SAN JUAN, Puerto Rico – En una muestra de descontento y preocupación, residentes de Salinas, junto a representantes de organizaciones, se congregaron hoy en Santurce para protestar contra el proyecto CIRO One, impulsado por el inversionista Nicholas Prouty.
El proyecto, que implica la construcción de un complejo industrial de placas solares financiado por el propietario del complejo de lujo Ciudadela, ha sido señalado por las comunidades locales como una amenaza para la seguridad y bienestar de cientos de familias en la región sureña de Puerto Rico.
Los manifestantes, liderados por voceras como Diana Santi Santiago, Maritza Figueroa y Elba Priscila Rodríguez, expresaron su angustia ante las consecuencias directas de la construcción de CIRO One en sus comunidades. Reportan un incremento en las inundaciones y la invasión de agua y fango en sus hogares, fenómenos que antes no eran comunes. Además, critican la falta de consulta y la aparente indiferencia tanto de la empresa a cargo como de las autoridades gubernamentales.
La agrónoma Yaminette Rodríguez Sierra, del Comité Diálogo Ambiental, criticó duramente el proyecto por la destrucción de terreno agrícola fértil y el impacto negativo en el acuífero local, esencial para el abastecimiento de agua en Salinas. Este proyecto, junto con una propuesta similar de la corporación AES Puerto Rico, representa, según los manifestantes, un desastre ambiental, agrícola y comunitario.
Las protestas se extendieron frente al Departamento de Agricultura, donde se criticó al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por su apoyo a proyectos que consideran perjudican gravemente la sustentabilidad agrícola de la región.
Los activistas, incluyendo a Roberto Thomas de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), denuncian una serie de agresiones ambientales y sociales históricas en la zona, acusando al gobierno y a empresarios de sacrificar el bienestar de las comunidades locales en aras del progreso industrial.
Este movimiento de protesta subraya la creciente tensión entre el desarrollo de proyectos de energía renovable y la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades afectadas, colocando en el centro del debate la necesidad de un desarrollo sostenible y consensuado.