Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
En una movida que podría explicar el silencio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con relación a la operación de una cantera en el área donde se suponía que se realizara un dragado en Arecibo, el abogado del contratista informó que la obra está paralizada por la agencia, porque requirió que Caribbean Island Corp. (CIC) obtuviera el Permiso General de Obras (PGO) lo que no tuvo hasta el pasado viernes 22 de julio en horas de la mañana.
Mientras el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) asegura que tiene prueba para establecer que en las fincas donde ubican las charcas en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez en el Superacueducto del Norte, se viabilizó una actividad de cantera comercial, es la propia parte querellada la que admitió que no fue hasta el 22 de julio que obtuvo el PGO para la obra que alega que comenzó en enero del pasado año. Evidencia en poder de Bonita Radio sitúa el inicio de la operación en noviembre del 2021.
La información ventilada el viernes en una vista administrativa en el DRNA, confirma uno de los extremos traídos por la investigación periodística de Bonita Radio y Ey Boricua, al examinar documentos que establecieron que cuando se iniciaron los trabajos de ‘dragado’ que resultó ser una operación de extracción y procesamiento de material de corteza terrestre, CIC no tenía todos los para ejecutar el contrato, según la inspección que hicieron funcionaros del DRNA.
En junio pasado y tras cinco entregas donde incluso se explica en imagenes y videos la operación de cantera sin permisos, se trajo evidencia de las transacciones en efectivo entre contratista y operadores de camiones que entraron y salieron al área de las fincas donde se encuentran al menos dos embalses y la bifurcación del cauce del Rio Grande de Arecibo en el barrio Domingo Ruiz de ese municipio.
El viernes, en la mencionada vista pública celebrada en el cuarto piso de la agencia, se estableció que la operación de cantera que se realizó CIC necesitaría un permiso formal que «no se rige bajo una evaluación ambiental, sino que necesita una Declaración de Impacto Ambiental e inclusive una consulta de ubicación».
«Una materia que deberían discutir la Presidenta de la Autoridad (Acueductos y Alcantarillados) con el Departamento (Recursos Naturales y Ambientales) para levantar esa orden es ponerse de acuerdo hasta donde va a llegar la actividad….no estamos viendo el mismo punto de la actividad. Ellos (los querellados) entienden que no están procesando y nosotros entendemos que si. Tienen que ceñirse simple y llanamente al permiso de dragado que se le dio…de mantenimiento del embalse».
Así lo dejó claro la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon quien junto al licenciado José Báez, representan el interés público en la vista de Cese y Desista que la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, emitió el 24 de junio pasado contra CIC y su propietario, Carlos Camacho Rodríguez, luego de la querella que investigaron y documentaron miembros del Cuerpo de Vigilantes en Arecibo desde marzo de este año.
De hecho, la defensa de la preservación de los recursos naturales y del agua, fue colocada en el registro público por el DRNA y no así por el representante de la AAA, Christian Medina Maldonado quien no pareció tener información de la actividad del alegado dragado y sólo hizo vagas referencias a la necesidad del mismo y al documento de contrato entre las partes.
La argumentación de Sotomayor Bourbon se dio ante el examinador designado por el DRNA, licenciado Luis González Ortiz. Representa a Camacho Rodríguez, el licenciado Miguel Torres Torres, quien ya durante la pesquisa de los vigilantes, había hecho comparecencias a favor de su cliente, quien incluso se comunicó directamente con el sub secretario de permisos del DRNA, Luis Sierra Torres. Este último estaba el viernes en la audiencia pública.
«De la prueba, fotografías y videos y del testimonio de los vigilantes, parte de la actividad se está realizando dentro del cauce del rio…. y no es parte del embalse…lo que le estamos diciendo al compañero es que ese embalse tiene agua que no viene de la nada..sino que es parte de una bifurcación de un mismo rio…el rio Grande de Arecibo donde se desvía una gran parte de esa una agua para la planta de filtros pero sigue siendo parte del cuerpo de agua represado», explicó en la audiencia Sotomayor Bourbon.
