La violencia ha escalado a niveles peligrosos y raros en esta contienda, lo cual requiere una respuesta de la candidata a la gobernación, Jennifer González
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
Esto es un llamado a la no violencia, porque a la larga le va a reventar en la cara a quien la ejerce y a quien la permite. Si algo ha quedado meridianamente claro en estas últimas dos semanas de septiembre es el nivel de agresiones, cómo responden, actúan y lo que promueven ciertos candidatos. Donde más se observa esa violencia es entre los candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Podríamos decir que parece ser una táctica institucional que no se debería permitir, porque si así actúan los líderes, ¿qué se podrá esperar del pueblo?
La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o para imponerse sobre otros. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física para lastimar, dañar o, en grados extremos, matar a alguien. También se manifiesta en acciones verbales y gestuales para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien, así como en la inacción y el silencio para despreciar a quien piensa distinto. Todo esto lo hemos visto en un despliegue burdo en estas dos semanas. Vamos a los hechos:
- Caso de violencia doméstica de Humberto Cobo Estrella, candidato a alcalde del PNP en Carolina:
El 12 de septiembre, este candidato tuvo que entregar sus armas de fuego cuando se emitió una orden de protección en su contra por un incidente de violencia doméstica ocurrido en 2023, pero reportado este año por su expareja. Tuvo otro incidente cuando el periodista Rubén Sánchez lo sacó de su programa en WKAQ, estando al aire. Eso ocurrió cuando el político no quiso contestar a la pregunta de Sánchez, quien le mostró una foto en su celular y le preguntó si era la querellante en su contra.
La presidenta del PNP, Jennifer González, suspendió a Cobo Estrella de la presidencia del partido en Carolina. El caso está ante la Comisión de Mediación de Conflictos del PNP, que preside el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
- Caso de amenazas de muerte por Pablo Colón Santiago, candidato a alcalde del PNP en Ponce:
“Los voy a matar a todos”, supuestamente dijo Colón Santiago a un empleado del Municipio de Ponce que trabaja en la oficina de la alcaldesa interina, Marlese Cifre, y que presentó una querella en la Policía.
Colón Santiago no reaccionó a la querella, pero sí a un video que se difundió en un programa de Telemundo donde se recordaba un caso de hace 20 años, cuando él fue abogado de defensa de un maestro acusado de agresión sexual a una menor. Como parte de la defensa de su cliente, Colón Santiago parecía justificar la agresión sexual diciendo que “uno es humano”. El candidato del PNP emitió unas declaraciones escritas indignado por la “tergiversación” en el programa y lo atribuyó a una campaña bajuna de la alcaldesa popular. Jennifer González y el liderato del PNP no se han expresado sobre este caso.
- Caso de Bad Bunny y sus billboards:
Tan pronto comenzaron a aparecer los “billboards” con mensajes como “Quien vota PNP no ama a Puerto Rico” o “Votar por el PNP es votar por la corrupción”, se desató el caos, la rabia y el pánico entre los estadistas. Al revelarse que los había puesto el artista internacional Bad Bunny, la furia se dirigió hacia él y múltiples funcionarios del PNP exigieron que el cantante y la empresa de billboards fueran multados por poner anuncios políticos sin atribución.
Bad Bunny se adjudicó los anuncios y añadió el texto: “Anuncio pagado por Benito Antonio Martínez Ocasio… un puertorriqueño que sí ama a Puerto Rico”. Siguieron las críticas por parte de legisladores del PNP y, de repente, alguien del gobierno comenzó a filtrar a la prensa y en las redes sociales la información confidencial de los decretos contributivos de Bad Bunny. Esto es algo que múltiples periodistas han pedido de otros empresarios bajo la Ley 20-22, pero el gobierno nunca lo ofrece. No es casualidad que se respondió al anuncio con el golpe de divulgar información privada. Eso también es violencia, aunque a Bad Bunny, francamente, no le importó.
