San Juan, Puerto Rico (EFE) – El Gobierno de Puerto Rico anunció este miércoles que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó concederle el puesto de empleado transitorio a regular a 1,038 funcionarios.
Esto se logró tras la aprobación, por parte de la JSF, de la Ley 96-2023, conocida como la «Ley de Empleo Transitorio o Temporal en el Servicio Público».
Así lo indicaron en conjunto en un comunicado de prensa los titulares de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Zahira Maldonado y Juan Carlos Blanco, respectivamente.
«Esta medida es cónsona con nuestra política pública de hacerle justicia a estos empleados públicos, quienes aún en tiempos retantes, se han mantenido al servicio del Pueblo de Puerto Rico. De este modo se brinda estabilidad y certeza a estos servidores públicos, así como propende a su retención», dijo Maldonado.
La legislación busca uniformar y controlar el uso de empleados transitorios en los organismos públicos, así como los beneficios marginales a los que prospectivamente tengan derecho los transitorios, siendo esta la única categorización para los empleados que presten servicios por tiempo definido en el servicio público.
El estatuto aplica a todo empleado transitorio que haya ocupado, hasta el 30 de junio de 2023, un puesto con funciones permanentes del servicio de carrera, por un periodo de cuatro años.
La Ley 96-2023 establece que, si el puesto está vacante, al empleado se le convalida el periodo probatorio y pasará a ocupar, efectivo el 1 de enero de 2024, el puesto de manera permanente con estatus regular, o uno similar al que ocupaba, en el Sistema de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.
Por su parte, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco, aseguró que «con la implementación de esta Ley se viabiliza el trato igual a los empleados con carácter temporal en el servicio público al concederle estatus regular en el servicio de carrera».
«El cambio de estatus de estos empleados que llevan, cuatro años o más, ejerciendo funciones como transitorios, ayudará en la administración de los recursos humanos del servicio público y evitará el tener que redoblar esfuerzos de reclutamiento, cada vez que un empleado transitorio abandona el servicio», recalcó.
