Por Víctor Alvarado Guzmán
Secretario Asuntos Ambientales, PIP
(21 de noviembre de 2021) – Las comunidades costeras de Puerto Rico están en peligro ante la crisis climática… y al parecer seguirán en peligro.
El primer choque previsible entre el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Comité) se materializó, aunque de forma sutil e imperceptible.
El asunto que actualmente desencadena la discrepancia entre el primer ejecutivo y los científicos, son las acciones propuestas por el Comité para proteger la zona costera ante la erosión y la crisis climática.
La petición del gobernador
El 13 de septiembre de 2021, el gobernador le envió una carta al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, solicitando que los expertos y asesores del Comité le brindaran “recomendaciones puntuales para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en nuestras costas”, las cuales debían incluir “cualquier proyecto de ley o de enmienda a leyes existentes que pueda reducir los efectos sobre nuestro litoral”.
El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, creado por virtud de la Ley Núm. 33 de 22 de mayo de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, está compuesto por la Dra. Maritza Barreto Ortiz, el Dr. Pablo Méndez Lázaro, el Dr. Rafael Méndez Tejeda, la meteoróloga Ada Monzón, el Ing. Carl Axel Soderberg y Roy Torbet.
A estos se añaden como miembros ex officio, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien preside el Comité, la Presidenta de la Universidad de Puerto Rico, y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio.
La respuesta del Comité
El Comité contestó el pasado 8 de octubre, mediante una misiva contundente a Pierluisi, la cual estaba firmada por Rafael Machargo.
El grupo de profesionales y expertos de las ciencias atmosféricas, oceanográficas y climáticas, presentaron 103 cursos de acción que incluyen “propuestas de política pública, enmiendas específicas a leyes y reglamentos existentes, lineamientos encaminados para lograr un modelo integrado de gestión interagencial en la zona costera, y recomendaciones puntuales para enfrentar las diferentes manifestaciones del cambio climático en la zona costera y minimizar pérdida de vida, daño a la propiedad e impactos adversos sobre los recursos naturales”.
[uam_ad id=»31781″]
También incluyeron su apoyo total a establecer con urgencia una moratoria en las construcciones o reconstrucciones en la zona costera, y condicionada a la aprobación de una Ley de Costas de Puerto Rico.
El Dr. Pablo Méndez Lázaro, quien es experto en Ciencias Marinas y Manejo de Zonas Costeras, manifestó públicamente que la recomendación de la moratoria en la zona costanera tiene carácter de urgencia, para que el gobierno no continúe cometiendo los mismos errores del pasado.
“Hay que detener lo que se está haciendo ahora mismo, sentarse a organizar y planificar. Si no haces la moratoria, significa que muchas de estas acciones pueden ir completamente en contradicción a soluciones o adaptación al cambio climático. Lo que hemos hecho es amarrar la moratoria a la aprobación de una ley de costas”, afirmó el experto a un medio de comunicación de la capital.
De igual forma, la Dra. Maritza Barreto Ortiz, oceanógrafa geológica y especialista en procesos costeros, quien participó del Foro ¿Playas para quién?, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el pasado 12 de noviembre, recalcó la importancia de establecer con urgencia la moratoria de construcción en la costa, “con la condición de levantar la moratoria cuando haya aprobada una Ley de Costa”.
De hecho, en la Asamblea Legislativa están radicados proyectos de ley, presentados por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, ambos del Partido Independentista Puertorriqueño, que buscan precisamente establecer la moratoria de construcción (PS 43, PC 116) y crear la “Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico” (PS 32, PC 115).
Cabe señalar que el secretario del DRNA, previamente, se opuso en vistas públicas del Senado y la Cámara de Representantes, al establecimiento de una moratoria de construcción en las costas.
Dicha posición de Machargo contrasta con la asumida por diversas organizaciones ambientales, varios municipios costeros, científicos, legislaturas municipales, y los propios expertos del Comité que favorecen el proyecto de moratoria.
El silencio del gobernador
Según Méndez Lázaro y el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, ambos miembros del Comité, las recomendaciones enviadas al gobernador Pierluisi se iban a dar a la luz pública a través de una conferencia de prensa el 13 de octubre. La misma fue cancelada por Rafael Machargo, argumentando que brindaría la oportunidad a los miembros del Comité de reunirse con el gobernador.
Sin embargo, los expertos aseguraron que la conversación con Pierluisi nunca se llevó a cabo, y que se redirigió la reunión hacia el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda, para el próximo 1 de diciembre.
El silencio público de Pierluisi sobre las propuestas de los científicos y expertos, la ambivalencia de Machargo, y la subordinación de los asuntos ambientales al criterio de Manuel Cidre, son señales terribles sobre las acciones puntuales y urgentes que hay que tomar con respecto al efecto de la crisis climática en la zona costera y su impacto en todo el país.
