Fe de errata:
El Proyecto del Senado 87, fue radicado por el senador Larry Seilharmer y no por el senador Miguel Romero. La medida fue considerada por la Comisión de Gobierno que presidía el senador Romero, quien emitió un informe favorable. La medida se aprobó en el Senado en enero de este año y la Cámara lo avaló el 10 de octubre.
Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
A lo sucusumucu y sin hacer ruido, mientras los medios de comunicación prestaban atención al nuevo Código Electoral y a las contrataciones del gobierno, la mayoría novoprogresista en la Cámara y el Senado aprobaron imponer un cargo de $5 a todas las certificaciones de deuda que hoy se obtienen gratuitamente y crear toda una nueva estructura gubernamental y tecnológica a un costo multimillonario de fondos públicos para canalizar la venta de las certificaciones a través de la internet.
El nuevo organismo público sería el encargado de administrar la Certificación Única de Deuda a través de la cual se acreditaría “en un mismo escrito” el cumplimiento con el Departamento de Hacienda, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), que tiene a cargo el Centro Médico de Río Piedras.
A su vez, el proyecto indica que los solicitantes “podrán pagar cualquier cargo, sello o impuesto que se necesario para emitir las certificaciones de deuda individuales que formarán parte de la Certificación Única de Deuda, a tenor con la reglamentación aplicable, y el pago de un cargo adicional por servicio de hasta cinco dólares ($5.00) de ser este cargo necesario para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del programa”.
Actualmente algunas de estas agencias proveen hasta tres certificaciones distintas a los ciudadanos y a las empresas que los solicitan y la mayoría de ellas se pueden obtener gratuitamente con excepción de la certificación de deuda del CRIM, que impone un cargo de $5.00 por imprimir el sello de la entidad en el documento.
El Proyecto del Senado 87, que fue radicado por el senador Miguel Romero y que enmienda la Ley 85 del 2009 conocida como Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos, no indica la cantidad de ingresos que podría obtener el gobierno a través del nuevo cargo de $5.00, a pesar de que se conoce la cantidad de certificaciones que emiten cada año las cinco agencias incluidas en la medida.
Una fuente conocedora del trámite sostuvo que en conjunto las cinco agencias podrían emitir entre 350,000 y 400,000 certificaciones mensuales, por lo que el ingreso promedio podría oscilar entre $21 y $24 millones anuales.
Incluso, el ingreso podría ser mayor debido a que la medida dispone que además del nuevo cargo de $5, pueden continuar vigentes los cargos que algunas agencias cobran por emitir una certificación de deuda, como es el caso del CRIM. El proyecto también aclara que los ciudadanos que deseen tramitar sus certificados en las agencias y no en la nueva entidad, lo podrán hacer pero deberán pagar el cargo de $5. Los certificados tendrán una vigencia de 30 días.
El Proyecto 87 se aprobó en el Senado en enero de este año y la Cámara lo avaló el 10 de octubre. El día 29 de octubre los presidentes de la Cámara y del Senado, Carlos Méndez y Tomás Rivera Schatz, lo firmaron y luego fue enviado a la Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez. Pero el 7 de noviembre el Senado solicitó la devolución de la medida, tras lo cual el día 14 la Fortaleza la devolvió.
Ese día se le hicieron dos enmiendas en el Senado que fueron respaldadas por la mayoría del PNP y por los senadores presentes de las minorías del PPD y PIP. La primera enmienda fue para indicar que el cargo de $5 podría cambiar “según se disponga por reglamento”.
La segunda enmienda modificó la fecha dispuesta para comenzar la vigencia de la medida que originalmente se estableció el 1 de julio del 2020, pero con la enmienda se acordó iniciar la vigencia el 1 de julio del 2021, es decir, después del periodo eleccionario que tendrá lugar el 3 de noviembre del 2020. La enmienda al Proyecto 87 sería evaluada por la Cámara de Representantes en enero del próximo año cuando comienza la próxima sesión legislativa.
Si la medida es aprobada en ese cuerpo estará lista para la firma de la Primera Ejecutiva.
El único senador que votó en contra de las enmiendas lo fue el popular Miguel Pereira, quien señaló que su voto obedeció a que “tengo la costumbre de votar en contra de lo que no he podido analizar con detenimiento, que no se medió la oportunidad de evaluar como es debido… porque no entiendo cuál será el efecto de esas enmiendas”.
Ni el senador Romero ni el representante Georgie Navarro, quien preside la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que suscribió la medida como llegó del Senado, no respondieron a la solicitud de este periodista para una entrevista.
El senador Carlos Rodríguez Mateo, quien preside la Comisión de Gobierno del Senado, dijo que desconocía el contenido de las enmiendas a pesar de que votó a favor de ellas según un listado de la votación provisto por la Oficina de Servicios Legislativos.
“No sé qué decían las enmiendas. Déjame averiguar y te llamo”, indicó el senador. Rodríguez Mateo preside la Comisión de Gobierno desde marzo de este año, cuando el senador Romero fue destituido de la posición por Rivera Schatz, luego de que decidiera no avalar con su voto una medida que limitaba el aborto y que fue vetada por el hoy ex gobernador Ricardo Rosselló.
Entre los clientes de la nueva entidad que administraría el servicio de la Certificación Única de Deuda figuran los miles de ciudadanos que diariamente necesitan de un certificado de deuda de Hacienda, ASUME o del CRIM para cumplir con la documentación que requiere competir por un empleo, tanto en el sector público como en el privado; o para obtener permisos para negocios y licencias.
También se exigen certificaciones al momento de renovar determinados permisos y licencias. Necesitan diversos certificados además las miles de empresas que suplen servicios y productos al gobierno, las aseguradoras que desean participar en el plan de salud pública, según lo dispone la Ley 65 del 2013, y las personas que buscan conservar su vivienda por medio de un acuerdo con los bancos para reducir el monto mensual de su hipoteca.
Además, todas las contrataciones de servicios profesionales o de asesoría del gobierno y sus dependencias por más de $16,000 anuales, están obligadas por la ley 237 del 2004 a incluir numerosas certificaciones como parte de los requisitos de cumplimiento.
La medida no menciona el costo que tendrá crear una nueva plataforma computadorizada que integre los servicios cibernéticos de certificación de las cinco agencias y del sistema de almacenamiento de datos para poder proveer el servicio. Además no indica el costo del sistema digital para pagar el cargo de $5 o por los sellos adicionales que sean necesarios.
Tampoco indica si se establecerán localidades para ofrecer el servicio a los ciudadanos que no posean mecanismos para el pago electrónico y cuánto podría costar el alquiler de esas nuevas localidades. Otra información importante que no se menciona es un estimado del valor del equipo que se deberá adquirir y la inversión por concepto de nómina, pues se deberá reclutar personal nuevo y adiestrarlo.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya había alertado en una ponencia que la aprobación del proyecto “pudiera requerir una inversión sustancial de fondos a ser destinados a recursos humanos, equipo, licenciamiento y almacenamiento de data”. OGP estimó la inversión pública en esos cuatro renglones en $1 millón pero no mencionó nada sobre el costo por extender el servicio a los ciudadanos sin herramientas para hacer pagos electrónicos.
De hecho, OGP había mencionado que en su ponencia que los ciudadanos pueden obtener sin costo alguno los certificados que proveen las cinco agencias a través del portal cibernético del gobierno www.pr.gov.
La medida explica que el Principal Ejecutivo de Información junto a OGP y las cinco agencias redactarán el reglamento de la ley, armarán el andamiaje técnico para establecer la Certificación Única de Deuda e identificarán el presupuesto necesario para ofrecer el servicio.
