Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan, Puerto Rico – Tras años de denuncias por ambientalistas que provocaron pesquisas legislativas, finalmente las autoridades estatales y federales se están moviendo para intentar detener la destrucción ambiental que no tiene tregua en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas. Ayer ocurrieron dos eventos importantes.
Autoridades federales solicitaron documentos de lo que ocurre al oeste de la zona de Las Mareas y ayer el juez Josian Rivera Torres del Tribunal de Primera Instancia de Guayama ordenó una segunda demolición de una de las residencias más lujosas que incluye muelle, construido ilegalmente en la zona. En la sentencia se detalla que Pablo Vergara Ramos y su esposa Judith Rivera tienen que demoler.
El matrimonio, dueños de un laboratorio dental en Bayamón, habían ido ante el Tribunal de Apelaciones, pero el 16 de enero ese foro determinó devolver el caso a la sala judicial de Instancia, ordenando que tenía que resolverse en 20 días. En el ínterin, los demandantes ya habían aceptado en contestación a la demanda que no tenían permiso de construcción.
Este es el segundo caso de este tipo, ya que en octubre de 2023 ese mismo juez Rivera Torres ordenó la demolición de varias estructuras ilegales en el Camino del Indio, sector Las Mareas en Jobos, que se hicieron sin permisos de construcción. Esto fue anunciado en ese momento por comunicado de prensa de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anais Rodríguez Vega y la alcaldesa de Salinas, Karylin Bonilla. Esas estructuras correspondían a Miguel A. Flores Torres y al ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez, a quienes se les ordenó demolerlas.
Pero lo que de verdad pasa en Bahía de Jobos es que durante años las autoridades no actuaron en la zona. Denuncias hechas por el ambientalista Eliezer Molina en el 2021, e incluso, por el propio exsecretario del DRNA, Rafael Machargo, no fueron atendidas.
En octubre de 2021 En Blanco y Negro con Sandra reveló por primera vez la magnitud de los crímenes ambientales en Bahía de Jobos y Machargo admitió a este medio que recibió amenazas de muerte por personas del bajo mundo. Dijo entonces que el DRNA planificaba hacer un desalojo en la zona, pero con abogados y personal de fuera de la agencia, debido a las amenazas. Eso no sucedió.
En marzo de 2022, o sea, cinco meses después de los reportajes de Machargo, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Moninelli, denunció el nivel de destrucción ambiental en la zona e hizo referidos a agencias estatales y federales. En las fotos se constató que se había destruido casi el doble del terreno que lo que había en octubre de 2021.
Fue esta acción de Nogales Molinelli lo que desató la acción de las autoridades estatales y federales. Hubo incluso hasta vistas oculares de la Cámara de Representantes, lideradas por el presidente Rafael “Tatito” Hernández. En esas vistas, el ambientalista Molina denunció que no estaban investigando donde de verdad ocurrían los crímenes ambientales.
Ayer en un vídeo, que colgó en sus redes sociales, Molina reclamó que las autoridades no olviden que esto no sólo se trata de invasores de terrenos, sino de los funcionarios del gobierno que viabilizaron y permitieron toda la destrucción. Entre estos mencionó a la alcaldesa Bonilla y al presidente de la Cámara, Hernández.
“En Jobos existen unas personas que tienen los títulos herederos de sucesiones y estas personas lo que hacen es que le venden una participación. Por ejemplo, el gran titular tiene 100 cuerdas y le dice, ‘pues yo te vendo una cuerda por $100,000 y eso queda entre nosotros’. Firman un papel y ya está. Y nunca lo van a encontrar en el CRIM, nunca lo van a encontrar en el Registro de la Propiedad, prácticamente son testaferros”, reclamó Molina.
“Hay un licenciado, el licenciado, que hizo toda esta tramoya y hay unos licenciados que aquí, el Colegio de Abogados no sé qué va a hacer, pero deberían comenzar a hacer algo y no puede quedar impune todo esto si mínimo”, agregó.
El ahora aspirante al Senado reclamó al Departamento de Justicia por no haber hecho una investigación ni haber usado los documentos que él llevó, que son distintos a lo que La Fortaleza envió a Justicia. “Solicítele a Recursos Naturales, el expediente completo. Vean si cuadra. Es sumamente sencillo agarrar los documentos de un lado y de otro y compararlos si no cuadra”.
Más del récord periodístico investigativo
El tracto periodístico de la investigación hecha por este medio sobre lo que pasa en Salinas inicia desde noviembre de 2019 cuando el FBI evaluaba contratos vinculados al DRNA y a Salinas.
Dos años más tarde, Machargo dijo que preparaban el desalojo de los invasores, pero que esto se haría “con pinzas” para referirse a la extrema delicadeza y lentitud debido a las continuas amenazas de muerte que hacían los invasores entre los que se presume hay narcos y “personas de mucho poder”.
Sus expresiones coincidieron entonces con una pesquisa interna a la jefa del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda, quien se mantuvo en el puesto por sus conexiones políticas.
El 6 de abril del 2022 se alega que Machargo compareció ante las autoridades federales a declarar sobre lo que ocurría en Salinas. Se alegaba que la reunión coincidió con el suicidio de un vigilante del DRNA en circunstancias dudosas, allí mismo en Jobos.
El 9 de abril de 2022 Molina denunció que funcionarios de La Fortaleza obstruyeron la investigación de Justicia, removiendo del expediente, documentos con nombres de personas conocidas. Y un día más tarde, el 10 de abril de 2022, este medio publicó el informe y los documentos que escondieron en el Gobierno. Hubo múltiples reacciones de las comunidades.
Cabe señalar que como parte de la investigación de este medio se corroboró que la alcaldesa de Salinas, Bonilla, sabía de los crímenes ambientales desde el 2015 y protegió a los criminales por su inacción. De hecho, sale en fotos junto a diversos líderes del Partido Popular Democrático en fiestas ilegales en la Reserva. Se decía que el silencio de la alcaldesa se debía a que las construcciones en Jobos vinculaban a su entonces mano derecha y expresidenta de la Legislatura Municipal, Jackeline Vázquez.
En abril de 2022 y ante preguntas de ¡Ey! Boricua, la jefa de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Carmen Guerrero, aseguró que la pesquisa sobre Bahía de Jobos estaba “bien adelantada”. Esa investigación la conducían la EPA y otras agencias federales como Fish and Wildlife y el Cuerpo de Ingenieros.
Este medio le preguntó entonces que si como parte de la pesquisa estaban interviniendo entidades como la Agencia Federal para el Control de Drogas (DEA) o el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ya que había alegaciones de narcotráfico en la zona de Salinas, pero en ese momento Guerrero dijo que no tenía información sobre ese particular.
Lo que sí hizo fue advertirles a los criminales ambientales que la EPA estaba sigilosa investigado las construcciones ilegales en Rincón, Aguadilla y Cabo Rojo.
