Por Gabriela Carrasquillo
Centro de Periodismo Investigativo
San Juan, Puerto Rico – A más de un año de haber incluido en la Lista de Prioridades Nacionales de su programa Superfondo a la desaparecida empresa Ochoa Fertilizer, aún no comienza la limpieza de los terrenos contaminados en la Barriada Esperanza en Guánica que coordina la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).
La agencia federal había estimado que se iniciarían los trabajos de limpieza de emergencia en julio de este año y ha continuado postergando la fecha de comienzo, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La fecha más reciente que ofreció la agencia es enero de 2024 para la descontaminación de los patios de 19 propiedades en la barriada.
Parte de esta comunidad, una de las más afectadas por los terremotos del 2020, lleva más de tres décadas contaminada por bifenilos policlorados (PCBs, en inglés) y otras sustancias como resultado de la actividad industrial en la zona. Según datos de Estudios Técnicos publicados en febrero de 2023, el 44% de las residencias de la barriada estaban vacantes o subutilizadas. En sus calles aún permanecen las casas que colapsaron hace cuatro años, hay escombros sobre los que crece una capa de vegetación e impera un silencio sepulcral gran parte del tiempo. Guánica es el pueblo con uno de los niveles de pobreza más alto en Puerto Rico, y el que más ha perdido población durante los pasados 10 años.
El 29 de marzo de este año la EPA llegó a un acuerdo con la multinacional W.R. Grace, dueña actual del terreno desde donde migraron los PCBs y otros contaminantes mediante las aguas pluviales. Según el acuerdo, la empresa aportará $10 millones para remover los terrenos contaminados e investigará qué otras áreas fueron afectadas. De ser necesario, también tomará medidas de control de escorrentías en un plazo de un año, periodo que comenzó a correr desde el 7 de diciembre.
A la pregunta sobre por qué se atrasó la aprobación del plan de trabajo, que estimaron que comenzaría durante el verano, W.R. Grace mencionó que el proceso para comenzar la remoción de terreno contaminado tiene que seguir varios pasos y que aunque comenzaron desde marzo no lograron finalizarlos en el tiempo proyectado.
“Esto incluye comunicarnos con cada uno de los propietarios para obtener su consentimiento para trabajar en su propiedad, obtener los permisos necesarios del gobierno de Puerto Rico y de las agencias federales, y completar el SOP [Plan de Operación del Sitio en inglés] para obtener la aprobación de la EPA”, dijo por escrito al CPI.
EPA coincidió con W.R. Grace en las razones para el atraso y agregó que también influyó las gestiones que tuvieron que hacer para “conseguir los contratistas apropiados y las instalaciones de eliminación de desechos de PCB tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos”.
Los PCBs son compuestos químicos sintéticos cuyo uso fue prohibido en Estados Unidos desde 1979, y que eran utilizados como lubricantes en transformadores eléctricos. Su impacto a la salud incluye condiciones cómo cáncer de la piel y del hígado; condiciones dermatológicas, impacto en el sistema inmune, e impacto al desarrollo cognitivo de la niñez durante el embarazo.
Esta multinacional estadounidense dedicada a la venta de productos químicos tiene un trasfondo de violaciones ambientales, y en 2014 — tras declararse en bancarrota — reembolsó a la EPA y a otras agencias federales más de $63 millones para la limpieza de 39 lugares afectados por distintos contaminantes en 21 estados. En Puerto Rico, la compañía opera por medio de una empresa llamada Guánica-Caribe Land Development Corporation que incorporó en los años 90 tras desmantelar las instalaciones en la zona contaminada.
La fábrica responsable por la contaminación fue adquirida por W.R. Grace en 1959. Antes de esto se le conocía como la Gonzalez Chemical – y luego como la Caribe Nitrogen Corporation – y fue un proyecto fallido del Gobierno de Puerto Rico en un intento por impulsar la economía del municipio. El manejo inadecuado de productos químicos afectó a la comunidad desde que abrió sus puertas en 1957, documentó el desaparecido periódico El Mundo. Durante los años 60, W.R. Grace también compró la Ochoa Fertilizer y las consolidó.
