Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
Primera parte
Serie especial
San Juan, Puerto Rico – De las 112 casetas de La Parguera que están inscritas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), hay por lo menos tres que son producto de transacciones judiciales en las que un juez emitió sentencia poniendo en manos de un tercero una caseta que se erige en bienes de dominio público y que no está registrada en ninguna parte.
A la pregunta de cómo han sobrevivido en zona de dominio público los cientos de casetas que hay entre mangle y mar en el barrio La Parguera de Lajas, la pregunta suele contestarse con evasivas, sin nombrar a nadie pero implicando a todos. «Mucha gente poderosa», dicen algunos.
La historia también ha colocado en los años 60, el protagonismo de «abogados, ex jueces, médicos, profesores universitarios del (Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez) y comerciantes de enorme talla», tal y como relata el antropólogo Manuel Valdés Pizzini en su publicación Antrópikos en la que deja para si los nombres de aquellos.
A finales de la década del 70 y en medio de la administración de Carlos Romero Barceló, un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos – a través del Cuerpo de Ingenieros – inició un proceso de terminar con las llamadas originales ‘casas bote’ pero quedaron casetas que si bien no estaban en el agua, siempre han ocupado el bien de dominio público. Al parecer, un entendimiento entre las partes dejó establecido que no se podían ampliar ni intervenir con los alrededores que incluyen mangle negro y rojo. Eso no ocurrió. El desorden impera en una hermosa área costera que incluso pone en riesgo el ecosistema que incluye mangles que actúan en favor de la costa cuando viene un huracán.
En aquel momento, una de esas figuras con poder, se asegura que era el hoy fenecido juez federal, Juan M. Pérez Giménez. El juez, que iniciaba entonces una carrera judicial como magistrado, iba y venía en fines de semana y tiempos veraniegos a La Parguera desde los años 80, a una caseta que se alega le perteneció a su familia. Ninguna de las casetas en el CRIM están registradas a su nombre o de alguno de sus cinco hijos ni de su viuda.
De hecho, al menos tres parguereños dijeron que no estaba claro si ante su muerte en el 2020 se había vendido. Pérez Giménez perteneció a la judicatura federal 45 años de los 79 que tenía cuando murió en el 2020.
Sí hay evidencia de que en el 2006, siendo Juez de Distrito de Puerto Rico, Pérez Giménez intervino en un pleito que involucró el desarrollo de tubería sanitaria en La Parguera. Atendió la petición de Orden de Restricción Temporera que presentó en el Tribunal Federal, la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), precisamente por la alegada intervención del entonces alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté Torres, impidiendo el trabajo de una construcción de alcantarillado que realizaba la agencia en el barrio La Parguera de Lajas.
El caso 3-06-CV-01624 fue resuelto por el ‘casetero’ Pérez Giménez en favor de la AAA. «La eliminación de la EDAR de La Parguera se logrará por el desvío de caudal a la PTAR de Lajas mediante la construcción de una línea de alcantarillado, una línea de alcantarillado troncal forzado y dos (2) estaciones de bombeo (el “Proyecto)».
De las múltiples historias que se han dirimido ante la opinión pública sobre La Parguera en los últimos 30 años, la última que involucra a los suegros de la Comisionada Residente, Jennifer González, parece estar moviendo un palo que nunca se había jamaqueado con fuerza. Los relatos siguen incluyendo a jueces, pero no como propietarios o inquilinos de casetas, sino como quienes han emitido sentencias que colocan el bien ilegal en manos de otros.
Miguel Torres Torres, abogado de José del Carmen Vargas Cortés y su esposa Irma Llavona Rovera, padres de Yovin Vargas, esposo de González, admite que la estructura está en bienes de dominio público y que por ella se otorgó una escritura pública. Allí se detectó el domingo un pillo de agua y desde el siete de junio, la ampliación de una terraza con evidencia de destrucción de mangle.
Una investigación de Bonita Radio sobre las 112 casetas que están inscritas en el CRIM, reveló que en el registro de la número 7, la agencia establece que fue producto de una sentencia en el 2004, aunque no se detalla nada sobre la misma, solo el numero KDI-99-2858.
La transacción más clara que es producto de un pleito judicial es la que se relaciona con las casetas 11 y 159, que son el resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la madre de los hoy ocupantes.
Ninguna de las 112 casetas tiene inscripción en el Registro de la Propiedad del barrio La Parguera. Así se verificó en el sistema Karibe que reúne las transacciones registrales de toda la Isla. Salvo pocas excepciones, todos los caseteros en el CRIM, tienen registradas otras propiedades a su nombre.
«Conforme se desprende del expediente del caso que nos ocupa, el 14 de julio de 1981, la co-peticionaria, Ida Violeta Pagán Ferrer, le prestó $15,000 a Daniel Cotté Báez y a su esposa, Carmen A. Cancel (esposos Cotté-Cancel). Para ello, los esposos Cotté-Cancel suscribieron un Pagaré al Portador por la suma de $15,000 con vencimiento a la presentación. Para garantizar el pago de la deuda, ese día, los esposos Cotté-Cancel otorgaron la Escritura Núm. 12 sobre Hipoteca al Portador sobre dos propiedades situadas en La Parguera en Lajas, Puerto Rico», lee la sentencia del Tribunal de Apelaciones del caso que se vio en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez y que versó sobre descalificación de representación legal. El originario de cobro se vio en el TPI de San Juan.
Las referidas casetas fueron donadas mediante carta notarizada por la madre de los hoy ocupantes, según el registro del CRIM, Luis E. Cancel Pagán y Lissa Cancel Pagán. Precisamente, la controversia de la impugnación del abogado y que va a impugnar las donaciones se da porque otorgó las escrituras de donación el mismo abogado que notarizó el pagaré del préstamo que fue objeto del cobro garantizado con las casetas.
