Por Sandra D. Rodríguez Cotto
San Juan – Anthony Pierlusi, uno de los hijos del gobernador Pedro Pierluisi, controla gran parte del negocio de los alquileres de propiedades a corto plazo en Puerto Rico, reveló una investigación realizada por analista de datos desde los Estados Unidos. En un mapa interactivo parece como si estos alquileres arroparan toda la zona metropolitana, y aunque estos negocios no son ilegales, este tipo de alquileres recibe promoción pagada con fondos públicos a través de la Compañía de Turismo y el DMO (siglas en inglés para la Organización de Mercadeo del Destino).
A través de su empresa West Indies Vacation Rentals, el hijo del gobernador controla el mercado de los alquileres a corto plazo. Posee sobre 88 propiedades solamente en San Juan, además de otras en toda la isla, y usa la plataforma del gobierno Discover Puerto Rico para promocionar su imperio de alquileres a corto plazo, denunció el geógrafo y analista de datos a nivel federal, Norberto Quiñones Vilches.
“Esto ya está fuera de control. ¿Cómo hay una sola compañía, West Indies Vacation Rentals, con 88 Airbnb en San Juan nada más? Ya el gobierno tiene que regular este sistema. Ubicar propiedades bajo plataformas como AirBnB en zonas turísticas solamente, o no dejar que compañías de responsabilidad limitada o ‘LLC’ compren viviendas en zonas residenciales. Hay soluciones, pero hay muchos intereses económicos que no dejan hacer el cambio”, manifestó Quiñones Vilches en entrevista telefónica.
El experto originó sus denuncias en las redes sociales y En Blanco y Negro con Sandra se comunicó con el especialista que evidenció con documentos, gráficas y análisis los hechos. De hecho, mirar el mapa interactivo lleno de puntos azules demuestra como si la zona de San Juan fuera arropada por los alquileres a corto plazo bajo empresas como Airbnb, Vrbo y otras.
Como parte del crecimiento acelerado de este negocio, en Puerto Rico ahora hasta organizan excursiones en guaguas con potenciales compradores para ir de pueblo en pueblo identificando áreas que van a ir comprando para convertirlos en alquileres a corto plazo. En Blanco y Negro con Sandra supo que una de estas organizaciones es la Real Estate Investors Association of Puerto Rico (REIA Rico). En su página en Internet, REIA Rico identifica inversionistas extranjeros bajo la Ley 60 (antes leyes 20-22) y les orienta para acaparar las llamadas Zonas de Oportunidad o adquirir hoteles o propiedades de alquiler a corto plazo y esquivar el pago de impuestos.
Los datos dicen una historia
“Resaltamos esos datos y los datos dicen una historia. Yo no tengo ningún interés político, sólo son los datos que encontramos y esto es preocupante”, dijo Quiñones Vilches, un analista de datos puertorriqueño que vive en la diáspora y trabaja con entidades privadas y del gobierno federal.
“Estábamos viendo los diferentes patrones que había en alquileres a corto plazo en Puerto Rico y nos topamos con una página que se llama AirDNA que baja la base de datos de AirBnB y Vrbeo y otras, busca por zip code, por pueblo, área y país. Los datos son impresionantes”, agregó.
En esa página, AirDNA dice que en San Juan nada más hay sobre 3,800 de esos alquileres. La empresa de Pierlusi es la que más posee (88), seguida de las empresas
The Dreamcatcher (36), Dream Inn PR & La Esmeralda PR (32), Qastle (27) y Mok Properties (25). La plataforma refleja que todas tienen aumentos de entre 18.9% y 125.% de crecimiento, por lo que todas esas empresas siguen añadiendo propiedades a sus respectivas carteras.
La empresa de Pierlusi, West Indies Vacation no sólo posee esas propiedades en San Juan, sino en Cabo Rojo, la zona oeste y también controla en Lajas. “Hace básicamente como si fuera un dueño de una cadena de hoteles, bajo otro sistema. Sigue siendo de los mayores con muchas propiedades en todo Puerto Rico”, dijo Quiñones Vilches.