La EPA atendió el caso como de “baja prioridad”
La EPA investiga el caso de la Ochoa Fertilizer desde 2018. Sin embargo, tanto el gobierno local como el federal conocen desde 1998 las potenciales vías de exposición y riesgo a la salud pública por la cercanía del terreno contaminado a residencias en la Barriada Esperanza y el consumo de pescados que podrían contener PCBs tras confirmar que el contaminante había migrado hasta la bahía. La información había sido recopilada por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) desde los años 90.
Con relación a uno de los primeros informes de la JCA, el CPI encontró una discrepancia respecto al estatus de prioridad que se le asignó al caso de la Ochoa Fertilizer. En una versión del documento incluido en el expediente digital de esta agencia federal, el sitio aparecía recomendado como de alta “prioridad”. En una copia distinta enviada a este medio en junio de este año por la misma EPA, la palabra “alta” aparece tachada y sustituida por “baja”.
La EPA dijo al CPI que en ese informe de 1994, según sus récords, la agencia local lo recomendó como baja, y que tras finalizar sus investigaciones, la agencia federal también lo catalogó como de “baja prioridad” según consta en un informe de 2001. Esto ocurrió a pesar de contar con evidencia que señalaba a los elevados niveles de metales pesados, PCBs y otros contaminantes dentro y fuera de la Ochoa Fertilizer. En ese momento el caso quedó en una lista de espera.
El CPI cuestionó si esta decisión contribuyó a que las comunidades del área lleven décadas expuestas a estos contaminantes, a lo que José Font, quien al momento de esta entrevista era el subdirector de la división del Caribe de la EPA, respondió que es posible. Font renunció a su puesto en diciembre de este año. Desde 1984 ocupó múltiples puestos en la agencia, incluyendo la dirección de la división, y conoce ampliamente el proceso de Superfondo.
Sobre cómo afecta la determinación de “baja” o “alta” prioridad para que la agencia investigue el sitio para ser incluido en la lista de prioridades, la agencia se limitó a comentar que “se espera que un área [Superfondo] con una decisión de evaluación de alta prioridad sea investigada más a fondo más pronto que una de baja prioridad”.
En esfuerzos no relacionados con la EPA, y sin conocer sobre los trabajos de la JCA, varios equipos científicos encontraron altos niveles del contaminante en la Bahía de Guánica entre 2007 y 2014, en pescados y hasta en muestras de sangre de guaniqueños.
La EPA confirmó este año a los residentes que estos hallazgos les llevó a retomar el caso de la Ochoa Fertilizer desde donde migraron los contaminantes. Tras la investigación iniciada por el CPI y luego de siete meses en que la agencia federal no reconocía la pesca y consumo de mariscos capturados en el área como un problema existente, la agencia aceptó que erró al asumir que no se están consumiendo pescados de la bahía.
En Puerto Rico el tiempo promedio desde que se comienza a investigar un sitio para considerar su inclusión en la Lista de Prioridad Nacional hasta que es incluido son cinco años. El caso que más ha tomado tomó 17 años, según expedientes analizados por el CPI. A la EPA le tomó 27 años asumir el caso de Guánica.
“Quizás hay muchas preguntas, pero lo importante es que sepan que ahora está en la Lista [de Prioridad Nacional] y ahora estamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer para sacar los PCBs y proteger a la comunidad”, dijo al CPI la administradora de la Región 2 de la EPA, Lisa García, sobre la inusual tardanza.
Sostuvo que, desde que el sitio fue incluido como uno de prioridad nacional, se ha atendido con una celeridad que no es común en este tipo de respuesta de emergencia. Su equipo de trabajo también argumentó que los huracanes del 2017, el terremoto de 2020 y la pandemia retrasaron la intervención.
Cáncer, asma y la angustia de la espera
“¿Desde cuándo no están diciendo ellos que van a limpiar, antes de la temporada de huracanes, y no han hecho nada? Yo estuve recluida en el hospital [en julio] porque me dio un episodio de asma que por poco me muero, pulmonía y bronquitis, y sigo aquí, tú sabes, no puedo hacer nada”, dijo al CPI Carmen Palau, residente de la zona.
