Santo Domingo (EFE) – La justicia dominicana decidió este jueves que el exministro dominicano de Hacienda Donald Guerrero, en prisión preventiva como imputado por corrupción administrativa, quede en libertad bajo fianza.
La Corte de Apelación de la zona centro de Santo Domingo dispuso para Guerrero una garantía económica de 5 millones de pesos dominicanos (cerca de $88,000 al cambio actual) a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El tribunal tomó esta decisión porque Guerrero «no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación» desde que comenzó hace más de tres años, periodo en el que, según sus abogados defensores, se cumplieron de forma rigurosa los más de 40 permisos de viaje y 14 citaciones con fines interrogatorios a su representado.
Guerrero, quien estuvo al frente de Hacienda durante la gestión de Danilo Medina, cumple 18 meses de prisión preventiva desde abril, al igual que el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, los únicos imputados enviados a la cárcel de los veinte detenidos en la denominada Operación Calamar que desmanteló en marzo pasado una supuesta red de corrupción administrativa.
En el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas y antiguo candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño y el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo.
Entre otros, también aparecen el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El expediente de la Operación Calamar consta de más de 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de prueba que detallan cómo los miembros de esta supuesta red sustrajeron más de 17,000 millones de pesos al Estado (unos $300 millones) y unos 2,100 millones de pesos (alrededor de $40 millones) en deuda administrativa que afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, la Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
