San Juan (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió este martes en ley el Proyecto de la Cámara 2106, que establece que todo convicto por agresión sexual y pornografía infantil no podrá beneficiarse del Programa de Libertad Bajo Palabra.
Se desprende de la nueva ley que las personas que estén referidas bajo la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), sin que haya una determinación final, no cualificarán para este proceso independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre su solicitud.
En el caso de las personas que se encuentren disfrutando de este privilegio tras cometer este tipo de delitos y luego, por diversas razones se les revoque, no se les concederá nuevamente.
La JLBP, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), apoyó sin reservas esta nueva ley por entender que le hace justicia a las víctimas del crimen.
También hizo lo propio el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Este cambio afecta a todo convicto por agresión sexual en todas sus modalidades, actos lascivos, violación, sodomía, incesto, secuestro, secuestro agravado y pornografía infantil, incluyendo sus tentativas.
