El candidato de la Alianza defendió la necesidad de mantener incentivos contributivos y abordar la transición energética en el foro de la Asociación de Industriales de Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – Durante su participación en el foro de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), presentó su visión sobre el desarrollo económico y la situación energética de la isla, al tiempo que criticó el manejo del bipartidismo en las últimas cinco décadas.
Dalmau se mostró en contra de eliminar incentivos contributivos para las industrias establecidas, argumentando que estas políticas han sido parte de acuerdos vigentes y han contribuido a mantener la competitividad de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones. Sin embargo, enfatizó la importancia de revisar los subsidios que no estén generando el impacto deseado en la economía o en la creación de empleos.
“No vengo a eliminar contratos contributivos para ser competitivos; vengo a colaborar con los industriales para ver de qué forma podemos fortalecer ese renglón de la economía”, afirmó.
El candidato también abordó el tema del impuesto mínimo global del 15%, el cual afectará a las empresas multinacionales en Puerto Rico a partir de 2025. Explicó que, sin un modelo claro para la transición, las empresas podrían verse obligadas a pagar este impuesto en otras jurisdicciones, afectando la estabilidad económica y laboral de la isla.
“Si no tenemos esta conversación, lo que va a ocurrir es lo mismo que con la eliminación de las 936: vamos a perder miles de empleos”, advirtió Dalmau, en referencia a la eliminación de los incentivos federales en la década de 1990 que impactó negativamente la industria manufacturera de Puerto Rico.
Dalmau advirtió que, de no tener este diálogo con las industrias, el impuesto mínimo global comenzará a aplicarse en enero de 2025 y podría afectar seriamente las operaciones de muchas empresas en la isla. Señaló que, si Puerto Rico no logra establecer un modelo de transición ante estas nuevas circunstancias, las empresas enfrentarán mayores costos operacionales, lo que podría derivar en la pérdida de empleos y oportunidades de inversión.
‘Esto no está escrito en piedra, pero si no tenemos el diálogo y establecemos un modelo económico adecuado, no vamos a poder ser competitivos bajo este nuevo sistema fiscal que entrará en vigor a nivel mundial’, enfatizó Dalmau.
En cuanto a la situación energética, Dalmau criticó la politización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y reiteró su intención de cancelar el contrato con LUMA Energy bajo las cláusulas de incumplimiento. Propuso crear un sistema energético más accesible y democrático, liderado por expertos y con una mayor participación de consumidores residenciales, comerciales e industriales.
“No se trata de apagar un interruptor y dejar al país sin luz; se trata de una transición ordenada para devolverle la estabilidad energética a Puerto Rico”, aseguró.
Dalmau también mencionó el impacto negativo del impuesto al inventario sobre los comercios locales, señalando que penaliza a los empresarios y afecta la capacidad de las empresas para mantener suministros críticos en caso de emergencias. “El impuesto al inventario afecta particularmente a sectores esenciales como salud y alimentación, y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país en momentos de desastre”, explicó.
Al finalizar su intervención, Dalmau insistió en la necesidad de un diálogo transparente y participativo con el sector privado para garantizar que las políticas públicas beneficien a toda la ciudadanía y no solo a sectores específicos. “El desarrollo económico de Puerto Rico no se puede basar en decisiones tomadas a puerta cerrada”, concluyó.
Propuestas de Dalmau presentadas en el foro:
- Mantener los incentivos contributivos vigentes para las industrias locales y extranjeras establecidas.
- Revisar subsidios ineficientes que no generan empleos ni crecimiento económico.
- Transición energética con la cancelación del contrato de LUMA Energy bajo las cláusulas de incumplimiento y establecimiento de un sistema energético democrático y accesible.
- Ofrecer beneficios no contributivos como subsidios para la implementación de tecnología de energía renovable, adiestramiento de mano de obra y cuido de niños para comunidades industriales.
- Revisar el impuesto al inventario que afecta negativamente a comercios locales, especialmente en sectores de salud y alimentación.
- Crear un modelo de transición ante el impuesto mínimo global del 15% para asegurar la competitividad de la isla y evitar la pérdida de empleos.
- Establecer un diálogo continuo con la industria para adaptar las políticas económicas y fiscales a los nuevos desafíos globales.
- Asegurar la participación de todos los actores económicos en la toma de decisiones, garantizando transparencia y despolitización de los procesos regulatorios y contributivos.