En diciembre de 2022, Palau recibió una carta de la EPA que indicaba que su patio estaba contaminado con talio, un metal que puede ser perjudicial para la salud e impactar el sistema nervioso.
Ha recibido mensajes mixtos sobre lo que ocurrirá en su propiedad. Representantes de la subsidiaria de W.R. Grace aseguraron que descontaminarían su terreno, pero luego le indicaron que no, que por no tratarse de PCBs no sería descontaminado. En octubre de este año, recibió otra carta que anunciaba el comienzo de la descontaminación en la zona, pero con la advertencia de que haber recibido esta notificación no implicaba que su propiedad sería limpiada.
La afectada vive en una de las 44 casas que la EPA investigó. Es sobreviviente de cáncer y padece de asma crónica desde que se mudó a la propiedad con sus padres en los años 90. Ahora vive con la preocupación de saber que tiene varios contaminantes en su patio y que probablemente nadie hará nada para removerlos. Recurrió a orientación legal, pero ante los altos costos y desconocer qué otros residentes se encuentran en su misma situación, desistió del esfuerzo.
“Mi papá murió de los pulmones, ¿quién quita de que tiene que ver una cosa con la otra? Porque cuando él vivía en Nueva York, nosotros vivíamos allá afuera, él no sufría de los pulmones, ni tenía cáncer [de colon], ni tenía COPD [Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica], nada de eso”, lamentó.
Margaret Texidor cuenta una historia similar. Fue enfermera por 40 años, se mudó a Guánica desde Bayamón en el 2014, y poco después desarrolló cáncer de colon, condición que dice que nadie en su familia padece. Su residencia queda dentro del área de investigación de la EPA, pero aún no ha sido investigada. En el caso de Benjamín Toro, quien se crió en la barriada y es sobreviviente de cáncer de piel, le indicaron que a mediados de agosto irían a muestrear la propiedad que heredó y que queda dentro del área de investigación de la EPA. Su caso no ha sido atendido. Varios vecinos entrevistados por el CPI coincidieron en señalar la alta incidencia de cáncer en la zona. Una situación que dicen que el Gobierno no atiende.
El CPI solicitó al Departamento de Salud (DS) información sobre su participación, si alguna, en este proceso, pero no recibió respuesta. Ninguno de los cientos de documentos revisados por el CPI mencionan que esta agencia haya realizado alguna intervención. Los residentes tampoco recuerdan ningún contacto del DS con ellos.
Estos testimonios son de algunos de los residentes que el CPI entrevistó por separado y quienes recibieron visitas de una representante de la empresa responsable de obtener permiso de acceso a sus residencias para investigar la presencia de PCBs. La compañía dijo por escrito al CPI que ya se comunicó con todos los residentes afectados y ha obtenido el 90% de los permisos que necesitan para ampliar su investigación en el área de estudio.
Aunque los representantes de W.R. Grace no accedieron a ser entrevistados, dijeron en declaraciones escritas que, desde que la propiedad fue designada como un Superfondo, han trabajado de manera colaborativa con la EPA y el municipio para “reconstruir una comunidad vibrante”. Sin embargo, el CPI constató en el expediente de la EPA sobre el caso que, desde el inicio, la empresa intentó desacreditar su investigación e incluso estuvo en desacuerdo con que el área fuera incluida en el programa Superfondo.
Nerviosismo e incertidumbre en la comunidad
A pesar de que los guaniqueños confían en una respuesta rigurosa de parte de EPA, varios sectores de la comunidad la reconocen como tardía e insuficiente porque muchos no han recibido información detallada sobre el estatus de la limpieza.
“Busqué información sobre qué era el PCB, que me tiene superasustada, yo estoy aquí supernerviosa siendo residente guaniqueña, y aunque yo viva lejos, eso se esparce, ¿hasta dónde? Nosotros no tenemos conocimiento”, comentó Lourdes Feliciano al CPI. La mujer reside en la zona del pueblo pero visita con frecuencia la zona del malecón.
