Por Sandra Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan – Ayer domingo finalmente colgaron las icónicas letras “ESJ” del legendario edificio que ubica en el corazón de la zona turística en Isla Verde, pero el evento fue mucho más que eso. Para los residentes de ese edificio representó una victoria, parcial, pero importante, contra la impunidad gubernamental con la que operaba el empresario de la Ley 60, Keith St. Clair.
Por los pasados cinco años los residentes y titulares de ese edificio han estado luchando contra las acciones de quien decía ser un magnate británico, que había prometido construir hoteles y un estudio de cine, gozaba decretos contributivos y del total respaldo de las administraciones de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, pero no cumplió nada. Se fue a quiebra.
“Esto es importante y simbólico para nosotros porque es una lucha de más de 5 años”, dijo la presidenta actual de la Junta de Titulares, Shana Cohen.
St. Clair llegó para adquirir el edificio hace cinco años y rápidamente empezaron los problemas e irregularidades con los vecinos. No sólo rompió parte de la propiedad, sino que usó las instalaciones de ESJ para dar acceso a otros edificios aledaños que estaba construyendo, rompió el muro de protección de la comunidad para permitir el tráfico del condo-hotel Jade, cerró las áreas comunes y dejó a los vecinos con una deuda que no pagó de más de $5 millones por concepto de cuotas de mantenimiento.
“Él cogió todos los muebles, las propiedades y hasta esas letras ESJ, las quitó y las tiró en un vertedero clandestino en Canóvanas que resultó ser parte de los terrenos del hipódromo Camarero. Del hipódromo nos llamaron y pudimos ir a rescatar las letras, que son las que pusimos ayer, pero este señor estuvo violando consistentemente la ley”, agregó Cohen.
Ese evento sucedió hace un tiempo y Cohen explicó que cuando St. Clair supo que no era un vertedero clandestino donde tiró la basura, sino parte del hipódromo, fue a recoger los desperdicios.
“Nosotros llevamos una lucha grande que ha costado mucho dinero porque ese señor operaba con absoluta impunidad”, se quejó la portavoz comunitaria. “Lo primero que hizo cuando vino fue quitar las letras de ESJ y poner su nombre como si el edificio fuera suyo, y el Gobierno se lo permitió”.
Se refería tanto a los gobiernos municipales como el estatal. Dijo que los vecinos fueron a la Oficina de Permisos del Municipio de Carolina, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), y al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), sin éxito. Tuvieron que acudir a los tribunales, radicaron varias demandas contra St. Clair.
“Este señor se enriqueció injustamente a costa de nosotros. Vino de destruir todo porque tenía el respaldo del Gobierno, entonces se declaró en quiebra”, dijo Cohen.
En agosto pasado ¡Ey! Boricua publicó que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, investigó a los beneficiados de la Ley 22 (ahora Ley 60) entre estos, a St. Clair. Sobre esta nueva acción de la comunidad, la representante dijo ayer que se tiene que detener la impunidad de los empresarios extranjeros.
“Estas son las cosas que se tienen que investigar y que todavía el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre no rinde cuenta”, dijo ayer Nogales Molinelli. Recordó que cuando ella investigó a estos empresarios, muchos no cualificaban para los beneficios contributivos que les otorgó el Gobierno.
Coincidiendo con investigaciones sobre lavado de dinero, el año pasado Cidre había revocado 311 decretos de la Ley 22 (Individuo Residente Inversionista) y además ha enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la Ley 20 (Exportación de Servicios), por incumplimiento con la radicación de Informes Anuales. Esos beneficios, que ahora están bajo el Código de Incentivos (Ley 60), son otorgados y monitoreados por la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
St. Clair recibió beneficios contributivos para desarrollar el antiguo hotel Empress en Isla verde, para hacer unos estudios de cine en el Distrito de Convenciones (donde supuestamente Netflix sería el inquilino principal) y para hacer un resort en Vieques en una propiedad que la Administración de Terrenos le alquiló por casi 70 años y que crearía cientos de empleos. Esto no se desarrolló y ahora va a ser un proyecto de ‘glamping’.
“Para nosotros lo que hizo era un peligro a la seguridad y la vida de los residentes de los 450 apartamentos que hay. Además, era un “liability”, un riesgo”, dijo Cohen. “Pero nadie quiso tocarlo, nadie quiso investigarlo para detener todo el daño que nos hizo”.
