Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – La Junta de Planificación (JP) tiene ante sí una querella histórica para que explique por qué en 28 años no ha cumplido con la política pública que ellos mismos establecieron sobre la limpieza, cuidado y protección de los manglares y toda la zona que ha sido invadida por casetas ilegales en el barrio La Parguera de Lajas.
La querella fue radicada por José Luis Lebrón, de Observadorxs Press, y exige explicaciones por el incumplimiento de la agencia con el Reglamento 016, conocido como el Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial del Suroeste, sector La Parguera. El plan tiene vigencia desde el 5 de diciembre de 1995 bajo el gobierno de Pedro Rosselló González.
La querella fue entregada hoy a la mano en la oficina de Axel Pérez Rodríguez, director del Negociado de Querellas de la JP.
“En el día que se conmemora mundialmente la protección de los sistemas de los mangles, Lebrón presentó una querella ante la Junta de Planificación por el incumplimiento con el contenido del plan de manejo de la reserva de La Parguera, un sistema de mangles y humedales de gran importancia”, expresó, por su parte el reconocido arquitecto y urbanista, Pedro Cardona Roig durante un foro cibernético en las redes sociales, en el que participó con Lebrón.
“Has hecho historia porque este es un momento trascendental. Esto es una acción histórica porque la ciudadanía toma el control de su poder de exigir al Gobierno y a las agencias a que cumplan con la ley….”, agregó Cardona Roig.
Lebrón, por su parte, explicó que en la página 48, sección cinco, del plan se exige y se explica el proceso para la eliminación de estructuras fijas como casetas, muelles, la extracción de pilotes, remoción de rellenos, eliminación de veras, y presenta cómo se hará ese proceso de limpieza. También se explica que esto se llegó a cabo en acuerdos entre la JP, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Municipio de Lajas, el DRNA, vecinos y comerciantes de la zona.
“Han pasado 28 años desde que se aprobó el plan y es importante que se sepa que todos esos sectores estuvieron de acuerdo y se les consultó como sería la remoción de esas casetas, pero la Junta de Planificación no ha cumplido”, dijo el periodista y activista Lebrón.
Esta querella coincide con las protestas que se han realizado en semanas recientes por la proliferación de nuevas casetas ilegales en la zona de La Parguera. Todas las casetas son ilegales ocupadas por precarista, persona que ocupan bienes del dominio público marítimo-terrestre sin poseer un título válido en derecho.
Entre los precaristas hay jueces, empresarios, funcionarios del gobierno y varias de esas casetas pertenecen a la familia de los suegros de la Comisionada Residente Jennifer González.
El pasado 9 de julio manifestantes protestaron en la zona y fueron golpeados por miembros de la Policía, que arrestó a seis personas. Posteriormente, la jueza María del Pilar Vázquez, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa contra seis personas y les fijó fianzas de alrededor de medio millón de dólares que expertos legales y de derechos civiles consideran excesivas. La vista preliminar fue pautada para el 3 de agosto.
Cardona Roig enfatizó en que la querella que radicó Lebrón hoy es importante porque demuestra el poder que tienen los ciudadanos para hacer que las agencias cumplan con sus reglamentos.
Además, explicó que presentar querellas no es complicado, sólo requiere que los ciudadanos conozcan el caso, lo citen adecuadamente y pongan a las agencias a actuar. Si se documenta con las obligaciones que se exigen en los reglamentos y que las agencias hayan incumplido, hace que las agencias querelladas no puedan eludir su responsabilidad. A nivel procesal, tienen 15 días para que la agencia responda. Si la agencia responde desestimando la querella, se pueden acudir a otros foros judiciales.
Lebrón también dijo que no fueron a las agencias federales porque procesalmente es el Estado quien tiene la delegación de la administración y manejo de la reserva de La Parguera.
“Este es un momento trascendental. Que podamos poner un detente a este abuso que está ocurriendo en las costas, es importante”, dijo Lebrón.
La querella presentada por Lebrón evidencia que el plan de manejo en La Parguera fue encomendado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera, creado el 12 de julio del 1978, con una jurisdicción compartida entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y la JP.
“El Boletín Administrativo Núm. OE-1995-75, que adoptó ese Plan como expresión de política pública de Puerto Rico, fue firmado por el gobernador Pedro Rosselló González y la secretaria de Estado, Norma Burgos Andújar, está vigente, es vinculante, requiere adhesión y cumplimiento estricto”, dice la querella.
