Familiares, entidades y contratos cuestionables en el manejo de recursos públicos
SAN JUAN, Puerto Rico – La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe que destapa múltiples irregularidades en el manejo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), administrado por la Autoridad de Tierras (AT).
El informe, que abarca del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, detalla que la AT desembolsó $23 millones mediante 722 contratos, recursos que estaban destinados a financiar mejoras permanentes y servicios esenciales en los municipios.
El Contralor reveló que una parte significativa de esos fondos se utilizó de manera indebida, destacándose casos de favoritismo hacia familiares de empleados públicos, pagos irregulares a entidades sin fines de lucro y violaciones a la separación de poderes, con legisladores determinando el uso de los fondos.
Casos emblemáticos de incumplimiento
- Familiar favorecido:
Un pariente de una empleada del Programa de Infraestructura Rural (PIR) recibió $5,700 para gabinetes de cocina y $6,000 para un muro que nunca se construyó. Además, vivía en Carolina, cuando los fondos estaban destinados exclusivamente al distrito de Humacao. - Fondos no utilizados:
La madre de la misma empleada recibió $3,700 para puertas y ventanas en Cupey. Aunque el cheque fue cambiado con su firma y número de identificación, las compras no se realizaron. - Usos indebidos por entidades:
Dos entidades sin fines de lucro utilizaron los fondos para pagar alquiler y remodelar oficinas, en lugar de destinarlos a las comunidades, como estipulaban los contratos. - Desembolsos inconsistentes:
Cinco entidades recibieron $1 millón antes de que los fondos fueran procesados oficialmente o incluso después de que los contratos expiraron, comprometiendo la transparencia del proceso.
El trasfondo del caso
Desde marzo de 2022, EyBoricua.com ha documentado las irregularidades en el manejo del FMM. En “Agricultura noconcluye auditoría sobre FMM”, se reveló que la entonces directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, solicitó una auditoría especializada tras identificar problemas en los desembolsos. Sin embargo, su iniciativa fue bloqueada por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien contrató un bufete de abogados para realizar la auditoría, una decisión que generó críticas por la falta de experiencia en fiscalización de fondos públicos.
En “Él pensó que yo era un sello de goma y se dio cuenta de que no”, se expuso cómo Rivera Martínez fue removida de su puesto tras resistirse a decisiones cuestionables, lo que levantó serias dudas sobre las intenciones detrás de su despido.
Meses después, se destacó que la investigación legislativa avanzaba «a medias», como se documentó en “Investigación amedias en el Fondo de Mejoras Municipales”. El informe del Contralor ahora confirma y amplía estas denuncias, señalando un manejo descontrolado de fondos públicos.
Recomendaciones del Contralor
El Contralor emitió recomendaciones claras para corregir las irregularidades:
- Legislación correctiva:
Enmendar la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011 (Código de Rentas Internas) para eliminar la potestad de los legisladores de decidir el uso de fondos públicos asignados a la Rama Ejecutiva. - Recuperación de fondos:
Ordenar a la Autoridad de Tierras recuperar $1,488,121 de fondos mal utilizados por entidades relacionadas con proyectos o servicios incumplidos. - Sanciones legales:
Instar al Departamento de Justicia a evaluar los hallazgos y determinar posibles acciones legales contra los responsables. - Fortalecimiento de controles internos:
Implementar sistemas estrictos para registrar y fiscalizar los fondos devueltos por entidades sin fines de lucro, y garantizar el cumplimiento de los contratos.
El impacto del informe
El Fondo de Mejoras Municipales, financiado con el 20% del 5% del IVU, tenía como propósito atender necesidades críticas de infraestructura y servicios en los municipios. Sin embargo, el informe detalla cómo la falta de controles y la injerencia legislativa desviaron el uso de estos recursos, dejando a comunidades sin los beneficios esperados.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
