San Juan, Puerto Rico – Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) reveló un informe titulado «Políticas que Desplazan: Barreras para las Mujeres Trabajadoras», que retrata la precaria e injusta realidad en la que han estado viviendo las mujeres trabajadoras en la isla y contradice la percepción de que la legislación laboral actual es suficiente.
El informe fue comisionado a ProMadres, una iniciativa que promueve el análisis de estadísticas y políticas públicas relacionadas con las madres trabajadoras.
El informe se basa en datos de diversas fuentes oficiales, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro como ALPR, y se ubica en el contexto del retroceso de los derechos laborales, la precarización de los servicios públicos, el impacto de la austeridad y la Junta de Supervisión Fiscal, el aumento en el costo de bienes y servicios básicos y los desplazamientos. A partir de ahí, denuncia la falta de recopilación de datos sobre mujeres y trabajo en Puerto Rico, así como la invisibilización de las necesidades de mujeres trabajadoras en relación al cuido, lactancia, salud, discrimen y equidad salarial.
“Este informe, a meses de las elecciones, es una exigencia coordinada para que las plataformas atiendan las necesidades y el desarrollo económico y profesional de las mujeres trabajadoras como prioridad. Luego de casi una década en defensa del derecho a permanecer, Ayuda Legal Puerto Rico auspicia esta herramienta con el fin de visibilizar que la inseguridad e inequidad laboral también desplazan, particularmente a las mujeres. Lo vimos durante la pandemia, cuando ante la falta de cuido, las mujeres tuvieron que abandonar sus empleos y nadie atendió adecuadamente esa situación. Lo vemos hoy, cuando las mujeres son quienes ocupan la mayoría de los puestos peor pagados en el mercado. Necesitamos política pública contundente”, afirmó la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico.
Por su parte, la licenciada Nicole Díaz González, fundadora de ProMadres y a quien se comisionó el informe, señaló que «incluso este trabajo es cuesta arriba porque en Puerto Rico, a pesar de que hay una ley que así lo dispone, la mayoría de las estadísticas no se segregan por género. A las mujeres se nos agrupa con los hombres como si tuviéramos las mismas circunstancias y experiencias cuando ya sabemos que no es así. Como producto de los roles de género y la forma en que se organiza la sociedad, tenemos cargas y barreras adicionales que tienen que ser tomadas en cuenta si vamos a aspirar a una vida digna y a permanecer en nuestro País en condiciones adecuadas. Lo que queremos hacer con este informe es precisamente llamar la atención sobre los efectos que esas cargas y barreras tienen sobre nuestras vidas y sobre la necesidad de evaluar y proponer políticas públicas con perspectiva de género no sólo para beneficio de las mujeres, sino para el de toda la sociedad puertorriqueña».
En Puerto Rico hay 820,788 hogares familiares y casi la mitad de ellos son liderados por una mujer sola. El 38% de los hogares familiares viven bajo el nivel de pobreza. De los 136,503 hogares liderados por una jefa de familia sola activa en la fuerza laboral, el 47.2% vive bajo el nivel de pobreza. En 79,505 de estos hogares, la jefa está empleada a tiempo completo y aun así, 27.3% de estos estaban bajo el nivel de pobreza.
La mediana de ingresos de hogares familiares se estima en $29,544, pero para familias lideradas por una mujer sola es de $18,862 y se reduce a $12,840 cuando hay hijos menores viviendo en el hogar. En comparación, la mediana de ingresos en hogares matrimoniales es de $39,637 y aumenta a $49,122 si tienen menores de edad.
El 57.2% de los hogares no familiares, o sea, de persona sola o con otros que no son familiares, y dirigidos por una mujer están bajo el nivel de pobreza. La mediana de ingreso de mujeres que viven solas se estima en $12,185, mientras que la de hombres que viven solos es de $15,343.