Nadie en el PNP dijo nada sobre la filtración de esa información sobre ese puertorriqueño, mientras protegen a los extranjeros en iguales condiciones.
- Caso de Thomas Rivera Schatz y su respuesta:
La respuesta directa a los billboards de Bad Bunny la dio el senador Thomas Rivera Schatz. Le contestó con un anuncio en una valla electrónica de un negocio en Santurce que decía: “El 5 de noviembre ¡barremos! ¡Para que Benito mame! Vota íntegro PNP”. Se refería a la palabra “mame”, que es peyorativa y se refiere a la acción de succionar el pene, con una connotación obscena. La cuestión es que ese anuncio no tenía los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y se hizo sin pagar multas ante la Junta de Planificación.
Nadie en el PNP dijo nada sobre Rivera Schatz. Esto demuestra que aplauden el lenguaje soez que critican, incluso en las canciones de Bad Bunny, pero no si viene de Rivera Schatz.
- Amenaza de muerte por Gregorio Matías:
Siguiendo con el caso de los billboards, el senador Gregorio Matías fue al programa Lo Sé Todo en Wapa TV y amenazó de muerte a Bad Bunny: “Lo vamos a silenciar”, “Nos vamos a comer el conejo en la Calle 13 en Trujillo Alto”, dijo Matías, entre otras amenazas, mientras que el excontratista del gobierno y ahora comentarista, Kike Cruz, se reía y le extendía la mano.
Recordemos que Matías tiene un historial de violencia y que fue por sus acciones que la Policía de Puerto Rico cayó en sindicatura. Cuando era policía, Matías y otros agentes apalearon a un ciudadano dominicano que demandó al gobierno. Sus palabras en televisión son una amenaza directa de hacerle daño al cantante. Resulta sorpresivo cómo un canal de televisión permite este tipo de discurso, pero lo más sorprendente es que nadie diga nada al respecto.
- Wanda Vázquez, alambrada:
Mientras todo esto ocurría, la semana terminó con la noticia de que la exgobernadora Wanda Vázquez se alambró para grabar a Rivera Schatz y a Jennifer González, tras los eventos del Verano del 2019. Eso fue cuando Pedro Pierluisi juramentó de manera ilegal como gobernador y fue destituido a los 4 días por el Tribunal Supremo. Todo esto se da en el contexto del caso que Vázquez enfrenta junto al banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark Rossini. Esto demuestra la violencia institucional e intrapartido. No solo quiso ser gobernadora, sino que se alambró para tratar de pillar a sus correligionarios. Al final, es ella quien enfrenta los cargos y tiene un caso federal. Pero nada de esto deja de ser violento. Es traicionar a los mismos suyos por salir bien.
¿Cuántos otros candidatos políticos estarán alambrados ahora mismo? ¿Por qué el pueblo no se entera a tiempo, antes de votar? ¿Acaso quieren violencia?
Todos estos casos nos muestran un mapa claro del nivel de corrupción política y hasta moral de ciertos sectores en este proceso electoral. Hace preguntarse si la violencia es un sinónimo de desesperación. ¿Tienen miedo de que estén bajando en los números electorales? ¿Acuden a la violencia porque sienten que están contra la pared y que hay peligro electoral? ¿Es desesperación ante los partidos minoritarios o ante el desgaste natural y el hastío de los electores? Jennifer González se tiene que expresar sobre todo eso, porque tolerarlo la hace cómplice.
“La violencia es el último recurso del incompetente”, decía el humanista y escritor Isaac Asimov. Y como decía Martin Luther King: “Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”. En ese sentido, una no se puede callar. Callarse ante esa violencia nos hace cómplices, y todavía nos faltan varias semanas para las elecciones. No podemos darnos el lujo de permitir tanta violencia.
No nos podemos acostumbrar a este nivel de violencia política. ¡Ya está bueno!
