Aumentos de hasta 49% en tarifas eléctricas afectarán la economía y los sectores productivos de Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – Expertos en economía y derecho advirtieron hoy que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) conllevará un fuerte impacto en las tarifas eléctricas, con aumentos de hasta un 49% en los próximos años, lo que podría agravar la crisis económica de Puerto Rico.
Durante un foro celebrado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, organizado por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) y el Junte Multisectorial, los ponentes expusieron las posibles consecuencias económicas y sociales para los consumidores y la economía de la isla.
La conferencia, moderada por Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, contó con la participación del economista Dr. Ramón Cao, el abogado Fernando Agrait, y el licenciado Rolando Emmanuelli.
Uno de los puntos más alarmantes discutidos fue el impacto directo sobre las tarifas eléctricas.
El economista Cao presentó un análisis detallado en el que mostró cómo las tarifas eléctricas de Puerto Rico ya son considerablemente más altas que en otras partes de Estados Unidos, con un 30% más que el promedio de tarifas a nivel nacional.
Con los aumentos propuestos, las tarifas residenciales podrían elevarse en un 45.87%, las comerciales en un 46.49%, y las industriales en un 49.28%.
Estos incrementos incluyen el Legacy Charge de 1.01 centavos por kilovatio-hora para clientes residenciales, y 1.86 centavos para comerciales e industriales. Además, se aplicará un cargo de 2.39 centavos por kilovatio-hora para financiar el fondo de retiro de empleados, sumado a otros cargos adicionales que podrían llevar las tarifas a 33.20 centavos por kilovatio-hora para clientes residenciales y 35.57 para comerciales, superando las tarifas promedio de EE.UU.
Cao también comparó las tarifas actuales con las de varias regiones de EE.UU. En Puerto Rico, la tarifa residencial es de 22.76 centavos por kilovatio-hora, mientras que en el Atlántico Sur de EE.UU. es de 12.25 centavos. Con los aumentos propuestos, las tarifas en Puerto Rico serían el doble del promedio estadounidense.
El incremento de las tarifas no solo afectará a los consumidores, sino que tendrá un impacto profundo en la inflación y la competitividad de los sectores productivos de la isla.
Según Cao, los costos de los insumos para sectores como la manufactura, la construcción y el comercio podrían aumentar entre un 2.28% y un 7.67%.
“La inflación en Puerto Rico podría alcanzar un 7% debido a estos incrementos, lo que afectará directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y encarecerá los productos básicos”, afirmó Cao.
Entre los sectores más afectados se encuentra la manufactura, que vería un aumento en sus costos de producción del 3.66%, y el comercio al por mayor y al detal, con un incremento del 7.67%, lo que se traduciría en precios más altos para los consumidores.
La “espiral de muerte” de la AEE
Otro de los temas críticos abordados fue la reducción sostenida en el consumo de electricidad en Puerto Rico, que se ha visto disminuido desde 2007, en parte por la contracción económica y la migración poblacional.
Cao advirtió que este patrón, sumado a los constantes aumentos en las tarifas, podría desembocar en una “espiral de muerte” para la AEE. Este concepto describe el ciclo en el que los aumentos tarifarios reducen el consumo eléctrico, lo que a su vez obliga a nuevos aumentos para cubrir los costos fijos de la AEE, lo que genera una situación insostenible para la corporación pública y los consumidores.
“El consumo de electricidad sigue disminuyendo, y los costos fijos permanecen altos, lo que forzará a la AEE a aumentar las tarifas una y otra vez, afectando gravemente a los sectores productivos y a la población en general”, indicó Cao.
Además, se mencionaron las frecuentes interrupciones en el servicio eléctrico, que afectan tanto a consumidores residenciales como a empresas. Cao resaltó que los apagones y la falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica son factores adicionales que contribuyen al ciclo de crisis de la AEE.
«Las interrupciones son más frecuentes ahora que antes de la llegada de LUMA», añadió el economista.
Privatización y el manejo de la AEE
En relación a las privatizaciones, Cao presentó una evaluación crítica del proceso que ha seguido la AEE en los últimos años. A pesar de que algunas privatizaciones han sido exitosas, como las de Metropistas y el aeropuerto, el economista argumentó que la administración privada del sistema eléctrico no ha dado los resultados esperados en términos de mejoras en el servicio ni en la reducción de tarifas.
“El sector privado no ha hecho las inversiones necesarias, y el pueblo sigue enfrentando altos costos sin ver mejoras significativas en el servicio”, señaló.
