El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, sometió una querella en Ética Gubernamental contra Antonio López Figueroa por la controversia sobre exámenes de ascenso de los policías
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Sigue la pugna. El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, refirió a su subalterno, el jefe de la Policía Antonio López Figueroa, y al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) ante la Oficina de Ética Gubernamental por la controversia que persiste sobre cómo se dieron los exámenes de ascenso de los agentes.
En dos cartas en poder de este medio se evidencia que Torres radicó una querella formal porque vio la “amplia, contundente y alarmante evidencia” de traqueteos en los exámenes para el rango de sargentos.
Esto corrobora lo que EN BLANCO Y NEGRO viene publicando hace meses en torno a la lucha de poder que no cesa en la Policía y las irregularidades en los asensos.
En una carta ponchada el pasado 4 de septiembre, Torres le indica al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, que había recibido a la mano varios documentos por parte de un grupo de agentes de la Policía que presentaban alegadas violaciones éticas por parte de miembros del propio Negociado.
Seis días después se concretó la querella. El 10 de septiembre, Pérez Vargas recibió el referido formal para la evaluación de las alegaciones. Entre otras cosas, la carta confirma que en el NPPR, adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) hubo irregularidades con los exámenes de ascenso.
“Hacemos este referido para análisis de su Oficina, toda vez que se nos ha traído a nuestra atención alegadas irregularidades por parte del NPPR en el manejo de los procesos de exámenes de ascenso tanto para el rango de Sargento como para el rango de Teniente”, sostuvo Torres en la carta.
“De conformidad con el debido proceso de ley, varios MNPPR que no aprobaron los exámenes impartidos presentaron apelaciones ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Allí han presentado sus posturas y hecho referencia al manejo que hace el NPPR de impartir y corregir exámenes, así como a las notas finales y los trabajos en ascenso realizados”, añadió.
La carta añade un documento titulado “Impugnación del Examen de Teniente 1, Convocatoria 2024-1, del 4 de mayo de 2023”.
“Existen alegaciones sobre el manejo de los procesos que estimamos necesario, sean evaluados por personal de la oficina que usted dirige”, añade Torres.
Trasfondo de irregularidades
El 26 de abril en este medio se reveló que el juez federal Francisco Besosa, degradó a 12 capitanes de la Policía al puesto de teniente porque fueron ascendidos violando el debido proceso de ley. En el 2015 habían tomado un examen de ascenso y se colgaron, por lo que los obligó a volver al rango original y a repetir el examen.
Los 12 tenientes degradados que ocupaban ilegalmente el puesto de capitán eran: Olvin Aulet-Maldonado, Héctor Natal-Santiago, Edgardo González Feliciano, Mary Bell Maldonado Ortiz, Luis López López, Luis A. García Castro, Miguel González Rodríguez, Joaquín De la Cruz Santiago, Rosa M. Sánchez-Ortiz, Javier Requena-Mercado, Blanca Pérez Colón y Edgar Sánchez Caro.
“Al otorgar puntos a 12 tenientes para ascender al rango de capitán de manera arbitraria, caprichosa o discriminatoria, los demandados violaron el decreto por consentimiento, obstaculizaron la selección de candidatos calificados y socavaron la confianza en los ascensos actuales y futuros en todos los niveles”, establece la orden judicial.
Entre otras cosas, el juez Besosa determinó que ahora la Policía utilizará exámenes escritos competitivos como componente del proceso de selección para otorgar ascensos en todo el rango de Capitán.
El juez además ordenó a los tenientes a tomar un adiestramiento de sobre 80 horas. El curso normal para el ascenso a capitán es de 40 horas. Además, les ordenó presentar un plan de capacitación y evaluaciones anuales de desempeño de esos capitanes, que deberán reportar al Monitor federal de la Reforma de la Policía, John J. Romero. Pero, a pesar de esa decisión del juez Besosa, los problemas en la Policía continuaron.
