SAN JUAN, Puerto Rico – La senadora Keren Riquelme, representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista, anunció la presentación de una resolución para investigar denuncias sobre individuos que, sin las certificaciones ni licencias requeridas, están practicando la ortodoncia en Puerto Rico, incluida la instalación de aparatos conocidos como ‘braces’.
La Senadora informó que se ha difundido información acerca de personas que, a través de redes sociales, ofrecen y promocionan servicios de instalación de ‘braces’ en Puerto Rico, sin contar con la formación universitaria ni las licencias necesarias para ejercer esta práctica médica.
Entre los métodos de promoción utilizados, se incluyen anuncios que solicitan a los interesados enviar fotos a números personales vía WhatsApp para evaluación, seguido de una cita con un costo de $350 para la instalación de los aparatos.
“De confirmarse estas denuncias, estaríamos ante un grave riesgo para la salud pública”, advirtió Riquelme.
La resolución, que se presentará mañana martes, encomienda a la Comisión de Salud del Senado la realización de una investigación detallada sobre la práctica no autorizada de la ortodoncia en la isla, incluyendo las denuncias mencionadas.
Cabe recordar que los ortodoncistas, especializados en la alineación de dientes y mandíbula mediante dispositivos como alambres y retenedores, juegan un papel crucial en el tratamiento de afecciones como la sobremordida, submordida, mordida cruzada y dientes desalineados. En Puerto Rico, la práctica de la ortodoncia está regulada por la Junta Dental Examinadora, establecida bajo la Ley 75 de 1925.
Para ejercer legalmente la ortodoncia en la isla, es obligatorio cumplir con requisitos como obtener un Bachillerato en Ciencias o un entrenamiento pre-dental en una universidad acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, un diploma o equivalente de Cirujano Dental y aprobar el examen de reválida correspondiente a la profesión.