Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), doctor Víctor Ramos Otero, sostuvo que los médicos del país están es espera de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firme el Proyecto del Senado 1620, que extiende hasta el 31 de diciembre el término para que los médicos generalistas y otras especialidades, puedan certificarse y solicitar un decreto de exención contributiva a la tasa preferencial de 4%.
La medida también le ordena al secretario de Hacienda identificar los ingresos necesarios para que el costo de la tasa preferencial de 4% a los médicos sea “fiscalmente neutral”, lo que implica que la cantidad de dinero que dejará de recibir el Fondo General por la tasa preferencial se debe obtener de otras fuentes para evitar deducirlo del presupuesto del gobierno.
Según Ramos Otero, la Junta de Supervisión Fiscal había señalado que no estaba en contra de la tasa preferencial del 4% a los médicos, pero sí había indicado que la exención contributiva requería que el gobierno reintegrara al Fondo General unos $40 millones, que es el costo del alivio, identificando nuevos ingresos o reduciendo gastos.
La exención contributiva concedida con la tasa preferencia del 4% fue incluida en el Código de Incentivos a finales de abril, con la aprobación de la Ley 47-2020.
“Se ha dicho que el costo de la exención es $40 millones. Yo no sé de dónde salen esos números. Los sabe Hacienda, que es quien conoce las planillas de los médicos que se podrían beneficiar”, dijo Ramos Otero.
La aprobación de Ley 47 en abril pasado, que incluyó en el Código de Incentivos a los médicos generalistas, optómetras, quiroprácticos, audiólogos y podiatras, respondió que estos profesionales quedaron excluidos de la Ley 14 del 2017 o Ley para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos.
Esta ley estableció la tasa preferencial de 4% para un grupo selecto de médicos especialistas que estaban abandonando el país debido a las dificultades económicas y a las atractivas ofertas realizadas desde diversos hospitales en los Estados Unidos.
Ramos Otero indicó que era necesario incluir a los médicos generalistas y las otras especialidades entre los beneficiados por la tasa preferencial del 4%, debido a que las atractivas ofertas salariales realizadas desde los Estados Unidos amenazaban con colocar en peligro los servicios de salud en la isla por la escasez de médicos.
Alegadamente, las ofertas después del huracán María ascienden a más de $200,000 anuales y en determinadas especialidades superan los $350,000 anuales.
Indicó que el beneficio contributivo estaría accesible para cerca de 6,000 médicos, de un universo de 9,000 de estos profesionales que existen la isla.
Hasta ahora la administración de la gobernadora Wanda Vázquez no ha informado cómo se financiará el estimado de $40 millones que costará la tasa preferencial del 4% para el nuevo grupo de médicos que incluyó la Ley 47.
Ramos Otero explicó que al acogerse a la tasa preferencial, los médicos se comprometen a continuar ejerciendo la profesión en el país durante 15 años.
“Yo creo que los médicos más viejos serían los que no se acogerían a la tasa preferencial porque quizán considerán que no estarán trabando 15 años más. Yo creo que los médicos jóvenes se acogerán al beneficio”, dijo.
Ramos Otero dijo que existen algunos bufetes de abogados que ofrecen el servicio de ayudar a los médicos a cumplir con los requisitos que exige el DEC y que el costo total, incluyendo los arbitrios del gobierno por diversos conceptos, asciende a $4,000 por cada médico que solicite el beneficio.
El Proyecto 1620, presentado en el Senado por petición, sostiene en la exposición de motivos que era necesaria la extensión del periodo hasta el 31 de diciembre porque la Ley 47 estableció que el término para solicitar el decreto de exención finalizó el pasado 30 de junio de 2020.
También señala que a consecuencia del cierre del gobierno por la emergencia del coronavirus, los médicos estuvieron impedidos de conseguir toda la información y documentos para cumplir con todos los requisitos que exige el Departamento de Desarrollo Económico y Comercios (DEC), que es la agencia encargada de conceder los decretos de exención contributiva.
La medida agrega que por la emergencia del coronavirus, los médicos no pudieron “enmendar y corregir asuntos relacionados a deudas, planes de pagos y otros errores que se generan en los sistemas de data de las distintas oficinas gubernamentales”.
Señala, además, que con la apertura del gobierno “muchos profesionales que cualifican para los incentivos contributivos se verían impedidos de poderlos presentar en el término actual del 30 de junio de 2020”.
