emitirse, avanzó la experta.
Casi cuarenta gobiernos del mundo han sido embarcados en demandas similares por inacción de cambio climático.
EEUU es pionera en este tipo de litigios, con más de doscientos, no solo contra gobiernos, sino también contra multinacionales, como las extractivas, entre otras. Canadá también figura en cabeza en esta lista.
Un caso muy destacable de éxito entre organizaciones ambientales es el de la Fundación Urgenda en Holanda, que tras más de una década de disputas, ha conseguido este año una histórica sentencia contra el Gobierno de ese país por incumplir compromisos climáticos previamente adquiridos.
El hito ha suscitado una cadena de nuevos litigios “en cascada” contra los Estados en distintas partes del mundo, señaló la experta.
En España, ha explicado, es difícil plantear litigios climáticos como el de Holanda en base al derecho internacional, que no salen adelante, sino que se requiere hacerlo frente a incumplimientos concretos, como en este caso la inacción climática ante un plan determinado.
Se refirió también a otra demanda climática muy reseñable, aunque finalmente sin éxito, promovida por unas abuelas en Suiza contra el Gobierno para exigirle compromisos ambientales en defensa de sus nietos.
En Europa se han abierto causas de este tipo también en países como Alemania, Francia y Bélgica. En otros continentes, en India y en Nueva Zelanda, entre otros.
Habitualmente son procesos judiciales que finalmente no prosperan, no solo cuando se plantean contra los gobiernos, sino que tampoco tienen apenas recorrido frente a multinacionales con prácticas no sostenibles porque es un ámbito con “un corporativismo tremendo”.
La experta confió en que el litigio climático contra el gobierno español termine obligando al Estado a actuar de forma “rápida y contundente” en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la lucha contra el cambio climático.
“Nuestro país corre un serio riesgo de desertificarse, y es la vida de nuestros hijos la que corre un grave peligro”, advirtió.
En el caso de ganar los ecologistas la demanda, ha añadido, el Tribunal Supremo español obligaría al Estado a aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) acordes con el Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta sobrepase 1.5 grados de aumento en este siglo.
Las organizaciones ecologistas han denunciado, con la apertura de este proceso legal, el retraso del Gobierno para la aprobación de los planes anteriores, cuyo plazo máximo fijado por la Unión Europea (UE) era el 31 de diciembre.
Por otra parte, reclaman mayor ambición al gobierno español en su compromiso de descarbonización, fijado para 2050, y en su objetivo de reducción de emisiones establecido solo en el 23% para 2030 respecto a 1990, en lugar de un 55% como, dicen, sería recomendable.
