Por Sandra. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – En el Municipio de Caguas se develó la fachada que hay con el negocio de expropiar los llamados “estorbos públicos”: Culpan a las empresas contradas, pero quien compra, vende y se beneficia a precio de quemazón con las propiedades, son los empleados municipales, sus familiares, amigos del alma y allegados del alcalde.
Empleados de confianza del municipio de Caguas, miembros del comité político del Partido Popular Democrático (PPD) y allegados del alcalde William Miranda Torres figuran entre las personas interesadas o que compran baratas las propiedades que el Ayuntamiento expropia. El alcalde buscó distanciarse del esquema, cancelando uno de los contratos a las empresas Universal Properties Realty Government Services y el bufete Francis & Gueits Law, encargadas de administrar los negocios de compraventa de estorbos públicos. Pero el alcalde no investigó, y protegió a los empleados involucrados en dichas transacciones.
Esto, en síntesis, es lo que se revelan una serie de documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra y entrevistas realizadas a varios empleados del Municipio de Caguas. Ya es un hecho de que hay pesquisas corriendo, y referidos al Departamento de Justicia. El alcalde de Caguas se rehusó contestar llamadas de este medio.
El director de la Oficina de Permisos del Municipio, Jaime Plaza Velázquez, usó las funciones de su cargo para declarar estorbo público, y con esa información privilegiada, poder comprar por sólo $22,000 una propiedad valorada en el mercado en más de $100,000.
La propiedad ubica en el Lote B, Carretera 796 Km .8 del sector El Edén en el barrio Río Cañas, en Caguas. El número de catastro es el 1999-000-003-25-001. Debe al Centro de Recaudación e Ingresos Municipales (CRIM) $71,393.49, pero iban a comprarla por sólo $22,000. Quien presentó la intención de compra era la esposa de Plaza Velázquez, pero en otro documento ubicaron el nombre de una comadre suya.
Los documentos revisados y las declaraciones de fuentes corroboran que esta información era conocida por la supervisora directa de Plaza Velázquez, quien es la asesora ejecutiva del alcalde, Lcda. Mónica Vega. También era conocido por el alcalde Miranda Torres, y por el investigador-auditor que él designó para que atendiera las expropiaciones cuando empezó la controversia, el Lcdo. Alex Manuel Rivera Longchamps.
Le dijeron a Plaza Velázquez: “Chico, esto pudiste haberlo hecho de otra manera”, refiriéndose a su intención para comprar la propiedad que él mismo iba a expropiar a través de los contratistas del municipio. Esto constituye una posible violación a la Ley de Ética Gubernamental porque los empleados municipales tuvieron acceso a información privilegiada y entraron en negociación para favorecer a familiares y amigos o para beneficio personal, y así poder ser los primeros en adquirir propiedades baratas. Es decir, aprovechando la influencia directa sobre los contratistas del municipio que controlaban el manejo de estas propiedades que son declaradas estorbos públicos, y sometidas a un proceso de descuentos que llevaban estas propiedades a no tener valor alguno más allá de los honorarios legales del proceso de expropiación forzosa.
El alcalde Miranda Torres no ha solicitado la renuncia al director de la Oficina de Permisos y a otros empleados involucrados, ni los ha referido al Departamento de Justicia o a la Oficina de Ética Gubernamental.
ESCÁNDALO CON LOS ESTORBOS PÚBLICOS
En Puerto Rico se ha generado todo un mercado de propiedades abandonadas o en desuso ya sea porque las familias han emigrado -[patrón que aumentó a partir del huracán María]-, o porque los dueños han muerto como parte del rápido envejecimiento poblacional que se experimenta aquí. Esto movió a muchos alcaldes a crear mecanismos para disponer de esas propiedades.
En diciembre de 2022 en este medio revelamos, por ejemplo, que el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, admitió poseer 11 propiedades en su municipio, algunas de las cuales compró después de que fueron definidas como estorbos públicos por él y por su propia administración. En abril de 2023 el Panel del Fiscal Especial Independiente determinó que no había prueba para proceder en su contra por la compra de esas propiedades.
El 30 de marzo de 2023, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, revelaron un escandaloso esquema de fraude con los estorbos públicos en 22 municipios. Exigieron al Departamento de Justicia que investigara el plan para expropiar y vender inmuebles que involucra a los ayuntamientos, la empresa de bienes raíces Universal Properties Realty Government Services LLC y un bufete legal bufete Francis y Gueits . Los municipios son: Humacao, Cidra, Canóvanas, Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toa Alta, Guayanilla, Loíza, Santa Isabel, Las Piedras, Aibonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río Grande, Caguas, Guánica y Morovis.
