Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Representantes de diversas comunidades y organizaciones confrontaron a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) por su inacción ante el impacto de la planta de carbón de la corporación AES en la salud y la vida de miles de personas, especialmente en el área sur de Puerto Rico.
Los reclamos de los residentes afectados por la contaminación de AES fueron presentados durante una visita a Guayama y Salinas por parte de la sub-administradora de la EPA, Janet McCabe; el Director del Office of Land and Emergency Management (OLEM), Cliff Villa; y la directora de la Región 2, Lisa García.
“La EPA promovió y permitió hace casi 20 años el uso de las cenizas tóxicas de carbón en nuestras calles y sobre nuestro acuífero, y eso provocó contaminación, enfermedades y muertes en nuestra comunidad. Ahora la agencia arrastra los pies, quiere que esperemos hasta el año que viene por el resultado de varios análisis cruciales que solicitamos y siguen protegiendo a una empresa criminal como AES. La EPA es tan culpable como la carbonera y el gobierno de Puerto Rico por el daño que nos han hecho”, expresó Alberto Colón del Valle, líder comunitario de la comunidad Miramar en Guayama.
Tras años de persistencia por parte de las comunidades y organizaciones en Puerto Rico, la EPA llevó a cabo muestreos de aire en las zonas adyacentes a la planta de carbón. A pesar de ello, los representantes de la agencia comunicaron que los resultados del análisis de las partículas recopiladas en los monitores serán publicados el próximo año.
“Eso es inaceptable y levanta dudas sobre la intención de la EPA. También llevamos meses esperando una reunión de seguimiento sobre los análisis de agua potable que realizó la agencia en los pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Tenemos cuestionamientos sobre el método utilizado y los resultados de uno de los pozos. La EPA no ha cumplido con nosotros”, recalcó Alberto Colón.
La agencia federal también realizó un muestreo del agua y peces de la bahía Las Mareas, para determinar si la misma ha sido afectada por el transporte del carbón y los residuos de cenizas tóxicas. Esta bahía colinda al sur con la planta de carbón de AES.
Por su parte, José Cora Collazo, presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) del sector Ranchos Guayama en Salinas, también cuestionó el incumplimiento de la EPA con los reclamos comunitarios.
“Ante la reconstrucción de las calles de la comunidad, que están repletas de cenizas tóxicas, la EPA se comprometió a que si la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) no daba el dinero para extraer ese desecho industrial y exportarlo, ellos harían las gestiones para conseguir los fondos. Nunca cumplieron y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, decidió seguir con la reconstrucción dejando esos tóxicos en el suelo”, expresó José Cora.
Recientemente, el Colegio de Químicos de Puerto Rico publicó los resultados de un estudio que reveló la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable de varias residencias de Guayama y Salinas, en áreas afectadas por las cenizas de carbón de AES.
A pesar de que las concentraciones encontradas son bajas y el agua analizada cumple con las concentraciones permitidas, el Colegio recomendó la remoción y disposición adecuada de las cenizas fuera de Puerto Rico, el monitoreo continuo de los metales en el agua, y tomar medidas correctivas y preventivas para asegurar la calidad de agua y la salud de las comunidades.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, criticó la complicidad de las agencias federales y estatales en la entrega del sistema eléctrico del país a corporaciones privadas, incluyendo a la propia AES.
“Con la anuencia del gobierno estatal y federal, AES ha contaminado nuestro aire, suelo y acuíferos, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Sin embargo, no solo han evadido cualquier sanción relevante por sus violaciones a las leyes y su agresión contra la población, sino que, además, se les ha otorgado un rescate multimillonario”, comentó Alvarado Guzmán.
Según el líder ambiental, el financiamiento otorgado a AES, que provendrá de un aumento del costo de la luz “facilita, entre otras cosas, la inutilización de nuestros suelos agrícolas con proyectos industriales de placas solares, poniendo nuevamente en peligro a nuestras comunidades de Guayama y Salinas. Continúa la afrenta de AES contra nuestra gente”.
Sobre el tema de los proyectos solares a escala industrial, Diana Santi Santiago, portavoz de la comunidad del Coquí en Salinas, advirtió sobre el riesgo que están enfrentando actualmente los residentes cercanos a las instalaciones de la empresa CIRO.
“Mientras los gobiernos siguen indiferentes ante el atentado contra nuestra seguridad, y las empresas como CIRO y AES están repartiendo dinero y donativos políticos en busca de comprar apoyo, nosotros seguimos en la incertidumbre de cómo podremos sobrevivir cuando venga el próximo huracán o alguna lluvia fuerte. Ya hay un impacto en nuestros hogares, que empeorará con el proyecto de AES, durante los eventos de inundaciones, pero a nadie del gobierno municipal, estatal o federal le interesa”, manifestó Diana Santi.