En su perfil en la red LinkedIn, Pierluisi hijo aparece promoviendo el negocio de West Indies Vacation Rentals. Al mirar entonces esa página, se ven algunas de las propiedades que posee en la zona metropolitana y en el resto del país.
Negocio se sale de las manos
En julio pasado, la empresa Airbnb dio a conocer que en el 2021 generó sobre $300 millones en sus unidades de alquiler a corto plazo en Puerto Rico, y presentó un estudio que alegaba que sus huéspedes aportaron sobre $1,700 millones a la economía local en compras, actividades de entretenimiento, transportación y comida en restaurantes.
Según datos ofrecidos entonces por el director de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, la industria ha cambiado dramáticamente. En Puerto Rico hay 16,000 unidades de alquiler a corto plazo y la misma cantidad, es decir, existen otras 16,000 habitaciones de hoteles tradicionales.
“Este asunto de los alquileres a corto plazo se le está saliendo de las manos al Gobierno, pero al igual que pasa con la Ley 22 y de la forma en que los inversionistas están acaparando propiedades, ahora el Gobierno fomenta que inversionistas acaparen este negocio que nos afecta a nosotros los puertorriqueños”, sostuvo, por su parte Adrián González Costa, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño, y quien ha sido una de las voces más fuertes en el estudio y la denuncia por los desplazamientos de comunidades.
Entiende que el gobierno está “muy organizado” en esta gesta a favor de los extranjeros por encima de los puertorriqueños y dijo que, aunque esto se fomenta bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, también sucedió bajo el del Partido Popular Democrático y sus líderes avalan lo que pasa ahora.
Efecto igual a desplazamientos
“Con la famosa economía del visitante estamos cambiando el país para convertirlo en un lugar no donde vivimos sino uno donde ya no podemos vivir. Lo convierten en un país que otros nos visiten y el dinero no se queda aquí, se va de Puerto Rico, y la familia del gobernador está muy cerca de estas corporaciones que están acaparando el negocio. Es el Gobierno sirviendo de herramienta para desplazar a los puertorriqueños y crear competencias desleales”, acotó González costa.
Recordó sus denuncias por los desplazamientos hechos por empresarios de la Ley 60 en lugares como Puerta de Tierra, donde hay un solo desarrollador con más de 20 propiedades.
“Esto tiene dos efectos: propiedades donde ya no puede vivir nadie porque se dedican al alquiler, y segundo, alteran el precio en el mercado tanto de renta como de ventas, para que nosotros los mortales podamos comprar o alquilar”, dijo González Costa. “Cuando comencemos por indignarnos por estas cosas, vamos a cambiar al país. Desde la fiscalización, hasta llevar a otros al poder y tomar las decisiones como la han tomado contra el pueblo”.
Pero para puertorriqueños que no viven en la isla, este tipo de situación supone una carga adicional y más dificultades para regresar a Puerto Rico o venir de visita a ver familiares y amigos.
“Este tipo de situación afecta toda la zona residencial. Esto ha afectado amigos míos que han tratado de comprar casas y los precios suben. Otros han tenido que mudarse porque el dueño le triplicó el precio del alquiler para convertirlo en AirBnb. Ahora para personas como yo el visitar a nuestra familia en Puerto Rico es más caro. Antes una noche te podía costar como $100 en un hotel y así yo iba a visitar a mi familia. Ahora en estos sitios es mucho más caro. Es bien difícil para personas de clase media”, dijo Quiñones Vilches.
“El visitar a PR ahora es mucho más caro. Antes con $100 por noche yo me quedaba en un hotel, y visitaba a mis familiares. Ahora en este tipo de alquileres el promedio es de $400. Es duro para los puertorriqueños en la diáspora también”, agregó Quiñones Vilches.
