Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – No son las mismas casas, pero sí es en la misma zona en La Parguera. Documentos en poder de este medio confirman que el empresario José Vargas, suegro de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, construyó un edificio turístico sin permisos en una zona residencial, pero, milagrosamente, logró que todas las autoridades y hasta los tribunales se silenciaran ante la obra.
Se trata de un edificio de dos pisos de apartamentos tipo hotel o de alquiler de corto plazo para una hospedería ubicada en la urbanización Colinas de La Parguera #20, en el barrio Palmarejo de Lajas, y con número de catastro 405-071-015-17.
La construcción se hizo violando todos los reglamentos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), de la Junta de Planificación, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la ley de Turismo, el Reglamento Conjunto del 2010 y del 2019, las leyes ambientales, ya que instaló un pozo séptico ilegal, ubicó estacionamientos frente a la hospedería cuando debían ser en la parte posterior, y no guardó los espacios requeridos de distancia con sus vecinos, según se desprende del voluminoso expediente.
Como si eso fuera poco, el edificio turístico en una zona residencial terminó siendo un edificio con cinco apartamentos, con balcones que proyectan directamente hacia las casas de sus vecinos. Es decir, los inquilinos pueden ver todas las casas de sus vecinos desde arriba, afectando su privacidad, afectándolos con iluminación, falta de ventilación y amenazando la protección de esas residencias.
La controversia legal con esta propiedad de Vargas llegó hasta el Tribunal Supremo, que se allanó al desarrollo sabiendo que no cumple con ninguna de las leyes antes mencionadas. Vargas es un poderoso empresario dueño de hospitales en el área oeste.
Este nuevo caso surge a días de que trascendiera una polémica en torno a otras propiedades que tanto Vargas como otros familiares construyen sobre el mar, donde cortaron mangles. En una rueda de prensa convocada hace cuatro días, la Comisionada Residente negó ser propietaria de dicho inmueble que presuntamente dañó una zona de mangles en La Parguera, y rechazó dar información sobre si la vivienda pertenece a su suegra.
“Ni mi esposo ni yo somos propietarios de alguna propiedad en La Parguera, así que cualquier imputación, cualquier querella, cualquier denuncia tiene que seguir el foro correspondiente y las agencias, las que sean, tienen que evaluar eso y los dueños de la propiedad tienen que responder”, declaró González.
El DRNA aseguró hace dos semanas que abrió una pesquisa en torno a esa otra construcción ilegal en La Parguera y la secretaria Anaís Rodríguez afirmó que de lo que se sabe preliminarmente “hay hechos que hablan por sí solos”.
Pero en esta otra propiedad los problemas comenzaron hace unos años. La otra propiedad ubica en una zona residencial y los vecinos de la urbanización Colinas de La Parguera se quejaron radicando una moción de intervención ante la Oficina de Gerencia de Permisos, que, aun presentando las irregularidades, concedió la autorización. Los vecinos entonces fueron al Tribunal Apelativo, que nuevamente vio las ilegalidades y dio el permiso. Luego, en diciembre del 2020, el caso llegó en un certiorari al Tribunal Supremo, que determinó un “no ha lugar”.
Al revisar el voluminoso expediente resulta sorpresivo que se concediera el permiso, ya que el proyecto viola sobre 10 leyes y reglas, incluyendo ambientales.
De los documentos evaluados En Blanco y Negro con Sandra se desprende que el edificio se construyó violando la privacidad de sus vecinos ya que hicieron balcones que miran hacia las casas aledañas. Además, al construir los estacionamientos al frente de la propiedad en vez de en la parte posterior, como exige el reglamento para hospederías, los visitantes suelen estacionarse en las calles y hasta bloqueando entradas a las residencias aledañas. El reglamento de OGPE determina que esa zona en La Parguera no tiene la capacidad para tener ese tipo de densidad, pero aún así, dieron el permiso.
Cuando los vecinos de Colinas de La Parguera empezaron a radicar las querellas, se enteraron de que ya había cerca del 80% del edificio terminado y ahí entonces fue que
apareció en la construcción un letrero con el permiso de construcción 2017-205233-PCO-016439. Sin embargo, el mismo incumple con los permisos básicos requeridos, según el expediente.
El 13 de noviembre del 2020 el Tribunal Supremo determinó no ha lugar a una petición de certiorari presentada por el señor José Santos a través de sus abogados, Leonor Porrata Doria y Luis Morell en un caso de revisión número KLRA201900789, que se radicó originalmente ante el OGPE contra Vargas y el ingeniero José de Centeno Calero con el permiso de construcción el 2020 04 05.
Se alegaba que la construcción violó el plan de manejo de área de planificación del suroeste para el sector de La Parguera, así como la ley de certificación de planos o proyectos, y la ley de turismo. Por estar ubicada en un área turística, la OGPE debía requerir recomendaciones y endosos de la Compañía de Turismo, ya que es zona de interés turístico, pero tampoco lo hizo.
El pleito evidencia un sinnúmero de errores de derecho desde la planificación y la ejecución del caso ante la OGPE, violando toda la política pública establecida. Como decía en la apelación, «no hay disposición alguna en la ley de planificación ni en su reglamento ni jurisprudencia creada por este foro (el Tribunal Supremo) que dispense o exonere y o exima a las partes de cumplir con la normativa aplicable”.
El proyecto requería la inyección subterránea al suelo, pues en el área no existe alcantarillado sanitario, pero ellos construyeron un pozo séptico que no cualifica con la resolución 11 – 7 de exclusión categórica de la Junta de Calidad Ambiental.
Además, por estar ubicada en una zona especial en La Parguera, se requiere recomendaciones de Recursos Naturales y estas no se aplicaron. Por otra parte, el plan de manejo reconoce que no hay terrenos para expandir el núcleo residencial en La Parguera y que, ante esto, el DRNA exige la reforestación del área urbanizada con especies nativas o endémicas adecuadas en las franjas verdes de las aceras y áreas vecinales. Nada de eso se hizo en el proyecto, según los documentos.
Como si eso fuera poco, el proyecto no contaba con una evaluación de impacto ambiental, y el reglamento establece que esto solo se supone sea motivo suficiente para que la OGPE hubiera denegado el permiso, pero lo concedieron.
De los documentos se desprende también que la construcción se hizo sin permiso, sin seguir todos los reglamentos de ley de construcción, que la Junta de Planificación violó el reglamento al no exigir todos los planos. El proponente además certificó que el proyecto no tendría variaciones lo cual fue falso.
Un informe que sometió el perito Juan Vázquez Muñoz el 1 de octubre del 2019 reveló y confirmó que no se cumplen con los parámetros reglamentarios en un caso que “el diseño de la obra tiene más apariencia de hospedería que de casa de apartamentos que la construcción se realizó en violación a los parámetros de construcción del reglamento conjunto que se supone que dejan mínimo de 3 metros de distancia entre un patio y otro”.
“Yo hablo de las propiedades de las que yo sea dueña. Yo no soy dueña de ninguna propiedad en La Parguera. No tengo título, ni soy dueña de esa propiedad. No voy a hablar de propiedades que no son mías”, sostuvo González en la conferencia de prensa del pasado viernes,19 de mayo, cuando se le cuestionaba por otras propiedades en la zona.
La secretaria del DRNA, Anais Rodríguez, indicó la semana pasada que el corte de mangle es ilegal y que pudiera tener como consecuencias “multas, mitigación y violaciones a leyes federales”.
