La nueva presidenta Vivian Godineaux Villaronga lidera la creación de una comisión especial para realizar una evaluación jurídica exhaustiva de los contratos, con el fin de proteger los intereses del pueblo
SAN JUAN, Puerto Rico – En su primera conferencia de prensa como presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga anunció la creación de una comisión especial para la evaluación jurídica de los contratos de LUMA Energy y GeneraPR.
La presidenta estuvo acompañada por la primera vicepresidenta del Colegio, la licenciada Yanira Reyes Hil, y el segundo vicepresidente de la Junta de Gobierno, el licenciado Kevin Miguel Medina Rivera, además de otros miembros de la comisión, que está compuesta por abogados y abogadas con amplia experiencia en obligaciones, contratos y asuntos energéticos, incluyendo a la Lcda. Margarita E. García Cárdenas, Lcda. María T. Alicea Pierantoni, Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, Lcda. Zoé C. Negrón Comas, Lcdo. Fernando Agrait Betancourt, Lcdo. Alejandro Torres Rivera, Lcdo. Luis R. Santini Gaudier, y el Lcdo. Julio E. Fontanet Maldonado.
«Es nuestra responsabilidad, como Colegio, velar que los recursos y servicios esenciales al pueblo sean administrados de manera justa, eficiente y conforme a los estándares legales», expresó Godineaux Villaronga, destacando la importancia de la comisión como un primer paso en su administración.
Explicó que la comisión analizará la posible nulidad de los contratos con LUMA Energy y GeneraPR, evaluando si estos podrían ser nulos por violar leyes, principios de moral y orden público.
«La nulidad de un contrato de esta magnitud tendría implicaciones profundas para la administración pública y para los derechos del pueblo puertorriqueño», indicó. Además, la comisión estudiará si los contratos pueden ser cancelados conforme a sus cláusulas y condiciones, y analizará las consecuencias legales de una posible cancelación.
«Esta comisión especial es una medida necesaria y urgente para proteger los intereses de Puerto Rico», afirmó la presidenta.
Se espera que la evaluación jurídica proporcione claridad sobre la legalidad y viabilidad de los contratos, sirviendo como base para cualquier acción futura en defensa del bien común.
El informe de la comisión deberá estar listo en un plazo no mayor a 30 días, lo cual permitirá tomar decisiones informadas en un tiempo razonable.
«Confiamos en que esta comisión contribuirá de manera decisiva a restaurar la confianza en el sistema energético de Puerto Rico y a garantizar que las decisiones tomadas estén siempre alineadas con los mejores intereses de nuestro pueblo», concluyó Godineaux Villaronga.
Finalmente, la presidenta instó a otros colegios profesionales a que, desde sus áreas de especialidad, desarrollen iniciativas dirigidas a asegurar que el pueblo tenga servicios esenciales de calidad.
«Instamos a otros colegios profesionales hermanos a que, desde sus áreas de especialidad, desarrollen iniciativas dirigidas a asegurar que nuestro pueblo tenga servicios esenciales de calidad que permitan una vida digna», exhortó.
El propósito del estudio y el informe resultante será compartirlo con los líderes políticos, la legislatura, el ejecutivo, y hacerlo disponible al público a través del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
