San Juan (EFE) – La Policía de Puerto Rico incautó la tarde de este viernes el cargamento de pirotecnia más grande de la década en el barrio de Santa Rosa III de Guaynabo.
«Este es el tipo de artefacto que hacen daño a nuestras mascotas, a nuestros adultos mayores, así como personas con condiciones como el autismo y ponen en riesgo la vida de quienes los usan. Año tras año, llevamos campañas de orientación para crear conciencia de los efectos de la pirotecnia ilegal y sus consecuencias» afirmó el Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.
Según el comunicado difundido por las autoridades, esta intervención fue considerada por los agentes de la división de Inteligencia y Arrestos adscritos a Bayamón, como la mayor incautación de este tipo en la última década y su valor podría superar los 600.000 dólares, de manera preliminar.
El operativo que dio pie a la incautación del cargamento es producto de una investigación que condujo a los agentes a allanar, mediante orden de un juez, dos furgones ubicados en el Guaynabo Rental Park. De acuerdo a las autoridades, los sargentos Carlos Rossy y Luis Cruz y el teniente Agustín Crespo estuvieron a cargo de la investigación que culminó con la incautación de cientos de cajas llenas de diferentes tipos de pirotecnia, principalmente de artefactos similares a baterías que producen fuegos artificiales.
Según el teniente Ismael Cartagena, director de la división de Explosivos, entre los artículos incautados se encuentran artificios que rondan entre $250 a $300 por pieza en el mercado negro, donde se venden estos por tratarse de material ilegal. Los agentes identificaron productos noveles como baterías que producen 191 disparos al aire, produciendo un efecto de destello de luces similar a los fuegos artificiales que se usan a nivel profesional.
«Esto no es un juego. La venta de todo material aéreo o explosivo, sin los debidos permisos y adiestramientos para su uso conlleva una pena criminal, que va desde multas hasta la cárcel», añadió López Figueroa.
Una vez el fiscal a cargo del caso lo autorice, la división de Explosivos de la Policía se encargará de decomisar el material a través de un procedimiento regulado por la Environmetal Protection Agency (EPA).
Los agentes continúan la investigación a los fines de proveer a la Fiscalía todos los elementos para una posible radicación de cargos contra los dueños del cargamento. La investigación es producto del Plan Integral de Seguridad, a través de la Superintendencia de Operaciones Especiales.
