La Agencia de Protección Ambiental sanciona a la central de carbón en Guayama, mientras crecen las demandas para revertir el rescate financiero otorgado a la empresa y clausurar sus operaciones
San Juan, Puerto Rico – La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) finalizó un acuerdo con Applied Energy Systems Puerto Rico, LP (AES), que obliga a la empresa a operar monitores y pagar una multa de $3.1 millones por múltiples violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio (CAA) en sus instalaciones de Guayama.
El acuerdo surgió tras descubrirse que AES no monitoreaba ni reportaba adecuadamente las emisiones de mercurio, partículas y ácido clorhídrico, como lo exige la normativa federal.
Como parte del acuerdo, AES instaló dos nuevos monitores de mercurio para mejorar el control de sus emisiones tóxicas, y se comprometió a publicar sus informes de cumplimiento en su página web para mayor transparencia.
Sin embargo, la sanción de la EPA no ha sido suficiente para acallar las críticas locales. Víctor Alvarado Guzmán, candidato al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Alianza, alzó la voz en contra de AES, subrayando que esta multa es solo el último eslabón en una larga cadena de violaciones ambientales que han afectado gravemente la salud de las comunidades aledañas.
«Esta planta de carbón, la más contaminante de Puerto Rico, debió ser apagada hace años. Su impacto en la salud pública ha sido devastador, con numerosos casos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de la piel en las comunidades cercanas», afirmó Alvarado Guzmán, quien también criticó el rescate financiero de $7,500 millones otorgado por el Gobierno a la corporación, que permite mantener en operación la planta hasta 2027.
El líder del PIP, arrestado en 2016 por protestar contra el transporte de cenizas tóxicas de AES, pidió al Gobierno que revierta el rescate financiero y cierre de inmediato la planta de carbón, responsabilizando a la empresa por el «desastre ambiental y de salud» causado en la región.
Estudios realizados en 2016 por la Universidad de Puerto Rico ya habían advertido de los altos índices de enfermedades graves en las comunidades cercanas a la planta, evidencias que refuerzan la urgencia de tomar medidas más drásticas contra AES.
Mientras la EPA continúa evaluando el cumplimiento de la planta con otras leyes ambientales, la comunidad y líderes locales siguen demandando acciones más contundentes para proteger la salud y el bienestar de los residentes de Guayama y áreas vecinas.