En cuanto a la vivienda, el Conteo de Personas Sin Hogar 2023 reveló que las mujeres constituyen el 26% de la población sin vivienda en Puerto Rico, lo que representa un aumento con respecto al 10% que existía en 2010. La mayoría de las mujeres sin hogar están entre las edades de 35 a 44 años. Las razones principales para el sinhogarismo femenino son la violencia de género (37.1%), el uso de drogas y alcohol (34.1%), problemas familiares (24.6%), problemas financieros o económicos (18%), problemas de salud mental (17.4%), desempleo (9.6%), desastres naturales u ocasionados por el ser humano (5.4%) y desahucio (4.8%).
En los derechos y condiciones laborales, como lactancia y licencia de maternidad, ha habido retrocesos. “Ante la inexistencia de estas alternativas en Estados Unidos, parecería que la legislación puertorriqueña es muy de avanzada. Sin embargo, aún está rezagada en comparación con el resto del mundo y las recomendaciones de órganos internacionales”, sostuvo Godreau.
“Queremos que las personas se queden o regresen a Puerto Rico y que tengan condiciones dignas para hacerlo. La lucha por el derecho a permanecer comienza protegiendo la vida digna de las mujeres y madres”, señaló Díaz González.
“La experiencia de los desastres, en particular de la pandemia del COVID-19, nos dio un escenario muy claro cuando aumentaron las solicitudes de mujeres para recibir apoyo legal por desempleo, y enfrentar desalojos por falta de pago de renta o hipoteca”, dijo la directora de ALPR. ALPR se ha dedicado a ofrecer educación legal a las personas afectadas por los desalojos forzosos, además de litigio estratégico y abogacía de impacto social dirigida a transformar las políticas públicas.
ALPR usará la información recopilada en la Unidad de Trabajo Digno que desarrolla junto con el acompañamiento legal gratuito para trabajadoras. No obstante, la directora expresó el deseo de que “este informe se use de base para sumar derechos y construir el país donde queremos permanecer”, y que se tome en cuenta en las plataformas electorales de este año.
Conforme a los datos y experiencias documentados, para atender las necesidades urgentes de justicia para las mujeres, el informe recomendó que el gobierno tome las siguientes medidas bajo tres temas principales: justicia económica y laboral, sistemas de apoyo social y acceso a la justicia.
Entre las recomendaciones destacan aumentos al salario mínimo mediante decretos mandatorios para sectores ocupados mayormente por mujeres, incentivos a la contratación de personas con dependientes menores de edad y jefas de familia solas, licencias especiales para asuntos familiares y de crianza sin agotar licencias regulares, equiparar la licencia de maternidad del sector privado a la del sector público (16 semanas), y flexibilizar la jornada laboral con protecciones contra la explotación e intrusión en la privacidad.
También se sugiere reconstruir el servicio público con énfasis en fortalecer los sistemas de apoyo social, fomentando la seguridad de empleo mediante la contratación directa, ampliar la elegibilidad de programas de asistencia para vivienda y cuido de menores a más familias trabajadoras con ingresos bajos, publicar los requisitos de elegibilidad y procesos de solicitud de los programas de asistencia social de forma más accesible y clara, ampliar el inventario de vivienda mediante la adquisición y reparación de propiedades abandonadas, diversificar los servicios asequibles para el cuido a tiempo parcial y completo de menores de edad y de adultos mayores, fortalecer la fiscalización de las aseguradoras dentro del Plan Vital, redistribuir los servicios de obstetricia, identificando áreas que no están servidas y crear una compensación mensual para las jefas de familias que son cuidadoras de menores de edad y adultos mayores en sus hogares.
En cuanto al acceso a la justicia, se recomienda proveer más garras al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para atender querellas de las empleadas, incluir los casos laborales en los procedimientos civiles que se pueden asignar a abogadas de oficio y se retribuya al sistema las cantidades apropiadas si la empleada resulta favorecida, mejorar la fiscalización del cumplimiento de los patronos con las leyes que protegen a las embarazadas y lactantes y hacer valer la legislación que mandata la recopilación y publicación de estadísticas de género.