“Solo sé que hay 19 casas, pero no sabemos cuáles son, cuán cerca de la mía, no sabemos, no sabemos. Y todas esas cosas me provocan mucha incertidumbre”, compartió de manera anónima una residente con el CPI cuya propiedad queda dentro del área inicial de estudio, terreno que aún no ha sido muestreado. Su ceño estaba fruncido, y, en múltiples ocasiones mencionó que desde que la visitaron por primera vez entre marzo y abril, siente mucha incertidumbre.
“Ya hasta hablé con mi abogado sobre esto porque yo tengo planes de eventualmente vender para irme a Estados Unidos, y ya él me dijo que si sale contaminado no voy a poder vender. Entonces ya eso me afecta mucho a mí. Hay mucha incertidumbre, así que no sé qué más hacer y qué decisiones tomar, si espero, si no espero”, abundó.
Familias dentro y fuera del área de investigación inicial de la EPA atraviesan el proceso de manera desigual: quienes residen fuera de esta área desconocen el progreso de la gestión de la agencia federal y la W.R. Grace, mientras que muchos vecinos dentro del área en la Barriada Esperanza sí han recibido múltiples visitas de representantes de la empresa que costea el proceso.
Mientras el riesgo permanece, la división del Caribe de la EPA recomendó a los vecinos evitar exponerse directamente con la tierra, limpiarse los pies y las patas de sus animales antes de entrar a la casa, limpiar su propiedad regularmente usando “técnicas de limpieza húmeda para evitar dispersar el polvo”, entre otras indicaciones. Esta información fue divulgada durante la primera reunión comunitaria que coordinó la agencia en marzo, y a la que asistieron no más de 20 residentes de diferentes barrios de Guánica.
“Ahí había unas personas que recibieron carta, yo no recibí carta, […] Yo no dormí esa noche, sinceramente yo no pude dormir”, recordó Ada Vélez, vecina cuya residencia se ubica justo frente al malecón de Guánica, pero fuera del área de investigación. Dijo al CPI que se enteró de la reunión el mismo día.
“Ellos no viven aquí, pero nosotros sí porque éstas siguen siendo nuestras casas. No porque ellos digan que esto está contaminado tú vas a coger y te vas a ir, ¿a dónde te vas a ir? Tú vives aquí, tú tienes que seguir saliendo al patio, tú tienes que seguir tocando la tierra”, expresó Palau con extrema inquietud sobre lo que entiende que no son medidas realistas para proteger la salud de los vecinos durante el tiempo de espera.
La escasa comunicación con la comunidad sobre el progreso de los trabajos además dificulta que la comunidad, que aún sufre las consecuencias del impacto de los terremotos y la pandemia, pueda apoyarse entre sí. Además, obstaculiza su capacidad para escrutar este proceso que además considera inaccesible por su complejidad técnica.
“La gente no entiende qué es un Superfondo”, observó Feliciano, quien considera que los medios de divulgación que utilizó la agencia para informar a la población no responden a sus necesidades. Al menos cinco residentes consultadas por el CPI coincidieron en este punto, particularmente por el reducido acceso a tecnología y movilidad de los residentes de la tercera edad en el área.
Desconocida aún la fuente de la contaminación
La investigación de la Ochoa Fertilizer la inició la división Superfondo de la JCA tras ser advertida sobre la presencia de un depósito de drones de 55 galones abandonados en un terreno de esta empresa.
Durante su primera visita en el lugar en 1991, según sus informes, encontraron un depósito de 40 drones rotos y altamente corroídos con material desconocido depositado directamente en el suelo. En 1992, administradores de la fábrica alegaron que se trataba de un depósito de 20 drones, a lo que los científicos les recomendaron no removerlos hasta que concluyeran sus estudios ambientales. En 1994, durante una segunda visita de campo, los científicos encontraron que el depósito había sido removido.
Durante este tiempo, la Ochoa Fertilizer realizó dos estudios ambientales que arrojaron que el contenido desconocido no era peligroso. Casi 30 años después, la EPA encontró el nivel más alto de PCBs en una muestra tomada en el área aproximada donde se ubicaba el depósito que catalogan como ilegal.
Aún desconocen la fuente de la contaminación. “La investigación remedial y el estudio de viabilidad del área determinará la naturaleza y extensión de la contaminación”, dijo la EPA, sin precisar cuándo se espera que esto ocurra.