Añadió que en Puerto Rico no existe ningún embalse que sea natural, todos son represados para diversas finalidades, unas para agua potable.
La teoría de Torres Torres es que el agua que utiliza su cliente, Rodriguez Camacho en la operación que no acepta es de «cantera de procesamiento de material», es «de la Autoridad de Acueductos», a lo que Sotomayor Borboun lo contradice.
Argumentó la Licenciada que el agua utilizada en la operación de cantera proviene del rio cuya franquicia es de jurisdicción exclusiva del DRNA como custodio del recurso de agua que se utiliza para dispensarlo al pueblo. «Esa agua es la que se utiliza, según la prueba, para otro propósito que no era para dirigirlo al embalse ni para la planta de tratamiento, era una suplir agua una maquinaria que requiere del agua para poder funcionar».
Sotomayor Bourbon planteó que Torres Torres no conoce de qué maquinaria se trata y eso es parte del descubrimiento de prueba que traerá en su día con imagenes de fotos y videos de «varias maquinarias que están allí haciendo funciones no contempladas en el permiso, como es el procesamiento y el recogido de ese material».
Dejó claro que «tenemos conocimiento de que la EPA hizo una inspección allí ayer (jueves 21 de julio) con relación al manejo de las aguas limpias y control de sedimentación» en el área y se desconoce el resultado de esa evaluación.
Entretanto, a la vista no compareció el director de la Oficina de Cumplimiento Ambiental de la AAA, Edgardo Bermúdez, quien funge en las comunicaciones entre el personal del DRNA que descubrió la actividad de cantera. En su lugar representó a la AAA, Medina Maldonado,
Por su parte, Torres Torres, insistió en que el material que se saca del embalse -«que no es parte del lecho del rio (Grande de Arecibo), sino uno artificial donde incluso se instaló un dique cuando se creó en la época de los 90″) se draga con una barcaza. Tiene un equipo de succión que saca el sedimiento que pasa por unos tubos que salen a una presión….. y se lleva a otra charca, donde se seca para que se pueda remover eventualmente».
Llama la atención de que Torres Torres citó una vez más la carta de Sierra Torres – en una comunicación directa con su cliente, Camacho Rodríguez, en abril de este año – en la que dijo que la utilización de una zaranda para cernir arena, no supone un procesamiento de corteza terrestre». Incluso basa su opinión en un caso del 2021 de la Oficina de Gerencia de Permisos y de un caso de arenero en Yabucoa, que utiliza como base el Reglamento Conjunto que ya a la fecha de la opinión había sido declarado nulo por dos foros judiciales.
Por su parte, en su contestación, la representante del interés público, Sotomayor Bourbon destacó que la operación tocó el mogote existente en la finca y «el permiso claramente dice que ese mogote no se podía tocar. Ese mogote fue impactado para sacar material para ser parte de los agregados que se mezclaban con la arena, piedra y grava que sacaban del rio. Y ese material se unía con otro material del que sale un material conocido como ‘agregón’ «perfecto para la construcción».
Alegó entre sus alegaciones, Torres Torres habló de opiniones del Cuerpo de Ingenieros y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) pero no pudo traer evidencia de que ambas agencias hayan emitido informes finales después de visitar el proyecto el pasado miércoles 20 de julio.
Sotomayor Bourbon destacó que el permiso de corte y poda de arboles, se dio «en el camino hacia el mogote que no tenían que tocar» y los arboles quedaron apilados en lo que los vigilantes llaman «una avenida porque allí hay entrada y salida de camiones».
La vista administrativa continuó ayer en el lugar donde se operaba la cantera en lugar de un dragado y se espera que la AAA y el DRNA puedan establecer los criterios de la operación legal y que el asunto de la operación de la cantera ilegal siga el procedimiento ordinario de adjudicación a partir de la orden de Cese y Desista y la posibilidad de multas por daños ambientales.