Rol de Gregorio Matías
El 6 de mayo EN BLANCO Y NEGRO dio a conocer las quejas de una serie de policías que denunciaron que el senador novoprogresista Gregorio Matías aparecía en la lista de los que estarían tomando el examen de asenso para el rango de Teniente II y encontraron que el senador aparecía como si hubiera estado tomando el examen, sin estar presente.
El nombre de Gregorio Matías, con la placa #19940, aparecía en la lista tomando el examen con el número de control JEA -2344 como uno de los presentes en el salón #10. Esta es la lista oficial con los nombres, placas y otros datos personales de los policías.
La lista en poder tiene todos los nombres, apellidos, números de placa y el número del control que se le asigna para poder recibir el examen en ese salón, ese día. La lista también incluye las direcciones electrónicas de los policías, que no se publicaron por seguridad.
El senador no contestó ninguna de esas preguntas que surgen a raíz de la denuncia hecha por media docena de policías, porque no contestó las llamadas a su teléfono personal este fin de semana.
Ese mismo 6 de mayo trascendió que el juez Besosa, quien supervisa la Reforma de la Uniformada, estaba enterado de las irregularidades examen de ascenso en la Policía cuando policías denunciaron que el senador Matías aparecía en la lista sin haber tomado el examen. El problema principal es que se identificaron “serias irregularidades” en la cadena de custodia del examen para subir de rango entre los policías.
Distintos agentes habían denunciado a este medio que fueron ante la Junta de Exámenes de Asenso a tomar el examen de rango de Teniente II y encontraron que el senador Gregorio Matías aparecía en la lista como si hubiera estado tomando el examen, sin él estar presente. El senador estaba haciendo campaña política.
Pero de la investigación se corroboró que el nombre de Gregorio Matías Rosario, con la placa #19940, aparecía en la lista tomando el examen con el número de control JEA -2344 como uno de los presentes en el salón #10. Esta es la lista oficial con los nombres, placas y otros datos personales de los policías. Pero Matías no estuvo tomando el examen.
Para que el senador Matías hubiera estado en la lista, y apareciera un examen como si lo hubiese tomado, el debió haberlo solicitado, según las fuentes.
Los policías que denunciaron a este medio la situación, incluso, fueron a querellarse ante varios alcaldes del PNPE. Están indignados.
Axel Valencia, director de Prensa de la Policía, confirmó que hubo ese examen, pero dijo que buscaría información sobre los asistentes. Explicó que cuando oficiales de la Policía no pueden asistir a un examen para cambiar de rango, se les provee un examen distinto en fechas posteriores.
Este nuevo escándalo que sacude a la Policía sucede a menos de dos semanas de 12 capitanes fueran degradados al rango de teniente por falsificar exámenes.
Quién provocó la reforma
La reforma de la Policía data del año 2008 a raíz de una serie de denuncias por patrones de abusos y violaciones de derechos civiles cometidos por los agentes. El caso que precipitó esa reforma fue provocado por el hoy senador del Partido Nuevo Progresista, Matías.
Para agosto del 2006 el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario llegó hasta el bar Los Cristales en Río Piedras, donde se encontró a un agente de la Policía que vociferaba comentarios racistas y xenófobos contra la comunidad dominicana. Santos Rosario le pidió respeto al agente, que resultó ser Matías y quien estaba fuera de servicio. Esto provocó que Matías se encolerizara, llamó a una patrulla y desenfundó su arma de reglamento.
Para evitar problemas, Santos Rosario decidió salir del lugar, pero Matías empezó a perseguirlo, le disparó varias veces, haciendo que cayera al piso.
En ese momento llegaron otros policías y entre todos apalearon al dominicano. El ciudadano demandó al gobierno por $3.5 millones y terminó en una transacción confidencial. Matías hoy es senador PNP.A partir de la reforma se han multiplicado las denuncias de abusos cometidos por agentes de la Policía, muchos de los cuales han sido denunciados por organizaciones civiles como Kilómetro 0.