Cao explicó que la privatización de la AEE, tal como está estructurada, no sigue los principios que han garantizado el éxito en otros casos, como la inversión de fondos propios por parte de las empresas privadas y la competencia en el mercado.
El foro concluyó con un consenso sobre la gravedad de la situación: los aumentos en las tarifas energéticas son inevitables, pero su implementación, sin una estrategia clara que resuelva los problemas estructurales de la AEE, no hará más que agravar la crisis económica que enfrenta Puerto Rico.
Críticas hacia la Junta de Supervisión Fiscal
Durante el foro, los abogados Agrait y Emmanuelli dedicaron gran parte de sus intervenciones a denunciar lo que consideran una gestión ineficiente y perjudicial de la Junta de Supervisión Fiscal en el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.
Agrait centró sus críticas en la falta de una estrategia a largo plazo que contemple el bienestar del país y no solo el pago a los acreedores. “La Junta ha adoptado un enfoque exclusivamente financiero, ignorando completamente el impacto que estos aumentos en las tarifas tendrán sobre la economía real de Puerto Rico».
Señaló que la JSF está imponiendo un plan que, además de cargar a los consumidores con un Legacy Charge, no aborda los problemas estructurales de la AEE ni los fallos en la gestión del sistema eléctrico.
“No se están realizando estudios serios sobre la elasticidad de la demanda, lo que significa que no saben hasta qué punto estos aumentos provocarán que los consumidores, simplemente, consuman menos. Esto pone en marcha un ciclo vicioso de caída en ingresos, más aumentos, y más empobrecimiento de la población», denunció el abogado.
Agrait también hizo hincapié en el hecho de que la Junta no ha promovido medidas que modernicen la infraestructura eléctrica o que apuesten por una energía más asequible. “Lo único que se está haciendo es aumentar la deuda y trasladar ese costo al pueblo de Puerto Rico sin ninguna mejora tangible en el servicio. La Junta ha demostrado una desconexión total con la realidad social y económica de Puerto Rico”, dijo.
Emmanuelli fue aún más contundente en sus críticas, acusando a la JSF de actuar de forma deliberada para favorecer al capital financiero a costa del pueblo puertorriqueño.
“La Junta está haciendo acuerdos a puerta cerrada con los bonistas, dividiendo a los acreedores y alcanzando arreglos que no benefician a Puerto Rico”, expresó Emmanuelli. Destacó que, desde el 2008, la AEE no ha generado ingresos netos, lo que, según las reglas de quiebra, significa que los bonistas no deberían recibir pagos garantizados.
“Lo que está ocurriendo aquí es una burla. La JSF está beneficiando a los bonistas a sabiendas de que no deberían recibir un centavo más allá de los ingresos netos, que son cero. Sin embargo, continúan otorgándoles acuerdos ventajosos a costa del pueblo”, afirmó.
Emmanuelli añadió que la Junta ha fallado en su misión principal de guiar a Puerto Rico hacia una recuperación fiscal sostenible. “La JSF ha transformado este proceso en un juego de poder entre los intereses financieros y el gobierno, donde los perdedores siempre son los consumidores. La deuda se sigue reestructurando de manera que el pueblo cargue con la mayor parte del peso, mientras los bonistas salen beneficiados”, sentenció.
Ambos abogados coincidieron en que la Junta no ha atendido el problema de fondo: la crisis estructural de la AEE. Sin una estrategia que incluya modernización, eficiencia energética y un sistema tarifario justo, la reestructuración solo prolongará la crisis, advirtieron.
Dañina la falta de transparencia
Uno de los temas recurrentes durante el foro fue la falta de transparencia en el manejo de información clave relacionada con la AEE, LUMA Energy y Genera PR.
Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, subrayó que millones de dólares han sido pagados a consultores para gestionar la reestructuración de la deuda, pero la información que estos consultores manejan no ha sido accesible al público.
“El pueblo está costeando estos consultores, pero la información sigue siendo confidencial. Esto nos deja en un ciclo de dependencia, sin poder aprender de los errores y evitando que las instituciones públicas se fortalezcan”, enfatizó.
Agrait también criticó la manera en que LUMA y Genera PR han manejado la información, solicitando constantemente confidencialidad sobre datos que, en otros contextos, son públicos.
«La información sobre el sistema eléctrico es del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, LUMA y Genera esconden datos cruciales bajo la excusa de confidencialidad, y el Negociado de Energía ha permitido que esto ocurra», dijo Agrait.
Además, resaltó cómo el Negociado de Energía ha fallado en exigir que se abra esta información al público, dificultando el acceso a los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre el futuro del sistema eléctrico en la isla.