El 17 de abril pasado, en su turno en el hemiciclo del Senado, Santiago denunció que desde junio del 2022 se había inscrito en el Registro de la Propiedad en Caguas un propiedad vendida por $94,000, pero el día antes de esa venta, el Municipio de Caguas pagó $2,000 a sus dueños por expropiarla. https://www.youtube.com/watch . La senadora pipiola exigió que se investigara el esquema.
Según reportó el Centro de Periodismo Investigativo la semana pasada, el alcalde de Caguas Miranda Torres firmó la Resolución 17 de la Legislatura Municipal de Caguas que creó un fondo especial de $656,600 para la reparación de agravios como mecanismo para atender “las reclamaciones ciudadanas resultantes de los actos u omisiones de la corporación Universal Properties Realty Government Services”. La medida establece que, al momento de la cancelación del contrato, la empresa había suscrito 31 acuerdos de adquisición con terceros adquirentes sin que se iniciara el trámite judicial. Al menos 21 de estos compradores han notificado al municipio su intención de desistir de la adquisición de la propiedad.
TRACTO EN CAGUAS
Cuando explotó la controversia y salió Caguas en la lista de los municipios referidos por las expropiaciones, el alcalde Miranda Torres rápidamente le canceló el contrato a la empresa Universal Properties, que tenía sobre 500 propiedades declaradas estorbos públicos. Pero, el municipio mantuvo el contrato con el bufete Francis & Gueits Law Offices, que tenía asignadas unas 260 propiedades.
El contrato de Caguas con Francis & Gueits fue firmado por la Licenciada Vega y el director Plaza Velázquez el 11 de mayo de 2021, y el de Universal Properties el 17 de mayo de 2021. Esto parece un dato insignificante, pero no lo es porque la propiedad que Plaza Velázquez quería comprar $22,000 estaba en la lista que maneja Francis & Gueits.
Esto explica entonces, por qué cuando el CPI le preguntó al funcionario qué opinaba sobre ambas empresas, él dijo que se sentía “complacido”, pero luego de que le cancelaron el contrato a Universal Properties, no puedo explicar qué pasó.
Entonces, cuando el alcalde trae al “oficial investigador” Rivera Longchamps, lo primero que él hace es expresar que los únicos responsables por el problema son el bufete Francis Gueits y Universal Properties. No investigó internamente entre los empleados del municipio.
Para añadir a la controversia, Rivera Longchamps es el tesorero del Comité Local del Partido Popular Democrático en Caguas, es contratista independiente del Municipio desde el año 2008, y en el último año se agenció de siete (7) contratos adicionales con el Municipio.
El alcalde Miranda Torres refirió a Justicia a Universal Properties y luego demandó a la empresa. Entonces Universal Properties contrademandó al municipio de Caguas.
En cambio, el alcalde no refirió a Justicia a Francis Gueits. Tampoco demandó al bufete. La pregunta es si esto se debe al interés de su subalterno y director de permisos, Plaza Velázquez, en adquirir una propiedad del municipio a precio de baratija.
PROBLEMAS ANTERIORES
Esta no es la primera ocasión que se señalan irregularidades en el Municipio de Caguas y bajo la anuencia del alcalde Miranda Torres, quien no dice la verdad a la prensa.
Por los pasados dos años y medio hemos dado a conocer un patrón de maltrato institucional y represalias contra los empleados que delatan actos de corrupción en el Municipio de Caguas. Desde el 2021 venimos publicando artículos, programas de radio y vídeos con entrevistas a empleados, presentación de documentos y otros, como parte de las pesquisas relacionadas. Parte de lo que investigamos desencadenó acciones al punto que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales allanaron las oficinas de la Legislatura Municipal de Caguas en el 2022 . Faltan otras pesquisas y el resultado de varias demandas judiciales contra el alcalde y el municipio. En todo el proceso el alcalde Miranda Torres se ha reusado a contestar preguntas de este medio ni ha querido presentar su punto de vista sobre las alegaciones en su contra o contra su gestión.
Algunas de las noticias publicadas incluyen:
1. Cuadran para ocultar irregularidades en Caguas
2. Alcalde de Caguas protege a presidente municipal
3. Revelan posible conflicto de interés del Alcalde de Caguas
4. Sigue el acoso laboral en Caguas
9. Habla víctima de maltrato en Caguas
10. Negociado de Investigaciones Especiales allana en Caguas
11. Alcalde de Caguas le paga $100mil a VP Legislatura Municipal
12. FEI es uno de múltiples señalamientos en Caguas
13. A probar William Miranda Torres su liderato popular.
